Elogio de la ministra Bullrich

Nadie dice que la seguridad pública deba ser considerada como una cuestión privada. Si hay algo que caracteriza al Estado moderno, esto es, su verdadera esencia, es el monopolio de la violencia legítima, conforme a la acertada definición de Max Weber.

Por Pablo Esteban Dávila

La Argentina es un país extraño, raro. Vivimos quejándonos de los que no respetan las normas. Nos enardecemos (y con razón) con los piquetes, los cortes de calles y la delincuencia –la común y la de guantes blancos. Pedimos a gritos que los funcionarios hagan lo que corresponda lo cual, como resulta obvio, implica hacer cumplir la ley. Pero, cuando de golpe aparece un ministro hablando precisamente de ello, se desata la polémica.
Es el caso de Patricia Bullrich, la responsable de la cartera de seguridad del presidente Mauricio Macri. La ministra dijo que, como la Argentina es un país libre, la gente puede optar por ir armada por la vida, a condición que cumpla con la reglamentación aplicable. Especificó que, según las normas, se puede portar armas o se puede tenerlas, solicitando las autorizaciones de rigor ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) aunque, según su opinión, “es mejor no estar armados”.
En rigor, Bullrich no dijo nada que no se supiera, ni tampoco alentó a ningún argentino que nunca tuvo un arma a comprarla y dispararle a cualquier sospechoso. Tampoco puede inferirse que prefiera el régimen que existe en los Estados Unidos –en el que puede comprarse armamento de guerra libremente y sin necesidad de cumplimentar con requisito alguno– al vigente en nuestro país. Sin embargo, han caído toneladas de improperios contra su persona desde los sectores de lo políticamente correcto. Desde acusarla de fomentar la justicia por mano propia hasta caricaturizarla como una pistolera, al estilo del far west.
¿Por qué tanto escándalo? ¿Por describir una situación legal ya existente y que nadie discute? ¿Por el tono ligero y de comentarista deportivo que utilizó para recordarla? Es cierto que la sociedad está particularmente sensibilizada por la situación de inseguridad que padece y que el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil ha venido a actualizar un debate siempre abierto en la Argentina, pero no por ello debe estigmatizarse a la ministra por sus dichos. Por el contrario, debe felicitársela por haber recordado a la población que tiene derecho a comprar un arma en el marco de la ley. No está de más recordar a la Constitución Nacional cuando surge alguna duda: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Es el principio de libertad personal y el principio de legalidad los que deben orientar este tipo de debates.
Detrás de la discusión se encuentra, por supuesto, el tema de los probables justicieros asesinando a potenciales ladrones sin debido proceso ni un juicio justo. Este punto de vista podría considerarse válido y, de hecho, moviliza a mucha gente. Sin embargo, reclamar que no se hable de la venta de armas debido a tal argumento equivaldría a recomendar que no se promocione la comercialización de automóviles nuevos por la alta tasa de siniestralidad vial que padece el país. Un verdadero absurdo.
Las críticas a Bullrich no deben ser entendidas, únicamente, desde la preocupación por la violencia privada sino también desde la inveterada tradición nacional de pedirle al Estado que nos trate como a niños incapaces de discernir qué es lo que nos conviene. Esta línea de pensamiento, que tanto estrago ha producido en la economía, tiene asimismo huellas profundas en el cuerpo social. Muchos argentinos consideran que el Estado debe cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras tendencias a obrar conforme los criterios y valoraciones propias. La disputa por las armas debe ser también entendida en esta lógica.
Nadie dice que la seguridad pública deba ser considerada como una cuestión privada. Si hay algo que caracteriza al Estado moderno, esto es, su verdadera esencia, es el monopolio de la violencia legítima, conforme a la acertada definición de Max Weber. Es adecuado y conveniente que sea así. Sin embargo, el hecho que un ciudadano pueda comprar un arma en un lugar habilitado y llenando la papelería que se le exige no supone que detrás de su decisión exista un David Koresh con un montón de davidianos dispuestos al holocausto. Esta presunción, tan típica de personas que consideran que el Estado debe anticiparse a decisiones personales presumiblemente erróneas, pone de manifiesto que la ideología de lo políticamente correcto pretende reemplazar a los principios de la libertad y de la legalidad.
Quién adquiera un arma puede hacerlo por hobby, porque le gusta la caza o para defensa personal. Sólo una siniestra minoría (es lo que dicen las estadísticas) las utilizarían para integrar escuadrones de la muerte o cosa semejante. Pero, a juicio de los críticos de la ministra, es mejor callar sobre aquellos usos, tan legales como conducir un auto o comprar alcohol. “De esto no se habla”, parecerían exigir evocando la famosa película de María Luisa Bemberg, como si el silencio fuere el antídoto a la violencia urbana o las tentaciones de minúsculos grupos de ciudadanos por cobrarse alguna cuenta con el delito y prescindiendo de acudir a las fuerzas de seguridad pública.
No deja de resultar paradójico, finalmente, que quienes se oponen a los dichos de Bullrich sean los mismos que se rasgan las vestiduras cuando la violencia legítima del Estado se ejerce conforme la demanda legal. “Mano dura” o “represión” son los sustantivos preferidos para descalificar la acción de la policía o gendarmería cuando, en forma tan errática como infrecuente, los gobernantes exigen que se combata eficazmente a la delincuencia o se liberen las calles o las rutas. Para este tipo de personas, es tan malo que los ciudadanos tengan armas como que las fuerzas de seguridad las utilicen. Piénsese, como botón de muestra, en el caso del policía Chocobar. A juicio por matar un ladrón que acababa de intentar asesinar a un turista y que por poco lo logra. Si este turista –que, para más datos, es estadounidense– hubiera sacado una pistola de entre sus ropas y lo hubiera ultimado él mismo también estaría en problemas, con el agravante de ser un yanqui imperialista.
Los únicos que parecen poder utilizar las armas sin tanto rollo son los propios delincuentes. Sin papeles ni remordimientos, para ellos el RENAR es un medicamento y la Ley algo que da réditos, tanto al violarla como al beneficiarse de los derechos que otorga, especialmente luego de habérselos quitado a los demás. Adicionalmente cuentan con los mecenas del progresismo, preocupados tanto para que los particulares no tengan armas como para que las fuerzas de seguridad no las utilicen. Definitivamente la Argentina es un país extraño, y Bullrich una anomalía que merece un elogio.



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