Se afianza despliegue de fuerzas federales

La Provincia apuntala la coordinación de acciones para cumplir objetivos en materia de seguridad. Los ministros Massei y Bullrich suscribieron un nuevo acuerdo para combatir el narcotráfico.

A una semana de la polémica que se generó por un operativo de Gendarmería Nacional en un colectivo de la línea 22, la Provincia afianzó sus objetivos en materia de prevención del delito con la rúbrica de un convenio de cooperación institucional con la Nación, para combatir el narcotráfico.
El nuevo acuerdo -que establece mecanismos de coordinación y será enviado a la Unicameral para que sea aprobado por ley- fue suscripto ayer por los ministros Carlos Massei y Patricia Bullrich, en el marco de la visita del presidente Mauricio Macri.
La medida fue anunciada por el gobernador Juan Schiaretti, quien sostuvo que la lucha contra aquel ilícito “debe ser una política de Estado” y adelantó la predisposición de su Administración para “cambiar lo que haga falta” en materia legislativa.
En ese sentido, recordó que en la jurisdicción los federales se concentran en distribuidores y elaboradores, mientras las policías locales se enfocan en el narcomenudeo, una dinámica que, según destacó, impone equilibrar esfuerzos.
Desde que Macri llegó al Ejecutivo, la Provincia cuenta con la Nación en materia de seguridad y hay entendimiento entre los actores involucrados.
Hace un mes, en la X Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, Massei ponderó la política conjunta en narcocriminalidad y confirmó que era inminente la firma del convenio interinstitucional, que establece acciones conjuntas y unificadas en prevención, investigación, juzgamiento y condena.
Las gestiones que derivaron en la firma del acuerdo comenzaron en septiembre, cuando Massei, el titular de la cartera de Justicia local, Luis Angulo, y el fiscal General Alejandro Moyano mantuvieron audiencias con funcionarios del gobierno nacional y con miembros de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
En esa instancia se definió la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Criminal, que tendrá sede en Córdoba y de la que participarán las fuerzas de seguridad de la provincia, más Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria.
Semanas antes, Angulo y Massei se habían entrevistado con los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, con el fin de reiterarles la necesidad de fortalecer los dispositivos de coordinación entre los organismos jurisdiccionales y las distintas fuerzas que actúan en Córdoba.

Falencias
Las falencias en el plano de la colaboración de los funcionarios del edificio de la calle Concepción Arenal fueron puestas de manifiesto el año pasado por Gustavo Ispani, el camarista que juzgó y condenó a 12 personas en la causa denominada “Chaco Chico”, el proceso más importante que llevó adelante el Poder Judicial cordobés desde que se provincializó la persecución del narcomenudeo.
En mayo de 2017, el magistrado dio a conocer los fundamentos de su sentencia y enfatizó que se imponía una labor conjunta para evitar que “los eslabones superiores” continúen usando el dinero que extraen de los consumidores y “de los rehenes que trabajan a su antojo”.
Además, le apuntó a sus colegas federales y planteó que en algunos casos existían “contrapuntos” al tiempo de avanzar en las pesquisas y dificultades a la hora de determinar la competencia.
Cuando Ispani dictó su sentencia, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo también le pasó factura a las fuerzas federales y pidió que hicieran “lo que deben hacer”.
En tanto, en referencia a la tarea que lleva adelante el fuero especializado y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), sostuvo que el esfuerzo era “gigantesco”.
Gendarmería
Desde hace varias semanas Gendarmería Nacional lleva adelante controles de rutina, como resultado del acuerdo de cooperación que suscribieron en abril el Gobierno de la Provincia y el de la Nación.
Para reforzar la seguridad, se conformó un comité operativo y se estructuró un plan de acción que incluye el relevamiento de accesos viales y la intervención conjunta de gendarmes, policías locales y federales y efectivos de la FPA en las zonas con mayor conflictividad y violencia.
Cada parte aporta instrumentos de soporte logístico, comunicación e investigación criminal.
Cuando las operaciones abordan delitos de competencia federal -como narcotráfico y trata, entre otros- son dirigidas y supervisadas por Gendarmería Nacional.
Ante las críticas de algunos sectores por el operativo en el cual agentes federales pidieron documentos y revisaron las pertenencias de algunos usuarios del transporte público, el secretario de Seguridad Alfonso Mosquera respaldó la actuación de los gendarmes.
El funcionario precisó que si una persona no tiene DNI o se resiste a exhibirlo no tendrá problemas, siempre y cuando no tenga orden de captura.
Además, dijo que los controles seguirán y estimó que la sociedad los avala.
Como era previsible, no faltaron quienes aprovecharon la oportunidad para agitar el fantasma de la dictadura: el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; otros dirigente de Unidad Ciudadana y referentes partidos de izquierda dieron la nota el 23 de octubre. Lo propio hizo la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que estimó que se estaba ante “un nuevo intento de militarizar el territorio del país con la excusa de la persecución al narcotráfico y la inseguridad”.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian aclaró que las fuerzas de seguridad tienen autorización tanto para solicitar identificaciones como para hacer requisas.
La controversia se mitigó a lo largo de la jornada; en especial, luego de que ElDoce.tv publicara un video que registró la detención de un joven que portaba un arma de fuego, 15 días antes, en un control en un móvil de Coniferal, en barrio El Cerrito.



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