Fin de la espera: rige guía de abortos no punibles

El TSJ se pronunció con un fallo dividido, con argumentos interesantes, a seis años de que el grupo católico Portal de Belén iniciara la causa que frenó la aplicación del protocolo.

Por María del Pilar Viqueira

Estimando que el intento del grupo Portal de Belén de “colectivizar tragedias humanas” parte del “supuesto incomprobable” de que todas las mujeres que hipotéticamente sean víctimas de una violación en Córdoba y que hayan quedado embarazadas decidirán interrumpir la gestación, el TSJ determinó que está vigente el protocolo de abortos no punibles que dictó la Provincia.
Por mayoría, se pronunció en la causa iniciada por la asociación civil que encabeza el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) y rechazó el amparo que, con éxito durante seis años, frenó la implementación de la guía.
El Alto Cuerpo consideró que no había un caso judicial y que la demandante solo discrepaba con algo que posibilita el Código Penal; es decir, el permiso excepcional de abortar sin consecuencias punitivas.
Por ello, rechazó examinar la constitucionalidad de la resolución 93/12, en virtud de la cual el Ministerio de Salud local fijó un procedimiento para proceder ante pedidos de víctimas de delitos contra su integridad sexual o mujeres que no pueden llevar a término embarazos por riesgo de salud o de vida.
Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero hicieron lugar a la casación promovida por la Provincia y revocaron la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación, que en 2013, declaró inconstitucional aquella norma.
El puntapié inicial del proceso lo dio el juez Federico Ossola, que admitió la acción.
La medida fue ratificada por la Alzada y los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera opinaron que el protocolo vulneraba los derechos de los menores por nacer.
Por unanimidad, se apartaron del criterio de la Corte. Los argumentos los formuló Barrera Buteler, quien, entre otras consideraciones, manifestó que dar por probado que una mujer fue violada con “una simple declaración jurada” implica el “riesgo de que existan casos fabricados”.
El decisorio generó críticas y la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir consideró que estaba “lleno de arbitrariedades”.
La Provincia recurrió y aunque debió esperar, la Justicia le dio la razón.
De acuerdo con el TSJ, al razonar que el aborto es un delito en toda circunstancia, la pretensión de la actora se dirigió “más bien a cuestionar lo resuelto por la Corte en la causa F.A.L.” y, por efecto reflejo, la resolución 93/12.
También subrayó que, en los términos de la demanda, “no era lógicamente posible” abordar el análisis de la regla sin hacer antes lo mismo respecto de los incisos 1 y 2 del propio Código Penal, lo que hubiera significado reeditar algo que ya fue resuelto por la intérprete final de nuestro sistema de control de constitucionalidad.
El TSJ descalificó la intención del Portal de Belén tendiente a que se le reconozca legitimación extraordinaria y colectiva para representar a las personas por nacer, ya que “terminaría subrogando a todas las mujeres (víctimas de un delito) y relevándolas del derecho personalísimo de decidir sobre si continuar con la gestación o interrumpirla sin consecuencias penales, tal como se les permite.

Disidencia
En disidencia con sus pares, Luis Rubio y Claudia Zalazar entendieron que sí había un caso judicial y que comprendía “al colectivo formado por las personas por nacer” que, según valoraron, resultaría damnificado por la interrupción de gestaciones.
En esa línea, estimaron que la amparista estaba legitimada para representarlo, por el impacto que la guía podría tener. “Alguien debe ejercer necesariamente la representación, porque de otra forma se vería invisibilizado, pese a tratarse de una clase de personas especialmente vulnerable”, expresaron Rubio y Zalazar.
El voto minoritario, además, planteó, que la interpretación efectuada por los supremos en “F.A. L.” fue puesta “en vilo” por el rechazo del Congreso Nacional al proyecto de legalización del aborto.
Según Rubio y Zalazar, correspondía anular la sentencia de la Cámara 3ª de Apelaciones, hacer lugar parcialmente al amparo y declarar inconstitucional la guía, argumentando que le corresponde a la Legislatura (y no a un mero acto administrativo de un ministerio del Poder Ejecutivo) sancionar las leyes necesarias para implementar prácticas como las que posibilita excepcionalmente el Código Penal; ello así, en atención a la magnitud de los derechos fundamentales en juego.
El vocal Julio Sánchez Torres propició la misma solución que Rubio y Zalazar. Opinó que el protocolo, al haber sido establecido por un acto administrativo y no por una ley en propiedad, implicó “una evasión de las formas, del procedimiento y del esquema mismo de división del poder estatal”.
No obstante, a diferencia del resto de la minorá, manifestó que la norma del ordenamiento criminal bajo examen resultó resultado “vivificada” por la lectura efectuada en “F., A.L.” y reprochó que la “salida” propiciada por la Cámara 3ª de Apelaciones no se hubiera ajustado a las disposiciones de los tratados internacionales.
Sánchez Torres subrayó que no es cierto que el artículo 4 de la Constitución de Córdoba le conceda al por nacer una suerte de derecho absoluto, porque tal disposición también considera inviolables “la dignidad y la integridad física y moral de todo ser humano”, que se afectan “cuando una mujer es sometida a violencia sexual”.
Como consecuencia, instó a no reducir “la riqueza y la complejidad” de la norma a la defensa de la vida del no nacido sin otorgar el mismo énfasis a la vida digna del ya nacido.



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