Ciudadanos respetuosos de la ley

La liberación de Boudou y Núñez Carmona vuelve a poner el foco sobre los funcionarios públicos que menos deben rendir cuenta ante los ciudadanos, todos los que componen el Poder Judicial.

Por Javier Boher
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Siempre hay que agradecer de que vivimos en una democracia, con división de poderes, representantes y todo eso. Algunas veces, sin embargo, no alcanzamos a medir lo terriblemente afortunados que somos por vivir en un país en el que la justicia es impartida por tan personajes notables.
El Poder Judicial (sea el nivel que sea, nacional o provincial) se ha caracterizado por llevarnos a una especie de derecho consuetudinario en el que todo depende de cómo interprete la ley el funcionario, aunque después todos se escuden en que actúan según lo que dice el texto.
Llama la atención la forma en la que jueces y demás funcionarios hacen lo que les parece, totalmente alejados del espíritu de la norma, aquello para lo que se la pensó. Ese libre albedrío es algo que en la escuela los profesores te marcan con rojo y te escriben “No respeta la consigna”, paso previo al bochazo.
Desde esta misma columna no hemos ahorrado palabras para criticar la prisión preventiva, ese instrumento pensado como excepción pero que se aplica como regla, en un sistema que se encuentra colapsado de personas con causas que demoran años en definirse y de las que quizás emergen inocentes.
Curiosamente, el abogado del ex vicepresidente, ex ministro de economía y ex disc jockey, Amado Boudou, usó esa figura para referirse a su defendido. Según él, el ex ministro fue encarcelado injustamente porque no está condenado, aunque todos saben que sí lo está, porque cuando ocurrió no pasó desapercibido para nadie (e incluso alguno habrá brindado).
Hace unos días el Tribunal Oral Federal n°4 decidió liberar a Boudou, y ayer se conoció que le otorgó el mismo beneficio a su secuaz en el desfalco, Núñez Carmona, y que lo pidió otro de los Condenados, Nicolás Ciccone.
Quizás no lograron el éxito de los protagonistas de “La Casa de Papel”, esa ficción española que no le llega a los talones a la trama de negociados con la que se quisieron quedar con la fábrica de billetes en el país, pero haber conseguido la libertad a poco de ser condenados debe ser considerado todo un éxito.
Lo que deja a los ciudadanos aún más atónitos es que los reos debieron pagar una fianza de un millón de pesos, pero cuando le cobraron la multa por el delito en sí (de nuevo, robarse la fábrica de billetes) sólo les pidieron $90.000.
Es difícil saber en base a qué los funcionarios judiciales se creen facultados para decidir con esta arbitrariedad absoluta, contradiciendo el sentido común y las mismas leyes, pero la clave está en que son palancas absolutamente funcionales a los políticos de turno.
Las múltiples interpretaciones sobre el funcionamiento del sistema jurídico alejan a los ciudadanos de la posibilidad de entender y conseguir justicia, y peor aún, los alejan de la idea misma de justicia. Por ejemplo, las vueltas y justificaciones con las cuales siguen logrando que Menem se mantenga en el Senado no son los fueros, sino una caprichosa interpretación de que mientras se esté apelando, la condena no está firme.
Esa manipulación que tan caro venden los magistrados y demás cómplices del Poder Judicial es una de las grandes deudas del país, con funcionarios que jamás rinden cuentas por su labor, gozan de innumerables beneficios y cuando se retiran rara vez son reconocidos por los mismos que padecieron su ineficiencia, a diferencia de lo que le puede pasar a Boudou, que aunque la justicia lo libere la gente lo va a seguir reconociendo en la calle como a un delincuente.
Los sinuosos caminos del poder judicial (que se empiezan a recorrer por los senderos que surcan el lado oscuro de las facultades de derecho) rara vez terminan desembocando en procesos en los que finalmente se consiga algo de justicia real.
En la película “Un ciudadano ejemplar”, el fiscal interpretado por Jamie Foxx le dice al padre y esposo de las víctimas (interpretado por Gerard Butler) que “algo de justicia es mejor que nada de justicia”, ante el reclamo de éste por haber aceptado un trato por el que uno de los acusados sale libre.
Allí al menos uno queda preso y cumple su condena. Acá parece que ninguno. Porque jueces, fiscales y demás funcionarios parecen orientarse por una máxima diferente: “que parezca que hacemos algo de justicia, para asegurarnos de que no haya nada de justicia”.



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