Mapuches, de presuntas víctimas a banda criminal

La fiscal del caso sostiene que integrantes de la comunidad trabajaron para desorientar a los investigadores y, con funciones definidas de antemano, instalar la hipótesis de la desaparición forzada.

Por María del Pilar Viqueira

La fiscal del caso Maldonado, Silvina Ávila, dictaminó que los mapuches presuntamente afectados por medidas represivas de Gendarmería que testificaron en el marco de la causa por desaparición forzada integraron una banda criminal.
Bajo esa premisa, los imputó y reclamó que sean indagados.
“Si bien los análisis contrafácticos nunca son recomendables, es posible afirmar que si esta organización hubiese relatado lo que sabía desde el primer momento, no hubiese falseado declaraciones, no se hubiese apoderado ilegítimamente de elementos de la víctima, hubiese permitido el ingreso al predio a los auxiliares de la Justicia y a los funcionarios y no hubiese plantado prueba, los rastrillajes se hubiesen hecho en el lugar que correspondían (no más de 100 metros río abajo, donde los propios imputados indicaron) y hubiera habido mayores posibilidades de encontrar el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado mucho antes”, escribió.
Siguiendo el razonamiento que hizo el juez de Instrucción de Esquel Gustavo Lleral al cerrar el expediente, Ávila incriminó a 11 integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen y al amigo del joven, Ariel Mariotto Garzi, como supuestos miembros de una asociación ilícita que falseó testimonio y obstruyó la pesquisa.
Para Ávila, la prueba acredita que Matías Santana (el “mapuche de los binoculares”); Claudina, Ailín y Lucas Pilquiman (el “Testigo E”); Martiniano y Fausto Jones Huala, Soraya Guitart, Andrea Millañanco, Nicolás Hernández Huala, Trinidad Jones y Adriana Baigorria se pusieron de acuerdo para desviar la investigación a sabiendas de que Santiago se había ahogado accidentalmente.
Sobre algunos de los nombrados ya pesa una denuncia del Ministerio de Seguridad, que a principios año sindicó a Santana y a Millañanco (la pareja de Facundo Jones Huala), entre otros, como autores de varios delitos durante la instrucción.
El fallo que dictó Lleral en noviembre dio indicios de que habría consecuencias para los involucrados en la trama Maldonado. Al archivar las actuaciones, disparó: “Aunque se insista en presentar los hechos de un modo absurdamente diverso a su esencia, lo cierto es que la verdad que rodeó la desaparición y muerte de la víctima de esta causa (y víctima de todas las manipulaciones espurias que de ella derivaron) es una sola”.
Así, dio por cierto que Santiago se ahogó solo, luego de ser abandonado por el “Testigo E”, y le envió un mensaje a los distintos actores que intentaron sacar rédito político o personal con la tragedia.
En ese sentido, citó varias veces el testimonio del “Testigo E” y lo calificó como “relato esencial”; ello así, al apreciar que la descripción que hizo sobre su dificultad para cruzar a nado el río se acrecentó para Maldonado, que no sabía nadar.
La lectura de Lleral y el requerimiento de Ávila complican la situación de los dos letrados cordobeses vinculados al kirchnerismo que se presentaron en la Patagonia como integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) mientras la supuesta desaparición de Maldonado monopolizaba la agenda mediática.
Se trata de Fernando Cabaleiro y de Carlos González Quintana.
Los registros telefónicos de charlas entre allegados a la víctima acreditarían que no tuvieron contacto directo con el “Testigo E”, tal como declararon en el informe que le enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que otros hablaban por el joven.
Las afirmaciones de los profesionales ante la comisión dando por probado que Maldonado fue víctima de un delito de lesa implicaron el dictado de cautelares que tuvieron repercusión nacional e internacional, generaron enormes gastos operativos y atentaron contra el correcto desarrollo de la investigación.
Lleral cuestionó duramente las distorsiones que los denunciantes y las querellas pretendieron instalar al interpretar la falta de noticias sobre Maldonado como una desaparición forzada.
Ahora, la fiscal repasó la secuencia de los hechos; analizó las testimoniales de los mapuches y su actuación dentro del Pu Lof durante los rastrillajes y, al igual que Lleral, valoró los dichos del “Testigo E”.
Ávila concluyó que a la falsedad de lo declarado se suma una “cantidad innumerable” de elementos de prueba “escondidos, ocultados o desviados”. De hecho, estima que el grupo sólo intervino para desorientar a los investigadores, con funciones definidas de antemano, y que se valieron “estratégicamente” de la circunstancia de haber estado presentes en el lugar los días 31 de julio y 1 de agosto de 2017 para “montar una escena que les permitiera ganar tiempo”.
“En ese interín, utilizaron el episodio para mediatizar la ausencia del joven artesano y posicionar su ideario”.
Paralelamente, expuso que “trabajaron arduamente generando adhesión en la opinión pública” y que desplegaron esa actividad “hacia dentro del ámbito judicial, a nivel nacional e internacional”.



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