Sappia culpó al PJ por la “aristocracia obrera” de Luz y Fuerza

Jorge Sappia, ex ministro de Trabajo de Eduardo Angeloz que alguna vez acuñó el término “aristocracia obrera” para referirse a los empleados de Epec, entiende ahora que los problemas más serios de la empresa estatal surgen, principalmente, de su falta de modernización, y no de aquel convenio colectivo. Criticó además que la Provincia busque modificarlo por ley.

Por Felipe Osman

Tras nueve meses de desarrollo, el conflicto entre Epec –y en última instancia la Provincia- y el Sindicato de Luz y Fuerza subsiste e incluso, por momentos, recrudece. Y así sucedió el pasado miércoles, cuando una gran columna de organizaciones sociales, políticas y gremiales encabezada por Gabriel Suárez cortó una arteria principal de la ciudad para realizar un acto donde no faltaron declamaciones contra el Centro Cívico.
Este nueva escalada en la disputa con Luz y Fuerza Córdoba, que se originó con la aceptación del Sindicato Regional de una oferta paritaria de la compañía a cambio de que se cediera en algunos puntos del convenio colectivo, dejará lugar –seguramente- a algún tiempo de paz hasta que pasen las fiestas y la actividad, tanto pública como privada, vuelva a mostrar los primeros síntomas de reacción, ya en el vecino 2019.
Esta “tregua” forzada por las circunstancias permite una reflexión (al menos) un poco más merituada del conflicto y, particularmente, de algunos episodios judiciales que lo atraviesan, tarea para la cual Alfil ha contado con la ayuda de Jorge Sappia, laboralista cordobés de renombre que ha pasado además por el Ministerio de Trabajo de la Provincia durante la Gobernación de Eduardo César Angeloz, y por el Ministerio de Trabajo nacional durante la Presidencia de Fernando de la Rúa.
Sappia es conocido, entre otras cosas, por acuñar el término “aristocracia obrera” para definir la situación de los empleados de Epec que, junto a otros sindicatos, consiguieron firmar convenios colectivos de privilegio durante la década de los ’70.
Pero aunque el oxímoron no es ingenuo, Sappia ha preferido promediarlo apuntando que no debe ser entendido “en sentido peyorativo”. El letrado entiende que el convenio colectivo firmado por Luz y Fuerza en 1975 ha creado un sector de trabajadores que gozan de una situación de privilegio que los diferencia del común de los asalariados, y que esto debe ser motivo de análisis para evitar que aparezca como algo discriminatorio.
Es decir, que los usuarios de energía –colectivo compuesto en su gran mayoría por asalariados que no gozan de un convenio colectivo tan ventajoso como el de Luz y Fuerza- terminen financiando estas ventajas, cuando no las mismas personas pero en su calidad de contribuyentes, al pagar impuestos que terminan siendo destinados a rescates financieros de la Provincia a la siempre deficitaria Epec.
Sin embargo, el actual presidente de la Convención Nacional de la UCR ve en el peronismo al culpable de que esta situación de inequidad se generara, apuntando que el convenio colectivo de Luz y Fuerza (165/75) es una copia casi textual del convenio colectivo 36/75, que es el convenio de la Federación de Luz y Fuerza que firmaron las empresas proveedoras de servicios eléctricos de todo el país.
Este convenio fue suscripto por las autoridades de las empresas estatales de electricidad encabezadas por SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), cuyo jefe era un dirigente de Luz y Fuerza. Esto generó que se consagraran una serie de situaciones de privilegio para los empleados de Luz y Fuerza porque quienes firmaban por la parte patronal eran, a su vez, beneficiarios de lo que se firmaba. Esto es según Sappia (y como parece dictarlo el sentido común) injusto para el resto de los trabajadores del país.
Este convenio 36/75, de carácter nacional, fue replicado en Córdoba mediante el convenio colectivo 165/75, cuya primera aprobación emana de un decreto firmado por el entonces interventor federal Brigadier Raúl Lacabanne, y después homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.
Desde el regreso de la democracia, la Provincia ha sido gobernada por el radicalismo durante 16 años, y por el peronismo durante los últimos 19. Sappia entiende que no pudiendo reformarse un convenio colectivo mediante una ley, el radicalismo no puede ser señalado como responsable del convenio de Luz y Fuerza, y que además resultan ilegales las modificaciones que durante el último tiempo la Legislatura provincial ha buscado introducir al convenio lucifuercista.
Disentimos. Aún por omisión, alguna responsabilidad debería caber a la UCR, que en cuatro mandatos al frente del Ejecutivo provincial no fue tampoco parte de la solución en este apartado.
Pero, más allá de esto, Sappia prefiere resaltar la responsabilidad que le cabe a Unión por Córdoba por no modernizar la Epec durante sus años en el poder, haciéndola, cuando no rentable, al menos no perdidosa.
En relación a la acción judicial (amparo) que el gremio avisó presentaría por “discriminación salarial”, y que se fundaría en la desigual remuneración por igual tarea que recibirían los empleados de Córdoba en relación a los empleados del interior, el laboralista prefirió ser cauto e indicar que sería necesario estudiar si una acción de amparo es la herramienta judicial pertinente o si se debería accionar mediante una demanda ordinaria.



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