Ingresos Brutos volvió al centro de la discusión

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (integrada por todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) aprobó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (Sirtac), un mecanismo para cobrar por anticipado con un solo aplicativo y en un solo pago, ese impuesto. Hay reclamos de Came y defensa de las provincias.

Otra vez Ingresos Brutos, el impuesto que cobran las provincias y que está en el centro del escenario desde los tiempos de discusión del consenso fiscal, están en debate. La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (integrada por todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) aprobó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (Sirtac), un mecanismo para cobrar por anticipado con un solo aplicativo y en un solo pago, ese impuesto a través de las ventas que realizan los comercios y empresas con tarjetas de débito y crédito o de sistemas como Pay Pal.
El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial y ahora las diferentes jurisdicciones podrán adherir o no. Córdoba lo hará, mientras que Caba adelantó que no se sumará. Heber Farfán, secretario de Ingresos Públicos provincial indicó que no “hay ningún aumento de nada; las excepciones de operaciones continúa igual. Las tarjetas que tengan excepciones especiales por 12 cuotas se mantendrán. No afecta más que en simplificarle el trabajo a las administradoras de tarjetas. Para comercios, para consumidores y para los fiscos el cambio no afecta ni en presión tributaria ni en recaudación”.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salieron a rechazar el sistema y les reclamaron a los gobernadores que “desistan de la voracidad recaudatoria que está poniendo en jaque al sistema productivo”. En un comunicado plantearon que el nuevo mecanismo anticipado de cobro de Ingresos Brutos a las transacciones con tarjetas es “un nuevo golpe a las pymes que ya no pueden resistir la presión”.
Señalaron que, después de la expectativa del pacto fiscal y la adhesión de las provincias a la Ley Pyme para asegurar estabilidad, “la presión de los gobiernos provinciales se volvió insostenible”. A entender de la cámara, el Sirtac “va en sentido opuesto a los esfuerzos de estimular el uso de medios de pago electrónicos” y enfatizaron que “esta nueva e insostenible asfixia sobre las pequeñas y medianas empresas se da en un contexto de caída consecutiva de ventas de 14 meses”.
“En vez de oxigenar a las pymes, que son las que soportan la terrible presión fiscal, los aumentos de tarifas también incluyen extraordinarios ingresos para los gobiernos locales, ya que las boletas de luz y gas tienen incluidos Ingresos Brutos y hay provincias que suman hasta ocho gravámenes extras como contribución municipal, tasa de Alumbrado Público (que curiosamente también se cobra en el Impuesto Inmobiliario), fondos solidarios especiales, cuotas de bomberos voluntarios y hasta gastos de sepelio, entre otros”, agrega el comunicado.
Desde la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral rechazaron esas críticas y plantearon que el nuevo formato no hace más que “simplificar y unificar” los pagos y que actuaron a pedido de las empresas de plásticos que pedían un “ordenamiento”. Hoy todas las provincias -salvo Chubut- tienen regímenes diferentes de retención de operaciones en tarjetas; el Sirtac debería reemplazar gran parte de esos esquemas.
Came admitió que el sistema no implica, en la práctica, la creación de un nuevo régimen anticipado, pero sostuvo que la unificación “sólo puede ser positivo para los contribuyentes multi jurisdiccionales” en tanto la implementación “no genere incrementos encubiertos de presión tributaria”. También preocupa que en el anexo de la resolución de creación del Sirtac se habilita un abanico de alícuotas que puede oscilar entre el 0,01% y el 5%; puede darse el caso de que haya provincias que no adhieran y pretendan seguir aplicando unilateralmente sus regímenes.
El pacto fiscal firmado en 2017 comprometió a las provincias a bajar paulatinamente Ingresos Brutos hasta quedar reemplazado por un impuesto a las ventas. El cronograma arrancó en 2018 y llega a 2022; pero el año pasado muchas jurisdicciones subieron las alícuotas porque eran inferiores a las establecidas en el acuerdo.



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