Zaffaroni vuelve a Córdoba para recitar sobre DD.HH.

El gurú del abolicionismo hablará en el auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela. Llega a la ciudad luego de opinar sobre la situación de Lula y dar por hecho que es un preso político y no un político preso.



Por María del Pilar Viqueira

El ex juez de la Máxima Instancia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni, vuelve a la ciudad; esta vez, para declamar en la denominada “Conferencia Magistral: Fascismos, Estado democrático y Derechos Humanos”.
El lugar elegido por los organizadores del evento -el Programa de Derechos Humanos y el Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Justicia Legítima Córdoba, entre otros- no pasa inadvertido: el gurú del abolicionismo hablará en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela.
Mañana, millones de venezolanos se levantarán sin comida para poner sobre sus mesas. Mientras, la tropa disciplinada que comparte las extravagantes lecturas de la realidad del ex supremo lo escuchará disertar luego de ingerir su desayuno, cómodamente desplegada en la Ciudad Universitaria.
La difusión del encuentro en las páginas de redes sociales enfocadas en los jóvenes profesionales del derecho suscitó críticas.
En general, los abogados del foro local que dan sus primeros pasos no sólo cuestionaron la autoridad moral del ex ministro de la Corte -quien actuó como juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y jamás otorgó hábeas corpus que hubieran permitido salvar vidas durante esos años oscuros-, sino que se mofaron de la elección de la locación para su disertación.
Las opiniones vertidas en Internet generaron la reacción de uno de los organizadores de la conferencia, quien intervino y protestó por lo que definió como “faltas de respeto”. No es extraño: la solemnidad que roza el autoritarismo es común entre los admiradores de Zaffaroni.
El magistrado desembarcará en Córdoba horas después de emitir declaraciones polémicas; esta vez, vinculadas a la situación procesal del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su estrategia electoral.
Aunque la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del Tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad, Zaffaroni viola sistemáticamente esas disposiciones desde que asumió.
En miércoles, entrevistado por Radio Caput, dando por hecho que Lula es un preso político y no un político preso, opinó que tendría que haberse “exiliado” para evitar ser detenido. “Se tendría que haber escapado como hizo Perón”, disparó.
Para Zaffaroni, el líder del Partido de los Trabajadores “se equivocó en dejarse meter preso” y “en tardar en largar a su candidato (Fernando Haddad), a quien Brasil no conocía”.
El comportamiento indecoroso del referente de Justicia Legítima y su constante intervención en asuntos de política interna argentina y de otros países de América Latina es moneda corriente.
En febrero de 2017 lanzó la declaración más inapropiada de las muchas que expuso. Entrevistado por Radio 10, se refirió a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner y de varios integrantes de su Administración por el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA y dijo “Si estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces”.
Mientras en Córdoba se organizaba la filial local de Justicia Legítima, el exabrupto del referente del colectivo K y fuerza de choque ideológica en el Poder Judicial generó una verdadera catarata de objeciones, de distintos sectores.
A su vez, le dio mayor sustento al punto de vista de la Asociación Civil Usina de Justicia -fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest- que en julio del 2016 impugnó su cargo ante la CIDH.
Con las firmas de Cohen Agrest y César Mayer, la ONG incluyó en la nota que presentó ante la Corte Interamericana una extensa enumeración de las actividades irregulares del jurista.
Entre otras conductas reñidas con la honorabilidad que le impone su función, citó que despliega una intensa actividad partidaria y militante tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina; que actúa en forma ostensible como asesor legal particular de la ex mandataria; que propala públicamente opiniones descalificadoras hacia Mauricio Macri y denosta su elección democrática.
En esa línea, consideró que la violación de los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad por parte del penalista afectan a la CIDH y le solicitó que le recomiende su exclusión a la Asamblea General de la OEA su exclusión.
En enero de ese año, Zaffaroni renovó sus críticas contra la coalición gobernante y manifestó su “deseo personal” de que se vaya “lo antes posible”.
Tanta desmesura tuvo repercusiones. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que debería renunciar a la CIDH y el diputado Mario Negri consideró que invitaba a desestabilizar al Gobierno.
Otro actor que ingresó a la controversia fue el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Histórico detractor de Zaffaroni -en el 2003 impugnó su candidatura a la Corte- alegó que los dichos del juez excedieron el ámbito de la libertad de expresión.
Por su parte, el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” que “cree en los derechos humanos, pero no de todos los seres humanos”.
Además, escribió que aunque dedicó “ran parte de su obra a criticar el derecho penal del enemigo no tuvo empacho en utilizarlo contra acusados de delitos de lesa que intentaron estudiar en el programa UBA XXI, a pesar de que varios ni siquiera habían sido condenados.



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