Convencer por las malas

Los habituales actos de violencia reflejan una forma de interactuar en política que no se corresponde con el sistema democrático, aunque los responsables de prevenirlos parezcan no preocuparse.



Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Hay ocasiones en las que la escisión entre el sentido común y los hechos son notables y preocupantes. El uso de la violencia como lenguaje político parece más frecuente que el correcto uso del condicional en el lenguaje coloquial. Sería algo como que “si tuviésemos una cultura política madura, la violencia sería innecesaria”.
No hay dudas de que los paros y las movilizaciones son más efectivos cuando más gente se adhiere, pero especialmente cuando la gente tiene la necesidad de salir a reclamar por sus derechos. Intimidar a los simples trabajadores es un gusto que los cabecillas de los gremios gustan de darse cuando su diezmo se empieza a achicar.
Las escenas de violencia que nos legaron los taxistas ofendidos con el tan ansiado desembarco de Uber en Córdoba reafirman lo que la gente siente: las decisiones se toman por negociados corporativos, pocas veces pensando en el beneficio del ciudadano. De hecho, si los concejales pueden cambiar su voto por “temor” al enojo de los taxistas, ¿qué le queda al pobre usuario que no tiene el respaldo del Estado cuando se sube a un móvil y se da cuenta de que el chofer le devuelve un billete trucho?
La necesidad de algunos sectores de encumbrar a la violencia como medio legítimo de reclamo contrasta con la proliferación de mecanismos tecnológicos y analógicos de participación y comunicación. Habiendo tantas formas de encontrarse a debatir, recurrir a los golpes y las amenazas es un anacronismo indefendible.
Claramente hay una inspiración entre ideológica y cultural, que entiende a la política como la imposición de una fuerza sobre otra, negando a las minorías y endiosando a las mayorías. Como éstas siempre cambian, el sentido de la fuerza también lo hace, lo que se traduce en más conflictos en el seno de la sociedad.
Siguiendo los mismos lineamientos de tan ilustrado grupo de sindicalistas, la semana pasada hubo un grupo de personas (de conocido vínculo con ciertos sectores de la oposición) que decidió escrachar a la gobernadora de Buenos Aires. Los defensores de dicho instrumento de intimidación se escudan en aquella parte del juramento en el que los políticos se comprometen a que el pueblo les demande por su desempeño, algo tan caprichoso como aferrarse de un acto fallido para ganar una discusión.
La intimidación como forma de participación política sería a la decencia y la convivencia democrática lo mismo que la adolescencia al desarrollo de la vida, por cuanto no entiende sobre las virtudes de exponer razones para imponerse desde los argumentos. Esa lógica es la que demostró Hebe de Bonafini al respaldar las acciones contra la gobernadora, pidiendo que los funcionarios no puedan salir a la calle.
¿Por qué esas formas tan poco saludables de interacción política se resisten a desaparecer? No sólo porque algunos las eligen como el primer camino para relacionarse con el otro, sino también porque los que deben velar por ponerles un límite eligen el camino rápido y sensible del garantismo zaffaroniano para dejarlos actuar.
Es en ese sentido que se puede entender la postura del fiscal Pablo Vignaroli -encargado de investigar los incidentes en una manifestación en la ciudad de Neuquén- para el que tirar piedras no es delito, porque hay que poder comprobar fehacientemente el daño.
En base a su razonamiento (y el de gran parte de la biblioteca jurídica argentina) es preferible que nadie vaya preso por un asesinato por una piedra de origen desconocido que encarcelar a los responsables de tirar las piedras que pueden desembocar en dicha muerte. La vida del muerto vale menos que los derechos de los altruistas acomodadores de cascotes.
Mientras la clase política argentina no empiece a ser más tajante respecto a la condena por el uso de la violencia y la intimidación como mecanismo de participación política, siempre existirá el riesgo de que las cosas vayan escalando progresivamente.
Como dijo Cicerón (y popularizó Perón), “la violencia es el derecho de las bestias”, al parecer el único que respetan los políticos y jueces argentinos que hoy toman decisiones que nos afectan a todos en nuestra convivencia democrática.



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