El PRO pierde la paciencia y trama presión a socios

Riesgo de fractura. Los macristas analizan incluso impugnar el nombre Cambiemos.

Por Alejandro Moreno
amoreno@diarioalfil.com.ar

La indefinición radical sobre la candidatura a gobernador, que disputan fundamentalmente Ramón Mestre y Mario Negri, resta cada día chances a un final pacífico. Los macristas (porteños y provincianos) van perdiendo la calma y amenazan con dar un fuerte golpe sobre la mesa entre hoy y mañana.
El apoderado del Frente Cívico, Ernesto Martínez, fue ayer a la Justicia Electoral a reclamar a Marta Vidal que anule la intimación que aplicó al PRO para que firme la alianza. La jugada juecista busca aliviar a los macristas otorgándoles más tiempo para decidir, pero en el PRO no quieren que los días sigan pasando con el radicalismo desangrándose con la interna.
Antes de que concluya la semana, los macristas resolverán, y lo que hagan está en un abanico de posibilidades tan amplio que va desde la ruptura e impugnación del nombre Cambiemos hasta la firma pacífica.
En la Casa Rosada siguen de cerca el proceso cordobés porque no quieren que Cambiemos pierda en la provincia poco antes de iniciarse la campaña hacia las PASO.
La mayor preocupación (y motivo de enojo) de los macristas es que los principales involucrados en el asunto, Mestre y Negri, no se sientan a conversar para buscar una solución. Así, el camino hacia una interna bélica es inevitable, y seguramente quedarán disconformes que no querrán trabajar en mayo para derrotar al gobernador Juan Schiaretti, que va por la reelección.
Por lo menos, en la lucha municipal, Luis Juez y Rodrigo de Loredo ya se sentaron dos veces. La última, la noche del martes en la casa del jefe del Frente Cívico.
La cena, si tuvo el propósito de que uno de los dos acepte colocarse en el segundo término de una fórmula de unidad, concluyó en un fracaso. Juez y De Loredo mantuvieron sus ambiciones, agitando cada uno encuestas que los exhibirían como los favoritos dentro de Cambiemos.
Igual, surgieron versiones acerca de una amenaza de Juez de romper si finalmente no es él el candidato a intendente.

En la Justicia
La Unión Cívica Radical y el Frente Cívico suscribieron la alianza a fines del año pasado, mientras que el PRO rechazó hacerlo porque puso condiciones que no todos sus socios cumplían (como las encuestas como mecanismo indiscutible de arranque para las negociaciones). La Coalición Cívica-ARI, en tanto, tiene problemas de papeles aún y no puede hacerlo.
La jueza Vidal apercibió al PRO que debía firmar de una buena vez, al levantarse la feria de enero. Los macristas entienden que la petición judicial es inconsistente porque no hay urgencia alguna, pero el que presentó un recurso de reposición fue el juecista Martínez.
Martínez recordó que “hasta el 13 de marzo próximo los partidos políticos pueden hacer, deshacer, agrandar, rescindir y todo aquello que es natural a la dinámica política, para ser presentado, en legal forma, en la fecha indicada” un acuerdo aliancista.
Además, señaló que “se trata del cumplimiento del principio de preclusión procesal, a saber: si la convocatoria establece una fecha para presentar alianzas, es desde esa fecha, en que nace la competencia del Juzgado Electoral, para revisar el cumplimiento de las formalidades legales, ni antes ni después, pues hasta el 13 de marzo todas y distintas cosas se pueden hacer, por parte de los partidos contratantes”.
“Increíblemente –advirtió-, el decreto es anterior a la publicación del cronograma electoral“.
En términos más graves, Martínez señaló que “el dispendio procesal no es solo incomprensible, sino ilegal, por adelantar los plazos del cronograma, con apercibimiento de exclusión de una alianza electoral, que se viene armando”. Luego, con ironía, se preguntó: “¿Si el 13 de marzo PRO, UCR y Frente Cívico presentan una alianza electoral, con pautas reglamentarias distintas, se atrevería a declarar judicialmente que ya excluyó al PRO antes de tiempo? No creo, pues se trataría de una ilegalidad monumental, pero quién sabe”.
Para el juecista, la decisión de la Justicia Electoral “genera un gravamen irreparable, al inmiscuirse en la dinámica interna de los partidos políticos, con sus naturales negociaciones hasta la fecha de cumplimiento inexorable de los plazos de la ley, pero no los de la rara economía procedimental del Tribunal Electoral”.



Dejar respuesta