Insólito: un fiscal asigna los estacionamientos en la ciudad

Tras años de abandono, el intendente Ramón Mestre licitó un sistema basado en tecnologías móviles, similar al que tienen muchas otras ciudades argentinas. El único oferente -la empresa Movypark- resultó el ganador, y se hizo cargo de la concesión del servicio en diciembre del año pasado.



Por Pablo Esteban Dávila

Gobernar, a veces, se antoja como un campo minado. No sólo en lo que hace a los grandes temas nacionales (la inflación, el déficit o el superclásico) sino también en los asuntos de competencia municipal.
Uno de estos quebraderos de cabeza es el estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba. Tras años de abandono, el intendente Ramón Mestre licitó un sistema basado en tecnologías móviles, similar al que tienen muchas otras ciudades argentinas. El único oferente -la empresa Movypark- resultó el ganador, y se hizo cargo de la concesión del servicio en diciembre del año pasado. Comparado con los dimes y diretes del contrato de la basura, el del estacionamiento medido pareció digno de los procedimientos de Zúrich.
Pero (siempre hay un pero en la Argentina), los tradicionales usurpadores del espacio público, en este caso, los naranjitas, plantearon una yihad contra el nuevo servicio. Y, después de algunos meses de una subterránea batalla judicial, se alzaron con un triunfo inesperado. El fiscal Marcelo Fenol ordenó al municipio, el viernes pasado, que les devuelva las áreas de la Ciudad Universitaria y de Tribunales II a tres cooperativas que los nuclean. Además, y en un alarde de consideración hacia los automovilistas, dispuso cancelar, de manera provisoria, la aplicación del sistema de Movypark para evitar el doble cobro del estacionamiento. Un crack.
Fenol argumentó que la municipalidad ya había asignado a estas cooperativas las áreas que acaba de reestablecerles, por lo que entregárselas a una empresa constituyó un abuso de autoridad por parte del municipio. Claro que no tuvo en cuenta que estas “concesiones” eran permisos precarios otorgados por una Resolución administrativa y, como tales, susceptibles de ser revocados por una norma de igual o superior jerarquía. Como el del estacionamiento trata de un servicio concesionado, el dictado de una ordenanza ad hoc resultó indispensable y, con ella, el final en regla de las prestaciones precarias. No se sabe exactamente en donde reside el abuso que ha advertido el señor fiscal, a menos que éste provenga del Concejo Deliberante en su conjunto.
Debe decírselo sin eufemismos: se trata de un nuevo intento de cogobierno del poder judicial y -ya lo hemos dicho en columnas anteriores- esto no es bueno. Montesquieu, en su famosa obra “El espíritu de las leyes”, se refería al gobierno de los jueces como una forma de corrupción de la república. En este caso, se trata de un fiscal que compite con el intendente en la definición de una política pública esencial para una ciudad moderna. Mestre al gobierno, Fenol al poder.
Más allá de este caso en particular, debe recordarse que el estacionamiento medido no es una extensión de la ayuda social a poblaciones vulnerables sino una auténtica decisión urbanística. Es el nexo que conecta el tránsito con la dotación de las vías de circulación y, como tal, debe contemplar diferentes factores tales como precio, rotación, control y tiempo de búsqueda de lugares disponibles.
Debido a que la cantidad de rodados ha crecido en forma exponencial en los últimos veinte años (Córdoba, en este sentido, es parte de una tendencia mundial) las tensiones sobre el estacionamiento se han vuelto mayores. Hay cada vez más conductores intentando hacerse de un espacio donde dejar sus automóviles y, simétricamente, personas que, desde la informalidad, pretenden apropiarse de las calles para participar de la renta que genera esta demanda potencialmente infinita.
El problema reside en que las calles no son de los naranjitas o comoquiera sean dados en llamar, sino del domino público municipal. Esto supone, en teoría, que sólo el municipio puede establecer las reglas para su utilización por parte de los automovilistas. No puede haber discusión al respecto. Si las éstas se han poblado de informales pretendiendo cobrar una tarifa por sus espacios es sólo porque las autoridades han temido enfrentar resueltamente el problema con la fuerza de la ley.
Para agravar el problema, ahora resulta que es la propia justicia la que decide desconocer este principio. Éramos muchos y parió la abuela; todo vuelve a empezar. ¿Para qué, entonces, se aprueban ordenanzas, se convocan a costosas licitaciones, se instrumentan tecnologías móviles y se profesionaliza el servicio? Realmente es difícil de explicar. Además, la alternativa que presenta el fiscal es retroceder varios casilleros desde el punto de vista de la eficiencia, retornando al cobro manual y a la negociación, siempre opaca, entre naranjitas y conductores para permanecer más tiempo a cambio de menos dinero. Si a esto se le suma el hecho de que las áreas “liberadas” de Movypark se encuentran en las inmediaciones de tribunales, es claro el objeto de la resolución judicial. Si mueve la cola y ladra, es perro.
Es de esperar que este talante sea puesto de lado rápidamente. El país ha conocido de estos excesos jurisdiccionales en reiteradas oportunidades, perdiendo tiempo y desperdiciando recursos. No hace falta recordar que hubo jueces que fijaron tarifas telefónicas, congelaron las del gas o instruyeron al Poder Ejecutivo para hacer esto o aquello en materia de servicios públicos. A este catálogo de injerencias desafortunadas debe sumarse ahora el tema del estacionamiento medido. No faltará mucho para que el Poder Judicial se sienta tentado a modificar los recorridos del transporte urbano o las rutas de la recolección de residuos. ¿Será justicia?



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