Sigue trama por designaciones manu militari de fiscales

Alejandra Gils Carbó deberá dar explicaciones por la creación de la Procelac y por la colocación de su ex titular, Carlos Gonella

Hace cinco años, el caprichoso proceder de Alejandra Gils Carbó para seleccionar a sus subordinados generó una causa judicial que, demoras mediante, podría derivar en el esclarecimiento de la trama de nombramientos y relocalizaciones de agentes que dispuso durante su gestión.
En 2013, el ex senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla presentó una denuncia en contra de la ex procuradora General de la Nación, por la creación de nuevas fiscalías y por nombramientos irregulares.
Según expuso el chubutense, la cofundadora de la fuerza de choque del kirchnerismo en tribunales, Justicia Legítima, violentó las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y actuó manu militari -por sí y ante sí- a la hora de elegir a diversos funcionarios; entre ellos, a Carlos Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego tomó el control de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El planteo de Cimadevilla naufragó en el despacho del juez Sebastián Casanello, quien ya tenía a su cargo el expediente conocido como “la ruta del dinero K”, que en ese entonces dormía el sueño de los justos.
En diciembre de 2013, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 7 (alias “Tortuga”) sobreseyó a Gils Carbó y a 44 fiscales subrogantes y ad hoc.
No obstante, las actuaciones por la creación de la Procelac y el desembarco de Gonella como titular (por abuso de autoridad y nombramiento ilegal para un cargo público) seguirán su curso.
Por mayoría, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó los sobreseimientos de Gils Carbó y Gonella.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi estimaron que las circunstancias de la llegada del cordobés a una procuración especial creada por su superior, sin concurso previo ni acuerdo del Senado, amerita mayores precisiones, y ordenaron que Gils Carbó sea indagada. El vocal Mariano Llorens votó en disidencia.
Aunque ya tenía detractores, la situación de Gils Carbó se volvió precaria cuando el Poder Judicial comenzó a avanzar en casos de corrupción resonantes, como el que involucra al empresario Lázaro Báez.
Los reproches por presuntas arbitrariedades al designar fiscales y las sospechas de concursos organizados bajo un sistema parcial signaron su paso por la función.
Ahora, con el fallo de la Alzada, podría dilucidarse si persistió en no observar las normas que regulan el proceso de nombramiento, violentando en reiteradas oportunidades el mecanismo legalmente previsto para designar a funcionarios según sus preferencias personales.
También podría confirmarse si desplegó una estratagema similar al elegir a los llamados “coordinadores de las áreas operativas” del organismo.
Juan Pedro Zoni es otro fiscal presuntamente designado y trasladado irregularmente. Concursó para hacerse cargo de una sede de Santiago del Estero que aún no estaba funcionando, pero Gils Carbó le tomó juramento y lo asignó a la Fiscalía Federal Número 8, de Comodoro Py.
Poco después, pidió que llamaran a indagatoria por lavado de dinero a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman.
El 30 de octubre de 2017, Gils Carbó renunció a su cargo luego de asegurar, dos semanas antes, que no se iba. Lo hizo cuando quedó procesada por corrupción, en el marco de la causa por la compra irregular de un edificio para la repartición, ante un nuevo reclamo del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que diera un paso al costado, dada la gravedad institucional que suponía que un subordinado -en el caso, Eduardo Taiano- estuviera investigándola.
Al dictar la medida que, junto a otras novedades judiciales, selló la suerte de su carrera, el juez Julián Ercolini sostuvo que ideó un plan para gestionar la adquisición de inmueble en forma direccionada, violando “consciente y voluntariamente los deberes atinentes a su cargo”.
Si bien los acontecimientos judiciales aceleraron la decisión de la fiscal que salió de fuero Comercial para dirigir a los encargados de la persecución penal, su desempeño fue puesto en tela de juicio antes de que el kirchnerismo dejara el poder.
Cabe recordar que a poco de asumir, en agosto del 2012, redactó de un nuevo reglamento de concursos y se arrogó la facultad de designar a los jurados que evaluarían a los candidatos a fiscales de manera discrecional, dejando sin efecto la manda que ordenaba que fueran sorteados. Ese modus operandi le permitió cubrir cargos estratégicos con miembros del colectivo Justicia Legítima.
En diciembre del 2014 designó a 18 subordinados afines al kirchnerismo en todo el país y la Asociación de Magistrados alertó de que esa media podría encubrir la intención de controlar investigaciones penales en curso; especialmente, las que involucraban a funcionarios.



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