Aborto no punible: Portal de Belén, sin margen para demorar fallo

La Máxima Instancia local desestimó el pedido del grupo católico para que se sustanciara como presunto hecho nuevo el rechazo al proyecto de ley de legalización de IVE. También confirmó la composición del tribunal que decidirá si la guía elaborada por Provincia es o no constitucional.

abortoPor María del Pilar Viqueira

En el marco de la causa que la asociación civil Portal de Belén inició contra el Gobierno provincial por el denominado “Protocolo de abortos no punibles”, el Tribunal Superior local cuestionó la “frondosa actividad recursiva” de la demandante y reiteró su intención de dictar un fallo que ponga fin a la controversia.
En 2010, el Ministerio de Salud de la Nación dictó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” y se desató una fuerte polémica. El instructivo fue reformado y actualizado en 2012, luego del decisorio de la Corte que confirmó una sentencia de la Justicia de Chubut que autorizó a una joven de 15 años que fue abusada por su padrastro a interrumpir su embarazo.
En esa oportunidad, la Máxima Instancia estableció que en casos de violación sólo es necesaria la declaración jurada de la mujer, sin necesidad de judicializar los casos.
En abril de ese año, siguiendo los lineamientos establecidos por la Nación y la Corte, Córdoba elaboró la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”. Inmediatamente, la asociación que encabeza el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) presentó un amparo y el juez en lo Civil y Comercial Federico Ossola la admitió.
La medida fue ratificada por la Alzada. Los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera opinaron que el protocolo cordobés vulnera los derechos de los menores por nacer.
Por unanimidad, la Cámara se apartó del criterio de la Corte Suprema. Los argumentos los formuló Barrera Buteler, quien fue recusado sin éxito por haber opinado en una publicación en contra del aborto y porque pertenece a una entidad vinculada a la Iglesia.
Entre otras consideraciones, el juez plasmó que dar por probado que la mujer que pide practicarse un aborto fue violada con “una simple declaración jurada” implica el “riesgo de que existan casos fabricados”.
El decisorio generó críticas de diversos sectores y la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir consideró que estaba “lleno de arbitrariedades y argumentos contrarios” al ordenamiento jurídico.
La Provincia recurrió y el expediente llegó al TSJ, que lleva seis años analizándolo.
A principios de 2016, cuando fijó un plazo de 15 días hábiles para que las personas o instituciones con “reconocida experiencia en la materia” expresaran sus opiniones sobre el tema, como “amigos del tribunal”, parecía que la solución estaba cerca, pero a más de tres años de ese llamado las actuaciones siguen estancadas.
En mayo de este año, mientras se aguardaba un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, el Portal de Belén cuestionó la integración del TSJ.
La asociación pidió detalles sobre el proceso de selección de los magistrados que reemplazarían a los vocales Carlos García Allocco (de licencia por razones de salud) y a Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, quienes se apartaron porque tomaron contacto con el expediente antes de ingresar al TSJ: el primero, como letrado de la Provincia; la segunda, al dictaminar como fiscal General Adjunta.
Ahora, el TSJ ratificó a los magistrados que establecerán si la guía que fija el procedimiento para las mujeres que reclaman un abortos por haber sido víctimas de delitos sexuales o por razones de salud es o no constitucional.
En tanto, instó a evitar “manifestaciones litigiosas deformadas”, teniendo en cuenta la expectativa social que se generó por una decisión que gravita en “derechos de la más alta jerarquía”.
Así, confirmó que la sentencia definitiva será dictada por los vocales “naturales”: Aída Tarditti, Domingo Sesin, Luis Rubio y Mercedes Blanc de Arabel, además de los camaristas Claudia Zalazar, Julio Sánchez Torres y Silvana Chiapero, llamados a completar el tribunal.
“Los apartamientos ensayados resultan manifiestamente improcedentes, pero más aún en el contexto y en conexión con la batería de incidencias promovida por la parte demandante que, si se las vincula, evidencian la voluntad de impedir la integración”, disparó el Alto Cuerpo al rechazar las recusaciones del Portal de Belén contra Sánchez Torres (sin causa) y los cuatro titulares del TSJ (con causa, por presunta mora).
Tras aclarar que adoptó todos los recaudos tendientes a conjugar el amplio derecho de las partes a un debido proceso con la necesidad de allanar el camino para que pudiera haber un fallo en un plazo razonable, la Máxima Instancia sostuvo que la postura de la parte actora era contradictoria con la “frondosa actividad recursiva” que desplegó; particularmente, en el último tramo del proceso.
El TSJ también rechazó, por extemporáneo, el pedido del grupo católico para que se sustanciara como presunto hecho nuevo el rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto de ley de legalización del aborto, al entender que se trata de una cuestión que excede con creces lo que se debate concretamente en la causa, con independencia de su resultado.
“Este tribunal ratifica que el aseguramiento del más amplio derecho de defensa que en esta causa se ha garantizado meticulosamente es incompatible con el despliegue de conductas dilatorias; con mayor razón, cuando la sociedad cordobesa y las otras partes están esperando una pronta resolución sobre una controversia que reviste la máxima trascendencia social e interés público”, expresó finalmente el TSJ.



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