A cuatro años del intento K, hay nuevo rito penal federal

La iniciativa fue convertida en ley tras 25 meses de análisis. Contraste con la sanción precipitada y con mayoría automática de 2014, dejada sin efecto por decreto presidencial de diciembre de 2015.



Hace poco más dos años, el Gobierno Nacional le envió al Senado un nuevo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CCPN), en el marco de sus intentos por restarle influencia a la fuerza de choque del kirchnerismo en tribunales, Justicia Legítima.
Ayer, la Cámara de Diputados sancionó la iniciativa, que actualiza la normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de Justicia; entre otras, la de flagrancia, la del “arrepentido colaborador” y y la de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto.
Si bien mantiene el espíritu del diseño legislativo de la anterior gestión (un código acusatorio, con protagonismo de los fiscales en las investigaciones criminales), contempla nuevas facultades para los jueces, le da más importancia a la víctima durante el proceso y, en general, es más “duro”.
Durante la sesión, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el CPPN que salió del Legislativo en 2014 fue “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas”.
“Fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”, agregó.
Sin embargo, aunque aseguró que la decisión de Mauricio Macri de suspender su aplicación fue “en cierto modo inteligente” y apoyó la reforma, dijo que temía que el Parlamento hubiera cometido “algún tipo de abuso” respecto al principio de inocencia.

Juan Brügge
A su turno, el cordobés Juan Brügge también planteó reparos. “Si bien hacemos un avance importantísimo en el cambio de paradigma, del inquisitivo al acusatorio, tenemos serias dudas de que ante la falta de gradualismo no se pueda implementar o haya excesos”, argumentó.
El 29 de diciembre de 2015 se oficializaron decretos del Macri con modificaciones sobre la Justicia; entre ellos, el 257/15, que suspendió la aplicación del nuevo CPPN, que estaba prevista para el 1 de marzo, derogando las leyes dictadas por el Congreso relativas a su implementación.
Meses después, el Ejecutivo envió su propio texto, que se dio a conocer luego de que de difundiera la convocatoria que hicieron familiares de víctimas de delitos. El ministro de Justicia, Germán Garavano, respaldó el acto.
El decreto presidencial fue un mensaje para los judiciales militantes del proyecto “nacional y popular”, pero tras el cambio del Gobierno muchos sectores esperaban una reacción más dura de la Administración de Cambiemos.
La continuidad de la influencia de Justicia Legítima quedó en evidencia luego de la agresión que sufrió Macri en Mar del Plata. En ese entonces, el juez federal Alfredo López, a cargo de la pesquisa, hizo duras declaraciones y definió a la agrupación como “una mafia judicial”.
López denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazzaferri y Nicolás Czizikl por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al considerar que demoraron “injustificadamente” la investigación de los hechos y lamentó que el Gobierno no tomara medidas con respecto al accionar del grupo, el cual, según juzgó, es ilegal.
“No tienen ningún interés en la Justicia, sólo en militar en favor de una determinada facción”, aseguró el juez, sumándose a las voces que desde hace tiempo recuerdan que el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas.
El Gobierno intentó evitar un enfrentamiento y apeló al desgaste, pero luego comenzó a dar pasos concretos; en especial, para que Alejandra Gils Carbó dejara de comandar a los fiscales de la Nación.
Para el macrismo, la renuncia de Gils Carbó fue vital para empezar a desmantelar la red que tendió el kirchnerismo en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios.
Usina de Justicia y otras agrupaciones que luchan por los derechos de las víctimas de delitos celebraron la aprobación de la legislación, que no contó con el visto bueno del kirchnerismo y sus aliados.



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