Pablo Esteban Dávila

Debido a que los Tribunales Federales suelen diferir los fundamentos de sus sentencias, habrá que esperar hasta el próximo 3 de mayo para conocer las razones de porqué los jueces Jorge Gorini, Néstor Guillermo Costabel y Karina Perilli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) absolvieron a Carlos Saúl Menem del delito de encubrimiento en el marco de la causa AMIA. No obstante, ensayaremos algunas hipótesis.
En 2003, la exsecretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con la colaboración del FBI, el Mossad (servicio secreto israelí) y otros servicios europeos elaboró un informe que establecía que un militante de la organización terrorista Hezbollah había sido el atacante que se inmoló al detonar una Traffic llena de explosivos contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (luego se supo que se trataba del libanés Ibrahim Hussein Berro). Ese mismo reporte señalaba la responsabilidad de funcionarios iraníes destacados en la embajada de Irán en Buenos Aires por brindar asistencia logística para que Berro pudiera llevar adelante su misión suicida que, como se recordará, dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos. El fallecido fiscal Alberto Nismann hizo suyo aquel dossier y lo transformó en la base de las investigaciones posteriores.
En 2006, el Estado argentino acusó formalmente a Irán de instigar el atentado y, desde entonces, todo el accionar de la justicia y de la política exterior del país estuvo orientado a requerir la detención de ocho diplomáticos persas por medio de la Interpol. Esta es una historia conocida que, hasta ahora, no ha deparado resultados concretos, en buena medida porque los sospechosos han sido invariablemente protegidos por el régimen teocrático de los Ayatolás.
Antes de la confirmación de lo que ya muchos expertos sospechaban, la investigación a manos del destituido juez federal Juan Galeano avanzó con mucho desconcierto y buena dosis de irresponsabilidad. Entre las numerosas (y, en algunos casos, afiebradas) hipótesis que se persiguieron en el expediente surgió la llamada “pista siria” que, básicamente, sugería que la voladura había sido una venganza originada por un incumplimiento del entonces presidente Menem de acuerdos con Siria sobre tecnología nuclear y misiles a raíz de presiones de los Estados Unidos. En esta línea, el riojano habría ordenado que se dejara de investigar la posible participación de Alberto Kanoore Edul, un ciudadano argentino de orígenes sirios y que ciertas pesquisas lo mencionaban con algún grado de participación en el atentado.
Para dictar la absolución de Menem el Tribunal, seguramente, haya valorado que difícilmente podría encubrirse a alguien que no tuvo nada que ocultar, o que la “pista siria” haya devenido en una especulación vacía luego de que se conociera el informe comentado. Es claro que tanto Hezbollah como la República Islámica de Irán son los verdaderos responsables de este crimen.
Si esta fuese, al fin y al cabo, la conclusión de la justicia cabría preguntarse porqué se demoró tanto tiempo en hacerlo. Han transcurrido más de 24 años desde el atentado y al menos dieciséis desde que el reporte de la ex SIDE tomó estado público. A raíz, precisamente, de estas revelaciones, la Argentina reclama a Irán desde hace trece años que entregue a sus nacionales sospechados para ser juzgados en el país, en tanto que la denominada “conexión local” fue descartada totalmente por el Tribunal Oral Federal N° 3 en 2004. Vale decir que, tomando a 2003 como la fecha en que se adquirió plena certeza sobre la autoría del hecho, todo el tiempo transcurrido después estuvo de más, al menos en lo que ha Menem respecta.
Por un designio de la biología, el actual senador pudo presenciar personalmente la sentencia y sentir que, al menos en esta causa, recibió justicia. Pero bien podría no haber sucedido tal cosa. Es que casi veinte años es mucho tiempo para un ser humano, sea culpable o inocente, especialmente en un tema en el que la verdad se encontraba, literalmente, al alcance de la mano.
Fue este el argumento, el de la duración no razonable del proceso, el utilizado por la Cámara de Casación Penal para absolver al expresidente en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. En los fundamentos de la sentencia, los jueces se preguntaron si realmente era tan complejo substanciar un juicio sobre contrabando como para prolongar durante 23 años una decisión (la investigación había iniciado en 1995). Es una interpelación a la propia justicia sobre sus metodologías y, también, sobre los temores en tomar el toro por las astas y decir que “fulano de tal es inocente” aunque se encuentre en los sótanos de la opinión pública.
¿Porqué tanta extensión en procesos que podrían durar mucho menos? Es una mezcla de corrupción, distorsiones estructurales e incapacidad de los jueces de cortar por lo sano con los callejones sin salida. Los fallos se demoran por negociaciones non sanctas, por interminables sistemas de recursos y apelaciones y, también y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, por el temor a sobreseer a notorios políticos con mala fama cuando la inexistencia de pruebas para continuar con la acusación resulta abrumadora.
Hay algunas excepciones que deberían ser imitadas. La justicia provincial, por caso, falló en un plazo razonable sobre la causa que se le había abierto a Eduardo César Angeloz por enriquecimiento ilícito. Desde la recordada denuncia del abogado Marcelo Touriño en 1996 hasta el fallo de la Cámara Séptima del Crimen transcurrieron “sólo” dos años. El exgobernador pudo terminar su mandato de senador nacional con la tranquilidad de haber tenido un juicio justo en plazos razonables. El resto será motivo de la historia, como sucede con todos los hombres públicos.
En definitiva, la absolución de Menem en la causa AMIA podría haber llegado antes y es, de forma muy concreta, una confesión de la inoperancia de la justicia federal, así como el grado de permeabilidad de los jueces por dilatar procesos y fallos que, con las evidencias disponibles, merecerían un trato más expeditivo aunque terminaran, como ha sido el presente caso, proclamando la inocencia de políticos ya condenados por la opinión pública. Bueno es recordar que, en una República, los linchamientos mediáticos no constituyen una vara apropiada para la institucionalidad, pero que la justicia morosa transforma este tipo de desvío en una sentencia tan permanente como incontrovertible.



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