Santa Fe sigue sin reflejos ante el narco

A días de que la Administración socialista rechazara el protocolo de seguridad de la Nación comenzaron a registrarse nuevos ataques contra edificios públicos.

La institucionalidad está nuevamente en jaque en la provincia de Santa Fe, que no logra garantizar la seguridad de los funcionarios que investigaron y llevaron al banquillo a parte de la banda “Los Monos” ni la de las personas que se desempeñan en oficinas gubernamentales.
En agosto, la Administración socialista quedó desbordada por el poder del narcotráfico y el escenario sigue complicándose.
A días del cierre del año, poco después de que el gobernador Miguel Lifschitz descartara la implementación del protocolo de seguridad que impulsa la ministra Patricia Bullrich y anunciara que no se iba a alterar el accionar policial, se verificaron nuevos atentados contra edificios públicos de Rosario, con la misma modalidad: ataques con armas de fuego disparadas por hombres que se movilizaban en moto.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, reemplazó al los jefes de Policía y de Investigaciones de aquella ciudad.
En tanto, la cartera de Justicia, comandada por Ricardo Silberstein, ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quienes aporten datos útiles para el esclarecimiento de los hechos.
En abril, las condenas a 19 integrantes de “Los Monos” se tomaron como un avance en una batalla que sigue costando vidas y recursos.
Sin embargo, mientras se organizaba el traslado de Ariel “Guille” Cantero –uno de los líderes de la banda- a un Penal Federal chaqueño, comenzaron las agresiones a jueces y las balaceras en sedes judiciales.
Los episodios pusieron en evidencia que la connivencia policial y la negligencia del gobierno local seguían permitiendo que el grupo operara, pero el socialismo no dio respuestas, pese a que
Bullrich adelantó que el grupo “Los Monos” estaba involucrado y que identificar a los autores iba a ser complejo.
En el marco de la primera ola de atentados, Lifschitz se reunió con los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe y con representantes del Colegio de Magistrados, quienes le expresaron su preocupación y exigieron más seguridad.
Lifschitz le pidió ayuda a la cartera que comanda Bullrich, una funcionaria con la cual no tiene buena relación. Los cortocircuitos comenzaron en septiembre de 2016, cuando protagonizaron un duro cruce luego de que Bullrich declarara que el socialismo no fue eficaz a la hora de enfrentar al crimen organizado, que desde hace años tiene “conductas esquivas ante el narcotráfico” y que se negaba a depurar a la policía.
Lifschitz manifestó que la funcionaria era una mujer “impulsiva” y que, con sus dichos, afectó “la dignidad y la institucionalidad santafesina”.
Antes, Mauricio Macri había cuestionado a Lifschitz. Aseguró que se quedó “con el chip de su relación con el kirchnerismo” y que le costaba “trabajar en equipo”.
El mandatario también argumentó que cada vez que hablaban los responsables de Santa Fe aducían que todas las cosas que pasaban y tenían que ver con su gestión eran responsabilidad de la Nación.
Ahora, la nueva crisis puso en alerta a los jueces de la jurisdicción. El presidente de Máxima Instancia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, dijo que se trataba de ataques “contra la Justicia”, por las condenas a los integrantes de Los Monos, y le pasó factura al Gobierno de Lifschitz por no tomar medidas de custodia preventivas.

Pasos de comedia
Cabe recordar que en agosto, durante su paso la Universidad Nacional de Rosario, el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, minimizó la gravedad de las represalias de “Los Monos”.
El actual integrante de la CIDH Dijo que se trataba de un “problema coyuntural” y hasta ensayó pasos de comedia. “No se vuelvan paranoicos, esto no es México”, adujo.
En la misma línea, sobre “Los Monos”, lanzó: “No exportan dos toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
Horas después, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y la Federación Argentina de Colegios de Abogados hicieron otra lectura de los acontecimientos y consideraron que los ataques “tienden a condicionar y amedrentar el sistema democrático y las instituciones del Estado de Derecho, intentando vulnerar la independencia y libertad del Poder Judicial”.
Luego, el TSJ y la Fiscalía General de Córdoba emitieron un comunicado repudiando las agresiones a sus pares.



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