Fuerte reclamo para excluir asuntos ideológicos del Judicial

El Consejo de la Magistratura de la Nación fue el destinatario de diversos pedidos en la marcha motorizada por Usina de Justicia, la ONG que combate el abolicionismo penal

Por María Pilar Viqueira

La sociedad civil le reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación que avance con los procesos de destitución de jueces con que desempeñan irregularmente sus funciones.
La movilización fue convocada por la ONG Usina de Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, apoyados por 26 entidades reunidas en el Foro de Convergencia Empresarial y la Coalición Cívica-ARI, entre otras organizaciones y espacios políticos.
Aunque se motorizó para pedir el inmediato juicio político de Luis Rodríguez, el magistrado sindicado en la causa “cuadernos” como receptor de un soborno millonario para darle libertad de acción en sus negocios al ex presidente Néstor Kirchner y a sus lacayos, la marcha no se limitó a exteriorizar solicitud.
La filósofa Diana Cohen Agrest -cuyo hijo fue asesinado en una entradera y fundó Usina de Justicia en 2014, junto con referentes del derecho y de otras áreas- fue la cara visible del llamado de atención al organismo, al que se le requiere que tome medidas ante el resultado de las auditorías que comenzaron en 2016 sobre los juzgados con causas por corrupción a cargo y que “sanee” al Judicial.
Cohen Agrest recordó que aunque se le solicitó un informe institucional para determinar por qué aquellos expedientes demoran, en promedio, 10 años en tramitarse y muchos prescriben, los relevamientos no generaron reacción alguna.
La presidenta de Usina de Justicia descartó que la escasa actividad del consejo de deba a falta de recursos humanos o a falencias de infraestructura.
En ese sentido, disparó que tiene 13 miembros y que tanto ellos como sus numerosos asesores y el incontable personal de planta permanente están magníficamente remunerados.
Las críticas de Usina de Justicia contra las consecuencias de la prédica del ex supremo Eugenio Zaffaroni son conocidas y ayer el mensaje fue que hay muchos puntos de contacto entre el juez corrupto que absuelve por dinero y el juez abolicionista que absuelve por ideología. Cohen Agrest lo planteó antes de la manifestación, en una columna de opinión para la agencia Telam: ¿Cómo es posible que soportemos a jueces y fiscales que parecen defensores de los delincuentes? ¿Como admitir que el 99 por ciento de los delitos no tenga sanción efectiva?, escribió.
A modo de ejemplo, citó el jury al juez Axel López, quien dejó en libertad, entre otros reincidentes violentos, a Fructuoso González -quien incineró a toda la familia de Matías Bagnato- y a Juan Alberto Cabeza -cuádruple violador y, sentencia de López mediante, abusador y asesino de Tatiana Kolodziej.
Cohen Agrest definió al procedimiento como “un simulacro”, empezando por la identidad del defensor: Zaffaroni, quien no podía cumplir ese rol porque acababa de jubilarse para poder ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Tanto en la absolución de López como en la reticencia a investigar y procesar a los culpables de corrupción operan los mecanismos finamente aceitados de una corporación cerrada, ideologizada y política que lamentablemente no cuida a la ciudadanía que es su misión esencial”, añadió.

Zaffaroni
El “asunto Zaffaroni” no fue ajeno a lo sucedió ayer. En la previa de la marcha, Cohen Agrest manifestó su desilusión
por la falta de gestos de apoyo del Gobierno para que sea excluido de la CIDH.
Pese a que la legislación regional establece que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad, el verano pasado el gurú de la fuerza de choque del kirchnerismo en tribunales, Justicia Legítima, volvió a inmiscuirse en asuntos de política interna.
A poco menos de un año de decir que si Alberto Nisman estuviera vivo “lo ahorcaría por obligarlo a leer su denuncia”, propaló que Mauricio Macri no iba a cumplir su mandato.
Esas declaraciones reeditaron los reclamos para que sea apartado de la CIDH.
Sin éxito, Usina de Justicia ya peticionó dos veces que la Corte Interamericana le ponga un freno, al estimar que no cumple con los requisitos que su puesto le impone, e ilustró la indignidad del juez enumerando que despliega una intensa actividad tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina; que actúa en forma ostensible como asesor legal particular de la ex mandataria en causas criminales; que descalifica al actual presidente y denosta su elección democrática y que desautoriza públicamente la dramática lucha contra la corrupción.
Cuando Zaffaroni dijo que el actual Gobierno no llegaba a 2019, Usina de Justicia sacó la munición gruesa. En un comunicado, expresó que se supone que la CIDH es integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos” y afirmó que ese no es el caso del ex supremo; ello así, teniendo en cuenta que actuó como juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y que jamás otorgó hábeas corpus que hubiesen permitido salvar vidas durante esos años oscuros.
Por su parte, el fiscal Marcelo Romero hizo lo propio. En una carta abierta, definió a sus teorías como “pseudo doctrinas berretas que han perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia”.
En tanto, el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” porque “no cree en los derechos humanos de todos los seres humanos”.

 



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