Respetar reglas y excluir ideologías, premisas de apertura del año judicial

El discurso del presidente de la Corte fue un llamado de atención a sus colegas. "Toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere entonces que revirtamos esta percepción”, disparó.

Durante su primer acto de apertura del año judicial como presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz dio un discurso fundamentalmente dirigido a los funcionarios que tienen la misión de impartir Justicia.
La disertación duró poco más de 20 minutos y se distinguió de la que brindó en 2018 el ex titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, tanto por su brevedad como por su contenido autocrítico.
El año pasado, Lorenzetti habló una hora. Tocó temas de agenda judicial, como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y los procesos de reforma de varias leyes. También se refirió a los otros poderes del Estado, convocándolos a trabajar en conjunto y, así, reclamando cierta influencia en la toma de decisiones.
Rosenkrantz optó por otro enfoque. Reconoció que la credibilidad del Judicial está en tela de juicio y se centró en su desempeño y en el de sus integrantes.
No apuntó a casos concretos y evitó manifestarse sobre opiniones o políticas, pero en plena puja generada por las derivaciones de la causa “cuadernos” lanzó una frase que no pasó desapercibida. “Lo que importa -y lo que debe importar- no es meramente el resultado de la decisión -esto es, quién gana y quién pierde, si gana el gobierno o la oposición, si gana la izquierda o la derecha, si gana el actor o el demandado-. Lo que importa es que el resultado de un pleito venga determinado por las razones jurídicas que lo justifican”, dijo.
Sobre la desconfianza en el Poder Judicial, que definió como una “crisis de legitimidad”, opinó que los magistrados están a tiempo de revertirla si respetan «puntillosamente» las reglas, para que quede claro que no sirven a intereses ajenos al derecho.
“Debemos esforzarnos en mostrar que somos puntillosamente respetuosos de las reglas que el pueblo de la nación fijó para resolver los conflictos que nos toca adjudicar y que respetamos únicamente esas reglas”, argumentó el ministro.
«Ser jueces no es un privilegio», disparó, y le recordó a sus sus colegas que ocupan sus cargos “para servir a la ciudadanía».
Bajo esa premisa, destacó que las decisiones deben estar estructuradas por principios y que éstos deben aplicarse “aunque el resultado sea impopular o antipático».
Paralelamente, pidió que el esfuerzo en pos de mejorar la imagen de la Justicia sea colectivo y exigió «una línea de continuidad» en la labor de los magistrados, al estimar que cualquier claudicación en lo que calificó como «un camino largo» servirá a que se diga que «en los jueces no se puede confiar».
«Para ser coherentes se paga un precio alto», alertó.
En otro tramo de su alocución, sostuvo que la confianza se puede recuperar si se dejan de lado “estridencias y personalismos”, una declaración que seguramente impactó en el ánimo de su antecesor y némesis, Lorenzetti, y en el de muchos jueces y camaristas federales que comandan la marcha de expedientes por corrupción resonantes.
«Para servir a nuestra comunidad no debemos buscar el poder”, profundizó.

Refractarios
El titular de la Máxima Instancia hizo hincapié en la necesidad de que haya previsibilidad “en el sentido de los fallos” y en que los magistrados sean «refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho».
Rosenkrantz bajó el tono moralizador de su exposición al manifestar que tiene la “convicción profunda» de que la enorme mayoría de los jueces “trabaja con ahínco y quiere estar a la altura de sus responsabilidades».
Paralelamente, subrayó que «la magistratura debe poder evaluarse» y anunció que en poco tiempo se podrá examinar la productividad en términos cuantitativos y, en base a información empírica, “hacer comparaciones” con los parámetros que se deseen.
“Nuestro comportamiento, tanto jurisdiccional como administrativo, debe poder evaluarse públicamente mediante estándares objetivos. No solo debemos permitir que la ciudadanía y la sociedad civil escudriñen lo que hacemos a voluntad, sino que debemos mostrar que lo que hacemos se conforma con reglas claras establecidas de antemano”, agregó.

 



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