Inédito control PJ de las demandas gremiales

Por Felipe Osman

Nadie desconoce que el gobernador Juan Schiaretti es dueño de un perfil de gestión muy diferente al de su predecesor y mayor socio político, el ex gobernador José Manuel de la Sota. Mientras el actual mandatario provincial aparece como un administrador sesudo, siempre atento al gerenciamiento de la res pública hasta sus más mínimos detalles, el difunto artífice de Unión por Córdoba delegaba y sobrevolaba –con solvencia- los asuntos de gestión, pero permaneciendo más atento al mantenimiento de una relación de mayor cotidianeidad con algunos actores políticos como, por ejemplo, los referentes gremiales. Aún sosteniendo estas diferencias, debe decirse, Schiaretti ha logrado en el plano gremial una gestión eficiente, en la que no ha esquivado enfrentamientos con sindicatos de peso -como el de Luz y Fuerza-, logrando cambios significativos y administrando tensiones durante negociaciones (y renegociaciones) paritarias. Desglosemos, para mejor entender, las relaciones de El Panal con los principales sindicatos públicos. Schiaretti ha logrado conservar para el Centro Cívico las buenas relaciones que De la Sota forjó con José “Pepe” Pihen, secretario general del SEP y titular de la CGT Regional Córdoba. El líder de los empleados públicos ocupa además una banca legislativa que espera conservar en la lista que el PJ dará a conocer el próximo sábado, y representa al principal brazo gremial del peronismo cordobés. Como ofrenda para sellar la paz con el gremio capitaneado por Pihen, Schiaretti firmó en diciembre el pase a planta de 4.800 contratados, y logró que el SEP aceptara una propuesta paritaria que sería luego rechazada por la UEPC. Con el gremio docente, que cuenta a casi 80.000 educadores entre sus filas, El Panal no logró cerrar un acuerdo anticipado, y la UEPC terminó pegando la negociación con el comienzo de clases. La primera propuesta del Centro Cívico ofrecía un aumento del 5 por ciento en febrero y reajuste por cláusula gatillo para el resto del año, aunque esta recomposición quedaría condicionada a la evolución de la recaudación provincial desde julio. A esto se sumaba el pago de un monto fijo de 1.000 pesos durante 12 meses, como compensación por el poder adquisitivo perdido por el gremio durante 2018, año en que el reajuste salarial del 36 por ciento recibido quedó 11 puntos atrás de la inflación. Pero los docentes rechazaron la primera oferta de la Provincia y decidieron ir a un paro por 72 horas. La medida de fuerza, que contó con un buen margen de adhesión durante la primera jornada, fue diluyéndose como resultado de una estrategia tan sencilla como efectiva aplicada a rajatabla por el Centro Cívico: los descuentos por día de paro. El oficialismo sabe que -aplicando religiosamente los descuentos- el gremio docente no logra sostener la adhesión de sus representados a las medidas de fuerza y, además, gerencia una relación de afinidad con la lista Celeste y Blanca que controla el sindicato. Tal es así que el rechazo al primer ofrecimiento fue motorizado por la oposición al oficialismo de UEPC, y sus principales artífices fueron las agrupaciones que integran la lista Pluricolor. La segunda propuesta mejoró los números de la primera, pero sin hacer caso a las principales objeciones de UEPC. Aún así, desgastados, los docentes terminaron aceptando la oferta. Las mociones de aceptación superaron a las de rechazo en el interior, donde el oficialismo gremial es más fuerte. Finalmente, el enfrentamiento más crudo –en el plano gremialse dio entre la Provincia y el sindicato de Luz y Fuerza. Tras casi un año de discusiones, el balance favorece largamente al Centro Cívico, que no sólo ha logrado arrancar a Luz y Fuerza beneficios inexplicables otorgados por un convenio colectivo que data de 1975, sino que también ha conseguido recuperar para el directorio de Epec el gobierno de la empresa estatal que hace tiempo había copado el gremio dirigido por Gabriel Suárez. Entre la suma de victorias parciales del gobierno puede contarse la tercerización de las mediciones de consumo, que antes eran bloqueadas por el sindicato impidiendo a la empresa facturar para seguir prestando una actividad que resulta claramente esencial, se puso fin a un régimen por el cual los cargos en Epec se convertían –prácticamente- en puesto hereditarios a los que sólo podían acceder familiares de los empleados, se puso en marcha un régimen de pasividad anticipada y en funcionamiento una Ley de Servicios Esenciales que disminuye el impacto de las medidas de fuerza en relación a un servicio de primera necesidad, como es la energía eléctrica, y un largo etcétera. Aún así, a semanas de las elecciones provinciales, los frentes gremiales del oficialismo parecen conjurados. Las paritarias con el SEP y la UEPC están firmadas y el sindicato de Luz y Fuerza vive una extraña paz: saben que la Provincia ha avanzado sobre muchos de sus privilegios, pero aún así no intentan presionar al gobierno durante el tiempo previo a los comicios. Cabe ensayar –ya en el terreno de las especulaciones- alguna explicación a esta pasividad: es probable que el sindicato, que veía antes en los momentos previos a los comicios una oportunidad para presionar, imaginando una debilidad circunstancial de Schiaretti, entienda ahora que tras la ruptura de Cambiemos el PJ se encuentra mucho más fuerte de lo que el mismo esperaba. El actual mandatario provincial ha inaugurado así, durante su gestión, un inédito control de las demandas gremiales, propio de la impronta que él mismo ha impreso sobre el justicialismo cordobés.



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