Ahora, Marcos Peña reniega de acuerdos con Córdoba

El próximo domingo es posible que Cambiemos tenga una buena noticia: Eduardo “Gato” Romero podría retener la intendencia de Villa Allende.

Por Pablo Esteban Dávila

El próximo domingo es posible que Cambiemos tenga una buena noticia: Eduardo “Gato” Romero podría retener la intendencia de Villa Allende. Es, en rigor, una alegría módica, pero toda gota moja, especialmente cuando el oficialismo transita un auténtico desierto electoral.
Romero no es cualquier intendente. Es un deportista famoso, un atributo que lo emparenta con Héctor “la coneja” Baldassi o Carlos Mac Allister y de estricta hechura PRO, esto es, un producto típicamente macrista. Esto hace que su eventual triunfo tenga un condimento especial, único.
Pedro Dellarossa, por ejemplo, no tiene esta aura simbólica. Pese a haber sido, en 2015, el “símbolo del cambio” con su triunfo en Marcos Juárez, el hombre proviene, si se quiere, de la política tradicional. Es hijo de Henry, un mítico intendente de origen vecinalista que gobernó aquella ciudad durante 25 años, y fue incorporado a Cambiemos merced a frenéticas gestiones de los capitanes del PRO cordobés. Es muy distinto al caso de su colega de Villa Allende.
Es por esta razón que Romero puede devolver parte del optimismo perdido a una coalición que no para de acumular malas noticias y que, en Córdoba, viene de protagonizar un sonoro divorcio. Aunque es seguro que tanto Mario Negri como Ramón Mestre sostendrán que sus votos drenarán finalmente en sus canastas, los más interesados sobre lo que termine ocurriendo con el golfista son, llamativamente, los operadores nacionales de Cambiemos.
Resulta fácil deducir el porqué. La primera razón es, como se dijo, exhibir la resiliencia de un candidato cortado a medida de los deseos presidenciales; la segunda, la necesidad de mostrar fortaleza electoral en un contexto que le viene siendo adverso; por último, la urgencia de tirarle una soga al propio Negri ante la sospecha de que Mestre puede terminar como escolta de Juan Schiaretti el próximo 12 de mayo. Huelga decir que el diputado nacional es el favorito de la Casa Rosada.
Algo de esto fue posible advertir en el informe del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados el pasado miércoles. Peña dedicó numerosos párrafos de su discurso a la provincia de Córdoba. Básicamente, dijo que sus finanzas no están tan bien como sostiene el Centro Cívico (aventuró que la jurisdicción cerró el 2018 con un 7% de déficit) y que el impresionante despliegue de obra pública que realiza el gobernador es posible merced a los aportes de la Nación. En pocas palabras, que Schiaretti puede aspirar a su reelección gracias al presidente Macri.
El guion de Peña será tomado como el libreto fundacional de Córdoba Cambia, hasta ahora, sin demasiadas guías programáticas que desgranar frente al electorado. Siempre es tentador justificar el éxito del adversario por la munificencia presidencial, especialmente cuando Macri funge como el valedor de la fórmula Negri – Baldassi.
Claro que la filípica del jefe de Gabinete debe ser verificada porque, de lo contrario, terminará en el distrito de la posverdad, un territorio típicamente kirchnerista. En este sentido, resulta interesante contrastarla con lo afirmado por el ministro de hacienda de Córdoba.
Osvaldo Giordano fue directo al punto, apenas un par de horas después de los asegurado ante Diputados. No solo negó que la provincia tuviera déficit (afirmó que, por el contrario, el superávit fue del 20%), sino que lamentó que un funcionario de la talla de Peña “se maneje con semejante nivel de desinformación”.
El razonamiento es sencillo: el jefe de Gabinete atribuyó a la prodigalidad de la Casa Rosada transferencias que, en rigor, se corresponden con el régimen de coparticipación federal de impuestos. Reputar estos recursos como sujetos a la bonhomía (o a la perversidad) del presidente de turno es desconocer la ley. Ni siquiera los Kirchner se atrevieron a alegar cosa semejante.
Además, tampoco es correcto atribuir al gobierno nacional el incremento en los recursos de coparticipación que tuvo la provincia desde 2015 en adelante. Al margen de la inflación, Córdoba ganó un recordado juicio ante la Nación por los fondos del impuesto a las ganancias que el gobierno federal continuaba reteniendo a favor del ANSES a pesar de que el sistema jubilatorio había sido estatizado en 2008. Macri debió cumplir una sentencia de la Corte Suprema, más allá de su buena relación con Schiaretti.
Tampoco es correcto enrostrar fondos o recursos logrados a través de negociaciones. La Nación requirió en diferentes oportunidades el concurso de la provincia para sacar adelante proyectos que juzgaba imprescindibles. A cambio de tales apoyos, el Centro Cívico consiguió promesas de obras (algunas todavía incumplidas) y garantías para tomar créditos internacionales. Estas no fueron dádivas, al estilo de los famosos Aportes del Tesoro Nacional, sino compromisos libremente asumidos por las partes, juzgando racionalmente los beneficios que se obtendrían y los costos que habrían de pagar por ellos.
Nunca se debe olvidar que la negociación es propia de la política democrática. Los autócratas, los totalitarios, no negocian; no les hace falta. Pero esta no es la realidad de los que gobiernan sistemas políticos republicanos, forzados, las más de las veces, a mantener conversaciones con la oposición, los sindicatos, los grupos de poder o, aun, con sus propios aliados. Basta repasar la reunión que el gobierno tuvo que mantener ayer con la cúpula del radicalismo para comprender adecuadamente este hecho.
Ni Peña ni nadie debería pavonearse de hacer acuerdos políticos con beneficios económicos colaterales. No sólo porque estos forman parte de la mejor tradición de la política sino porque, como en cualquier entendimiento, se necesitan dos partes predispuestas a pactar de buena fe. Esto significa que, a posteriori, no pueden reclamarse intenciones benefactoras que no fueron puestas previamente en la mesa, ni postularse como buenos samaritanos cuando la otra parte jamás supo que el asunto se trataba de una limosna.
Quizá el jefe de gabinete haya sido traicionado por la visión gerencial que Cambiemos tiene de la realidad, la misma que provocó la ruptura de la coalición en la provincia. No hay mucha diferencia entre sostener que la Nación financia graciosamente a la provincia mediante la coparticipación y creer que Mestre le debe toda su existencia política al presidente y que, por ello, debe aceptar los ucases de su entorno sin protestar. Las cosas no funcionan así, y tampoco cambiarán porque el Gato Romero devuelva una trémula sonrisa a los preocupados estrategas de la coalición.



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