Resistencia a la austeridad: corpo judicial presiona por aumento

El sector amenaza otra vez con paralizar la actividad de la Justicia. Aunque es beneficiario de una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor y su presupuesto no para de crecer, sigue reclamando más fondos .

Por María del Pilar Viqueira

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba para hoy, en protesta por la falta de novedades sobre el pedido de modificación de partidas presupuestarias que la Corte le hizo al Ejecutivo, con el fin de concretar un nuevo aumento para el sector, y por el silencio del Tribunal Superior local con respecto al pedido del sindicato de un “adelanto a cuenta”.
La semana pasada, los judiciales abandonaron tareas varias horas en las sedes del interior. En tanto, en la capital se movilizaron hasta Tribunales I, por lo que definieron como “preocupación por el deterioro de sus salarios”.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) hizo lo propio y advirtió que podrían convocar a una huelga de 60 horas.
A fines de octubre, la Máxima Instancia decidió otorgar otra suba salarial y le reclamó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, los giros de rigor.
Por unanimidad, los supremos resolvieron que el incremento se daría en dos tramos: 10 por ciento a partir del 1 de octubre y otro 10 por ciento desde el 1 de diciembre.
El nuevo aumento se sumó a otros dos, también de 10 por ciento, que ya se pagaron en lo que va del año.
A mediados de noviembre, los ministros de la Corte volvieron a la carga con el tema y le reiteraron Peña la necesidad de modificar partidas. En una misiva, reeditaron su pedido para que todas las categorías del escalafón del Poder Judicial pudieran cobrar un plus del veinte por ciento.
Los magistrados del Alto Cuerpo insistieron con esquelas y reuniones, pero Peña anunció que no girará los fondos solicitados.
El funcionario apeló al argumento de la austeridad y manifestó que teniendo en cuenta los esfuerzos del Gobierno nacional, de las Administraciones provinciales y otros estamentos del Estado para bajar gastos, las modificaciones, tal como fueron pedidas, afectarían “fuertemente los recursos del Tesoro”.
Las exigencias del Judicial se profundizaron en junio, cuando el tono del sorpresivo reclamo por fondos que hizo la Corte abrió un frente de conflicto con el Gobierno.
En esa oportunidad, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti le cursaron una nota a Peña solicitando más dinero y hablaron de una posible “paralización” del servicio por falencias presupuestarias.
El ministro de Justicia Germán Garavano no dudó en responder y sostuvo que que las partidas alcanzaban “perfectamente”, aunque intentó bajarle intensidad al episodio y se lo atribuyó a un posible “desacople de información”.
En octubre del año pasado la Corte fijó el presupuesto para 2018 en $ 7.201 millones pesos, direccionando el grueso para solventar cargos. Esa cifra implicó un incremento del 23,81 por ciento respecto de los recursos asignados para 2017. Sin embargo, sigue planteando que el dinero no basta y que no puede aumentar sueldos.
Aunque las partidas no dejan de crecer, los lamentos no son nuevos y la Justicia no se priva de exteriorizarlos; en especial, cuando su actuación se pone en tela de juicio.
Cabe recordar que hace poco más de un año el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundió un lapidario informe sobre la actuación del Judicial y estimó que sus problemas no se deben a la insuficiencia de dinero, ya que el sector fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor.
El relevamiento especificó que según datos del Ministerio de Hacienda, en 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68 por ciento del PBI por año, y que en el 2015 (el último disponible) llegó al 1,2 por ciento.
En poco más de un década, el PBI creció un 50 por ciento, mientras el gasto público en Justicia aumentó un 160 por ciento, el triple de lo que subió la producción.
“La enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión”, sostuvo Idesa, que asoció la situación con el hecho de que uno de los temas prioritarios de la agenda judicial sea sumar beneficios. “La reacción más común es clamar por más presupuesto”, vaticinó, aclarando que si bien es posible que haya más demanda de intervención judicial eso no alcanza para justificar semejante incremento de activos.

Dar el ejemplo
Ayer, al presentar los resultados del programa gubernamental Justicia 2020 en el CCK, el presidente Mauricio Macri no desaprovechó la oportunidad para referirse diplomáticamente a la polémica con el Judicial y llamó a la Justicia a “dar el ejemplo y construir un verdadero vínculo con la sociedad”.
Bajo la atenta mirada del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Macri enfatizó que el Judicial tiene “un rol fundamental en la estabilidad, en la previsibilidad y en reducir la pobreza en el país”.
Por su parte, Garavano resaltó que el programa allana el camino para la construcción de un sistema en base a “acuerdos colectivos”.
También expuso que la iniciativa que se puso en marcha en mayo de 2016 logró sortear las “enormes diferencias” planteadas por los diferentes actores judiciales, superar “la grieta” y ser entendido como una “política de Estado en materia de Justicia”, con el objetivo de “romper” parte de la mala imagen del Judicial.
“Más allá de los actores políticos, es la propia Justicia la que tiene que llevar adelante la transformación, sobre resultados concretos”, añadió.



Dejar respuesta