Mestre, suave con Schiaretti: ¿tregua o repliegue?

Terminado el paro de transporte, el intendente justificó el rol jugado por la Provincia en el conflicto, que había sido calificado como omisivo por Cambiemos en la Legislatura.

Por Felipe Osman

La tensión que signó los últimos tiempos de la relación Ramón Mestre-Juan Schiaretti parece haber quedado atrás. O, al menos de parte del intendente, no se han vuelto a escuchar críticas hacia el gobernador desde la reunión que ambos protagonizaron semanas atrás en El Panal.
A esto sucedió la firma de un convenio para actualizar los montos que la Provincia transfiere al municipio por los servicios de educación y salud que éste presta, y un extenso conflicto con las empresas a cargo del servicio de transporte que, con anuencia de la UTA, lanzaron un “paro rentable” de diez noches durante el horario de menor corte de boletos, de 22 a 6.
Por esta afectación al servicio de transporte, calificado como “esencial” por la legislación provincial -aunque no por la normativa nacional- Orlando Arduh y Javier Bee Sellares, principales espadas de la UCR en la Unicameral, apuntaron fuertes críticas al Centro Cívico, acusándolo de no hacer cumplir la Ley de Servicios Esenciales que el Legislativo provincial sancionó en 2017, justamente al concluir el feroz paro de UTA que paralizó la ciudad por nueve días completos a mediados del año pasado.
Mientras los parlamentarios radicales acusaban al gobierno provincial de no tener voluntad de hacer cumplir la ley, los engranajes del Ministerio de Trabajo de la Provincia se movían lentamente. El ministro Omar Sereno resolvió llamar a una conciliación obligatoria (que no fue acatada por el sindicato) y convocar a la Comisión de Garantías prescripta por la ley para que se avocara al estudio de la situación y, al cabo de ello, emitiera un dictamen aconsejando sobre las dotaciones mínimas de personal necesarias para mantener la prestación indispensable del servicio.
Mientras tanto, el PJ capital salió a cuestionar duramente al titular del Palacio 6 de Julio por no arbitrar medios legales necesarios para morigerar el paro del transporte, e incluso llegó a recordarle a Mestre que si las empresas no prestaban el servicio, la Municipalidad debía asumirlos “por sí o por terceros” para garantizar su prestación.
Pero cuando la patronal y el sindicato llegaron a un acuerdo y el paro terminó, Mestre no refrendó las críticas que los legisladores cambiemitas habían endosado a Schiaretti. Todo lo contrario. El intendente explicó, en una entrevista radial, que el conflicto había sido nacional y, por tanto, era necesaria una ley nacional para reencauzar el asunto. Luego, declaró textualmente que no era su intención criticar, al menos en este momento, al mandatario provincial.
Resulta muy distinto este Mestre de aquel que, apenas semanas atrás, no perdía oportunidad de cuestionar a Schiaretti por el reparto de los fondos coparticipables, comparando el trato que le dispensaba el gobernador con el que podían esperar los opositores durante la era kirchnerista.
¿Cuál es entonces el alcance de la tregua pactada entre el intendente capitalino y el mandatario provincial?
Un mes atrás Mestre no era difícil de interpretar. Confrontaba abiertamente, y a cada oportunidad, con quien competirá en las próximas elecciones por el despacho principal del Centro Cívico. Y esto resultaba completamente coherente con sus intereses, a saber: posicionarse para disputar la Gobernación en 2019.
La crisis económica, que a nivel provincial repercutió en una caída de la recaudación casi 10 puntos por debajo de la inflación, seguramente haya comenzado a producir el mismo efecto en las cuentas del Palacio 6 de Julio, pero con un agravante: las paritarias que la Provincia firmó con los gremios públicos incluyen una cláusula que permite renegociarlas ante este supuesto, es decir, contempla una cláusula gatillo “flexible”; el acuerdo entre la Municipalidad y el Suoem no prevé una situación similar. El principal costo de la Municipalidad, el salario de los municipales, es no puede renegociarse ante una caída de la recaudación.
Súmese a este escenario la quita de subsidios al transporte, que si bien sería subsanada por la creación de un fondo para garantizar su gradualidad, aún no tiene solución definitiva.
Mestre necesita una relación con la Provincia que le permita acceder a la financiación que rechazó en el marco de la disputa por fondos coparticipables por su negativa a firmar el pacto fiscal provincial, y habría empezado a obtenerla. Al mismo tiempo, necesita confrontar con quien será su adversario en las próximas elecciones. Entonces, ¿Cuál es el plazo de este renovado pacto de no agresión? ¿Tiene fecha de caducidad?



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