Déjà vu con caso “Godoy”: consejeros K flojos de papeles

El emisario de La Cámpora, Wado de Pedro, llega al Consejo de la Magistratura de la Nación cuestionado porque no podía ser reelegido. En tanto, la massista Camaño no tiene los años de ejercicio profesional requeridos.

Por María del Pilar Viqueira

Salvo por el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y por el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, se renovaron 11 nombres en el Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque hay dos cargos que están en la mira.
Como un déjà vu con el caso del senador Ruperto Godoy (FpV), quien ingresó al organismo hace cuatro años sin título de abogado gracias a una reforma del kirchnerismo que flexibilizó requisitos, ahora la Justicia podría tener que analizar la situación del diputado Eduardo “Wado” de Pedro.
Despegándose de las intensas negociaciones políticas que derivaron en el desembarco del referente de La Cámpora en el consejo, el letrado Alejandro Fargosi le reclamó a la Corte Suprema que anulara su designación argumentando que la cuestión no es cómo fue elegido, sino que no puede ser elegido.
Concretamente, explicó que la legislación vigente no permite la reelección de ningún miembro titular y recordó que De Pedro completó el mandato de la diputada Stella Maris Córdoba (2010-2014) y que luego, en noviembre de 2014, fue reelegido en aquel carácter, razón por la cual debería esperar hasta 2022 si su intención es ocupar nuevamente un sillón del edificio porteño de Paraná 386.
El Máximo Tribunal rechazó por unanimidad el planteo de Fargosi y le tomó juramento a De Pedro, pero su continuidad no está asegurada.

Un lego
Cuando “Wado” juró para cumplir su segundo período, el sanjuanino Godoy hizo lo propio y se convirtió en el primer consejero lego, pero fue eyectado de su puesto por orden judicial, el año pasado.
La sentencia la dictó en mayo de 2017 el juez en lo Contencioso -Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien declaró inconstitucional el artículo de la ley 26855 que en el marco de la fallida “democratización de la Justicia” dejó de lado la obligatoriedad de haber egresado de la carrera de derecho.
Con el decisorio de Lavié Pico recobró vigencia el régimen anterior, que estipula que los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación deben cumplir los mismos requisitos que los magistrados; entre otros, ser abogados con ocho años de ejercicio profesional.
La causa la generó Fargosi, quien cuestionó el cambio de las exigencias para integrar el organismo y enfatizó que el objetivo fundamental de cuando se resolvió su creación fue instaurar un procedimiento predominantemente técnico de selección de magistrados.
“Para evaluar a abogados que son candidatos a jueces y a jueces hay que ser abogado. Un arquitecto no evalúa a un bioquímico. La justicia es un poder técnico”, sostuvo, con éxito.
Al confirmar el fallo del inferior y desestimar el planteo recursivo de Godoy, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal reivindicó la exigencia.
En esa oportunidad, la Alzada aclaró que aunque la representación de los legisladores en el consejo es política deben reunir las condiciones para ser jueces, teniendo en cuenta la idoneidad que ello supone.
Bajo esa premisa, estableció que la posibilidad de desempeñarse como consejero sin ser abogado colisiona con la voluntad del constituyente y con las funciones que le asignó al Consejo de la Magistratura.
El precedente “Godoy” abre la posibilidad de objetar también el nombramiento de la massista Graciela Camaño, quien obtuvo el grado de abogada en marzo de 2011, luego de una meteórica carrera de 24 meses en la Universidad de Morón.
Como la esposa del sindicalista Luis Barrionuevo se matriculó en el colegio de San Martín hace siete años no cumplimenta la cantidad de tiempo necesaria en el ejercicio de la profesión.
Pese a la polémica, el acto ante los supremos se desarrolló con normalidad.
En representación de la Cámara de Senadores juraron los peronistas Miguel Ángel Pichetto y Ada Itúrrrez de Cappellini -relevos de Mario Pais y Rodolfo Urtubey- y la riojana de la UCR Olga Inés Brizuela y Doria, que suplantará al radical Ángel Rozas.
Por Diputados asumieron De Pedro y Camaño, en reemplazo del kirchnerista Rodolfo Tailhade y del radical Mario Negri.
El recambio se completó con las juras de Marina Sánchez Herrero, elegida por los abogados del interior para suplantar a Miguel Piedecasas; de Juan Pablo Más Vélez, por los letrados de Buenos Aires, en lugar de Adriana Donato, y de Diego Molera, representante de los académicos, que ocupará el espacio de Daniel Candis.
Los jueces Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones también prestaron juramento en reemplazo de sus colegas Luis María Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez.



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