El gasto previsional crece cuatro veces más que el resto

Este año las prestaciones de la seguridad social se llevarán $ 952.345 millones; $792.450 millones irán a los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema regular (cobradas por algo más de 6,7 millones de personas) y otros $ 97.192 millones, a las pensiones no contributivas.

Argentina es el país –entre 34- menos preparado para garantizar el pago de jubilaciones. Se ubica en el último lugar del Indice Mundial de Pensiones que realiza la consultora Mercer; encabeza Holanda, seguido por Dinamarca y Finlandia. El problema que marca el trabajo es el sistema de recaudación. Por eso es “tan urgente como ineludible avanzar con mayor énfasis en el ordenamiento de las cuentas públicas”, según entienden los economistas de Idesa.
En el caso de la Argentina, la directora de Wealth de la consultora, Ana María Weisz, afirmó que hay que “mejorar la recaudación daría aire a la financiación del sistema” y que, por ejemplo, dar una jubilación mínima para quienes llegaron por moratoria o simplemente no aportado no alcanza ese importe.
El sistema previsional es el principal motor del déficit fiscal. El gasto previsional crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones. Si bien es cierto que a partir de marzo de este año empezó a operar la nueva regla de movilidad, que llevará a que los haberes se ajusten más en consonancia con la inflación, no se debe perder de vista que el gasto previsional se expande no sólo por aumentos de haberes sino también porque los nuevos jubilados superan a los beneficiarios que fallecen.
“En otras palabras, aun con la nueva fórmula de movilidad el sistema previsional es un factor de desestabilización de las cuentas públicas debido a que la cantidad de beneficiarios crece con el tiempo”, señala el informe.
Con este marco debería quedar claro que el principal desafío que enfrenta la política económica no es definir hasta dónde sube la tasa de interés, cómo intervenir sobre el dólar, ni en cuánto y cómo endeudarse: el gran reto es abordar la reforma previsional.
Para la consultora el no haber incluido este tema cuando se debatió la ley de reparación histórica fue una gran pérdida de oportunidad. “Se dispuso invertir una enorme masa de recursos para levantar la hipoteca previsional que había dejado la irresponsable decisión de negar movilidad a una gran cantidad de jubilados entre los años 2002 y 2008, pero respecto a la crítica situación presente y al sombrío futuro del sistema se dispuso sólo la creación de una comisión”.
Luego de casi dos años de fijada esa encomienda, se anunció la creación en el ámbito del Ministerio de Trabajo de una unidad ejecutora especial transitoria con el objetivo de abordar el “ordenamiento para la sustentabilidad y la suficiencia del sistema de seguridad social”.
Entre varias de sus funciones se destaca hacer un diagnóstico de los parámetros del sistema previsional, proponer una reforma de los regímenes de jubilaciones especiales y diferenciales y revisar el financiamiento de las prestaciones contributivas y graciables.
Hay que abordar con urgencia los problemas previsionales, caso contrario, seguirán creciendo los intereses de deuda pública. A febrero, el pago anual de intereses casi se duplicó, pasando desde $136 mil millones a $250 mil millones lo que “demuestra que dilatar la reforma bajo el argumento de defender la protección de los ancianos es oportunista ya que la situación es insostenible y poco equitativa, no solo con los adultos mayores sino también con el resto de la población, especialmente los niños y los jóvenes”.

Los números
Para este año, la previsión oficial es que las prestaciones a la seguridad social se lleven $ 952.345 millones. La distribución estimada por la ley de presupuesto indica que, de ese monto, $ 792.450 millones irán a los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema regular (cobradas por algo más de 6,7 millones de personas) y otros $ 97.192 millones, a las pensiones no contributivas (son 1,5 millones).
La primera cifra está integrada, además, por $ 59.657 millones para el plan de reparación histórica, y por $ 3046 millones para la pensión universal dirigida a personas que, al cumplir 65 años, no acceden a una jubilación por falta o insuficiencia de aportes.