A 10 años de la reforma electoral de Córdoba

A una década de esta reforma electoral es necesario debatir, impulsar y aprobar cambios que le den a Córdoba, instituciones políticas democráticas, modernas y previsibles, estableciendo por ejemplo, fecha fija para las elecciones provinciales y municipales, como ya dispuso la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, evitando la discrecionalidad como ha ocurrido recientemente en el orden provincial y está ocurriendo en varios municipios.

En diciembre de 2018 se cumplieron diez años de la reforma electoral cordobesa. Las leyes 9571 (Código Electoral Provincial) y 9572 (Partidos Políticos) dotaron al sistema electoral cordobés de la boleta única de sufragio (BUS) mejorando la transparencia de las elecciones; se prohibieron las sumatorias de votos y las candidaturas dobles, aunque recientemente la Legislatura volvió a establecer estas últimas por ley 10535; se dispusieron limitaciones a la duración de las campañas electorales, aunque al no estar regulada la publicidad oficial, esta es utilizada previamente para promocionar candidatos; y se prohibieron las difusiones de encuestas diez días antes de las elecciones, entre otras medidas.
A una década de esta reforma electoral es necesario debatir, impulsar y aprobar cambios que le den a Córdoba, instituciones políticas democráticas, modernas y previsibles, estableciendo por ejemplo, fecha fija para las elecciones provinciales y municipales, como ya dispuso la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, evitando la discrecionalidad como ha ocurrido recientemente en el orden provincial y está ocurriendo en varios municipios.
En el actual contexto nacional y con las recientes denuncias que originaron tanto la causa de los “cuadernos” como la de “aportantes truchos” en la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia debe actuar preventivamente y reglamentar la obligación de los partidos políticos de presentar antes de las elecciones, un presupuesto de gastos de campaña, estableciendo la trazabilidad de los aportes que reciben, bancarizando los mismos y disponiendo que los aportes de empresas establecidos en la ley actual, estén destinados a un fondo común a ser distribuidos entre todos los partidos políticos que participan en la elección.
Otro tema que falta reglamentar en Córdoba son los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, para regular lo que se conoce como “puerta giratoria” y prevenir, delitos penales como el cohecho y formas de corrupción como los “sobornos diferidos”.
Córdoba debe avanzar en una “segunda generación de reformas políticas”, abriendo el debate sobre una reforma constitucional y leyes que permitan: constitucionalizar el Consejo de la Magistratura; modificar la integración y reglamentación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público; independizar y fortalecer el Ministerio Público Fiscal; acordar legitimación procesal activa al defensor del Pueblo; mejorar el control de legalidad en materia financiera del Tribunal de Cuentas; suprimir la cláusula de gobernabilidad a nivel local; mantener el sistema unicameral o volver al sistema bicameral; modificar el sistema electoral mixto de la Legislatura; introducir la doble vuelta electoral o ballotage, entre otros.
Se necesitan nuevas leyes que: a) Reglamenten las elecciones internas abiertas simultáneas y obligatorias para cargos electivos que tienen rango constitucional, por el artículo 104, inciso 22, y legislativo, artículo 58 de la ley 9.572); b) Código de Ética de la Función Pública, Oficina de Ética Pública y DDJJ patrimonial de candidatos; c) regular el uso de fondos reservados del ejecutivo provincial con participación de la Legislatura; d) nueva Ley de Acceso a la Información Pública; e) regulación de la publicidad oficial; f) reducir los «superpoderes» en materia presupuestaria; g) crear el Presupuesto Participativo Provincial; h) modificar leyes de Audiencia Pública, Iniciativa y Consulta Popular, para hacerlas más accesibles a los ciudadanos; i) establecer el sistema de revocatoria de mandatos; j) poner en funcionamiento el Consejo de Partidos Políticos y el Consejo Económico-Social, y k) Reformar la Ley 9.206 de Comunidades Regionales y l) extender la paridad de género al Poder Ejecutivo Provincial.
En estas próximas elecciones de 2019, los partidos políticos cordobeses además de disputar el poder, deberían interpelarse por el sentido de la política, incluyendo en sus agendas estas y otras reformas sociales y económicas para nuestra provincia. Esperemos que cuando pasen las elecciones, podamos abrir un diálogo entre todos (partidos políticos, sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y empresas) para consensuar un modelo de instituciones políticas democráticas, transparentes y socialmente avanzadas.

Omar Ruiz
Legislador provincial (mc)



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