Juntos por Córdoba, a prueba y error: ¿Uber en carrera?

Después de que el proyecto oficialista de un nuevo marco regulatorio para taxis y remis debiera ser devuelto a comisión -in extremis- por Lucas Balián (por falta de apoyos para su aprobación), Juntos por Córdoba estudia remover el artículo 5, que vetaba la llegada de Uber.



Por Felipe Osman

Tras dos intentos fallidos por sancionar un nuevo marco regulatorio para taxis y remis, el oficialismo estudia qué variantes introducir a su proyecto para seducir a los ediles que integran la Comisión de Legislación General. Y después de su última experiencia, seguramente esté más preocupado por seducir a los propios que a los ajenos.
En su primer ensayo buscó impulsar un proyecto ideado por Lucas Cavallo y Lucas Balián, que incluía la figura de los “remises periféricos”, y que naufragó ante la resistencia de taxistas y remiseros y las duras críticas de la oposición, que entre otros señalamientos, apunto la imposibilidad de controlar que estos coches, autorizados sólo para tomar viajes fuera de circunvalación, no lo hicieran del otro lado de ella.
El segundo intento, mucho más próximo en el tiempo, fracasó en la sesión del pasado 11 de octubre, cuando la bancada oficialista se decidió a impulsar el proyecto ideado por Gustavo Fonseca, que prohibía la llegada de Uber a la ciudad.
Textualmente, el artículo 5 rezaba así: “Se prohíbe el transporte remunerado, oneroso, promocional, por canje o similares de personas en vehículos particulares registrados a través de llamada telefónica, software, aplicación móvil, sitio web o medios tecnológicos que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a pasajeros con conductores”.
Pero la proscripción de esta popular aplicación, de la que taxistas y remiseros han hecho una bandera, chocó de frente con la interna que Mario Negri y Ramón Mestre mantienen dentro de la alianza Cambiemos, y Juan Negri, hijo del ex gobernador, sentenció la suerte del proyecto abriéndose del bloque oficialista y llevándose tras de sí el apoyo de Héctor Carranza.
Quienes son propietarios de chapas de taxis y remises son, además, detractores de Uber por obvias razones: munidos de una licencia del Municipio –o de más de una, en muchos casos- para prestar un servicio de transporte, no quieren competir con quienes sólo tendrían que valerse de su fuerza de trabajo y un teléfono móvil para disputarles la clientela. Atiéndase que lo que se pide es la prohibición lisa y llana de Uber, y no una reglamentación que los haga competir en igualdad de condiciones.
Juan Negri, por otro lado, se encontró con la doble oportunidad de defender una causa que genera gran simpatía en una parte importante de la ciudadanía, y de poner una piedra en el camino de Mestre, competidor directo de su padre en el camino a la Gobernación el año próximo, trayendo nuevos problemas a un bloque oficialista que vive en un permanente estado de lucha interna.
Respecto de los motivos de Carranza para abandonar la posición de su bancada habrá que ser más escéptico, aún sin soslayar que los intereses económicos en juego no son para nada menores cuando de Uber se trata.
Pero superado este segundo mal trago, Juntos por Córdoba modela en la Comisión de Legislación General las modificaciones a incluir en su proyecto marco regulatorio para que, por fin, logre sobreponerse a las zancadillas que hasta ahora viene sufriendo a manos de sus propios aliados.
Lo sorprendente es que por estos días el cambio que el oficialismo ha dado a estudiar a los integrantes de la comisión es la supresión lisa y llana del artículo 5. Es decir que, de progresar este “proyecto de despacho” que la alianza UCR-PRO ha puesto a evaluación de los ediles (de los propios y de los ajenos) el próximo marco regulatorio que se vote en el recinto no pondría obstáculo alguno al aterrizaje de Uber en la ciudad.
El artículo 5 era, para muchos, el núcleo del proyecto. Y era, decididamente, el punto que más dividía las aguas en el recinto. Cabe preguntarse entonces a qué lógica responde el oficialismo cuando ofrece primero un proyecto de marco regulatorio y, ante la caída de este –a manos de sus propios ediles- ofrece otro desprovisto de la principal prescripción del primero. Hace pensar que, a fin de cuentas, su “técnica legislativa” se basa en un mero ensayo de prueba y error.



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