Picolotti: juicio en puerta y salpicada por “cuadernos”

La ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo no logró postergar su cita en el banquillo, por usar la “caja chica” para gastos personales. Las esquirlas de las revelaciones de un arrepentido podrían abrir otro frente judicial para la cordobesa.

Tras lograr que sus abogados demoraran la marcha del proceso penal en su contra por presunta administración fraudulenta, la ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolloti, se quedó sin margen de maniobra y este año se sentará en el banquillo de los acusados; posiblemente, en septiembre.
El último intento de quien fuera niña mimada del anterior Gobierno para no ir a juicio naufragó en noviembre, cuando la Corte Suprema rechazó una presentación de su defensa, por defectos formales.
Así, la cordobesa deberá dejar su cómoda residencia en Miami, Estados Unidos, y regresar al país para enfrentar cargos por corrupción.
Picolotti fue procesada en agosto de 2014. Al dictar la medida, la jueza María Servini argumentó que se comprobó que “cualquier gasto” del área que comandaba era solventado con la “caja chica”.
Los letrados de la encartada adujeron que las erogaciones bajo examen obedecieron a “estrictos motivos funcionales”, pero no acreditaron relación alguna entre aquéllas y la gestión de su asistida.
Además, sin éxito, intentaron justificar los costos de cenas en lugares de lujo por “cuestiones de protocolo”.
En julio de 2015 el caso se elevó a debate oral y el fiscal Guillermo Marijuan enfatizó que la ex funcionaria demostró un “total desapego al cumplimiento de las normas que rigen la utilización del dinero público”, el cual destinó, según detalló, a cubrir a diario necesidades personales, incluidos sábados, domingos y feriados.
Sin embargo, en enero de 2016 Picolotti fue autorizada para trasladarse a Estados Unidos, para trabajar allí, en virtud del contrato que firmó con el Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sustentable, con sede en Florida.
Fijó domicilio en una casa valuada en casi medio millón de dólares, en la exclusiva zona de Palm Beach.
La novedad generó polémica y poco después, luego de recibir un informe del consulado argentino en Miami, el fiscal Diego Luciani denunció que Picolotti violó las condiciones que le impuso en su momento el Tribunal Oral Federal Número 6.
El agente constató que la encartada viajó a distintos países, como Islandia y Marruecos, sin informárselo a la Justicia o en fechas distintas a las que anunció.
Por eso, pidió que se revocara su permiso y que regresara de inmediato a la Argentina.
Luciani ya se había opuesto a que Picolotti viviera en Estados Unidos, porque implicaba posponer la realización del juicio y significaba un riesgo, ya que la lejanía dificultaba el control sobre su conducta.
Con una declaración insustancial, y siguiendo la línea de los referentes políticos que la llevaron a un puesto importante del que salió eyectada por usar dinero de los contribuyentes hasta para hacer regalos de cumpleaños, la fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) se victimizó y acusó a la Justicia argentina de perseguirla por razones políticas.
No obstante, la insistencia de la procesada para residir en Miami dio frutos y el tribunal rechazó el pedido del fiscal, al valorar que no podía coartar el “derecho laboral” de Picolotti.
La especialista en derechos humanos y medioambiente se hizo cargo de la repartición en julio de 2006.
Pese a su promocionada designación, renunció dos años después, en diciembre de 2008, en medio del escándalo que se generó cuando se detectaron manejos irregulares de fondos.
Además, se fue con reproches relacionados a su desempeño, vinculados a la ejecución del presupuesto de la repartición.
Piccolotti llegó a la función pública respaldada por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, cuando trabajaba junto a su esposo, Daniel Taillant, en la ONG Cedha.
Durante la instrucción del caso por corrupción se constató que los directivos de la Secretaría de Ambiente “pasaron” más de 70 mil dólares en concepto de viáticos por viajes a diversas partes del mundo.
La administración irregular de la “caja chica” es la clave de la causa, ya que se acreditó que la letrada solventó con activos estatales compras personales, almuerzos y viajes aéreos.
Según consta en el expediente, bajo el rubro “desarraigo”, Picolotti pagó con fondos públicos los traslados aéreos de su familia de Córdoba a Buenos Aires,
También se detectaron contrataciones de vuelos privados sin justificación, para moverse al interior, casi todos con escala en Córdoba.
Asimismo, se mencionan consumos en casas de comida rápida, compras de chocolates, cenas en coquetos restaurantes y adquisición de productos de belleza.
Ahora, según publicó Infobae, la cordobesa está en la mira judicial por datos que surgieron de la causa “cuadernos”.
Concretamente, el matutino porteño señaló que se intenta esclarecer si junto a hermano, Juan Miguel Picolotti, y el contador Lucas Gancerain -un hombre cercano al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández- la cordobesa pidió o recibió sobornos en el marco de una licitación por obras en el Riachuelo.
La sospecha se generó a raíz de los dichos del arrepentido colaborador Miguel Marcelino Aznar, presidente de Decavial SA.
Las esquirlas de la declaración del empresario podrían llegar a la ex funcionaria.



Dejar respuesta