Fin del garantismo a lo kirchnerista

La oficialización de la mal llamada “Doctrina Chocobar” es una movida de rápidos reflejos para consolidar un nuevo mito de gobierno y demoler el viejo relato del gobierno anterior.



Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Llegó el terror de la progresía garantista: el gobierno oficializó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego. El Estado ha decidido reasumir sus funciones y premiar el correcto desempeño de las fuerzas de seguridad bajo la órbita de la ministra Bullrich, la nueva niña mimada del gobierno nacional.
La novedad llegó publicada en el Boletín Oficial y es un nuevo avance contra lo que queda del relato con el que el kirchnerismo se encargó de facilitar las redes de narcotráfico, la trata de personas o simplemente delincuencia e inseguridad en las calles.
Los santos devotos del garantismo zaffaroniano lloran por lo que consideran un avance del Estado represor sobre los derechos de los individuos, que se verían afectados por esta nueva dicrecionalidad con la que las fuerzas de seguridad podrían usar sus armas.
Los primeros pensadores que fundamentaron la necesidad del Estado lo hicieron pensando en que una autoridad superior debe garantizar el libre ejercicio de dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, ambos reconocidos en la Constitución y negados sistemáticamente al grueso de la población por un kirchnerismo que hizo del pobrismo una excusa para perdonar la delincuencia.
La resolución es bastante clara en su redacción, y aunque deja algunos vacíos importantes por la discrecionalidad con la que contarían los miembros de las Fuerzas, numerosas situaciones en las que éstos hoy se encuentran en inferioridad respecto a los delincuentes se verían fuertemente revertidas.
Entre esos casos se puede ubicar la mal llamada “Doctrina Chocobar”, por la cual un efectivo puede usar su arma para frenar la fuga de quien hubiere provocado un daño grave sobre la integridad de un tercero.
No hay dudas que la línea entre poner fin a una fuga y poner fin a una vida es demasiado delgada cuando se le da ese poder a un policía, pero también es cierto que los que argumentaban que el delincuente debería ser aprehendido y juzgado en los tribunales, hoy deberán esperar que los magistrados sean capaces de distinguir si un policía obró bien o mal y fallar en consecuencia.
Se da vuelta la tortilla pero los argumentos son los mismos. La diferencia está en qué vida se protege, si la del ciudadano que espera seguridad o la del delincuente que sale a jugarse la vida en un asalto.
La trágica historia de abuso de autoridad que tiene nuestro país nos obliga a ser cautos y evitar darles carta blanca a los policías y gendarmes, pero la historia reciente también demuestra que ser tolerantes con los que están dispuestos a tomar una vida por un par de zapatillas tampoco ha sido productivo para frenar el delito.
La resolución demuestra que el gobierno sigue desarmando los instrumentos legales que le dieron un sustento institucional al relato del gobierno anterior y que sobreviven hoy en una miríada de organizaciones que defienden esos postulados que se revelaron inútiles para proteger el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, centrales en nuestra idiosincrasia.
El tiempo dirá si la decisión fue acertada, si fuimos capaces de reducir la delincuencia sin elevar los casos de gatillo fácil o de ajustes de cuentas disfrazados de operativos policiales. Es un desafío por el que el gobierno actual será oportunamente evaluado en las urnas y en la justicia, si correspondiere.
Lo que es real es el colapso de un pensamiento central en la cosmovisión progresista, que desnuda cómo se va diluyendo su peso en el escenario político nacional. Seguro les servirá para cerrar filas, aunque esas vayan languideciendo por su desconexión respecto a la demanda por seguridad que se multiplica entre la gente.
Este giro del gobierno es un intento por evitar la dispersión por derecha hacia candidatos que no tengan chances de ganar, pero sí de robar votos que le asegurarían una victoria. Habiendo transitado con éxito la organización de la cumbre del G20, intenta usar ese envión para refundarse con un mito de garante del orden, algo que se le exige hace mucho tiempo pero que recién ahora parece haber decidido a perseguir en serio.



Dejar respuesta