A cuatro años de la sentencia que desnudó la “trata” como delito virtual

“Alguien debe haber calumniado a Joseph K., porque una mañana, sin que hubiera hecho nada malo, se lo llevaron preso”. (El Proceso, Franz Kafka)



Por Daniel Gentile

En una madrugada de fines de marzo de 2012, en el marco de una causa por “trata de personas”, se ejecutó en el centro de Córdoba un procedimiento cargado de una violencia desproporcionada. Encabezados por el Fiscal Federal Enrique Senestrari, gendarmes y policías irrumpieron en cinco whiskerías y arrasaron con todo. Los clientes fueron demorados, las trabajadoras derivadas a la “Oficina de Acompañamiento y Rescate de personas víctimas de trata” para ser atendidas como si se tratara de enfermas, y los encargados y administradores detenidos.
Los principales imputados fueron Favio y Daniel Barey, que desde aquella mañana quedaron privados de su libertad.
Los medios informaron profusamente y, como es habitual en estos casos, dijeron que “diecinueve mujeres habían sido rescatadas”. Nunca aclararon de qué habían sido rescatadas, o si fueron encontradas esposadas o en calabozos.
Desde el primer momento quedó claro que todas las mujeres eran mayores, que estaban por su voluntad y que tenían plena libertad para moverse y retirarse del establecimiento. Hubo incluso alguna que no se privó de declarar que había elegido ese trabajo no sólo por sus ventajas económicas, sino por razones estrictamente vocacionales. Se informó que eran “vulnerables”, pues provenían de estratos humildes, aunque varias poseían instrucción secundaria e incluso terciaria.
Años de prédica y adoctrinamiento han logrado que el inconciente colectivo vincule la palabra “trata” con prostitución forzada y con mafias que se dedican a secuestrar mujeres para explotarlas en prostíbulos.
En realidad, en términos jurídicos este delito no es otra cosa que la intermediación en la prestación de servicios sexuales. Con el mismo criterio con que se criminaliza esta intermediación, podría penalizarse la de inmuebles, la de futbolistas o la de artistas.
La “trata” como equivalente a mafias de secuestradores no existe, es un mito urbano difundido con intenciones ideológicas. Un superficial análisis lógico lleva a la conclusión de que sería absurdo montar semejantes organizaciones delictivas, con el enorme riesgo que ello supone, habiendo miles de mujeres dispuestas a prestar voluntariamente servicios eróticos, ya sea de manera independiente o como parte de una empresa.
Avanzando un paso en este razonamiento, puede afirmarse que si existieran esas mafias, los delitos serían otros: privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, promoción de la prostitución con uso de violencia.
Las llamadas leyes “de trata” son probablemente las más inconstitucionales dictadas en tiempos de democracia. Esencialmente, son instrumentos que facultan al Estado a asomarse al interior de las personas para investigar y eventualmente castigar los móviles de una relación sexual.
La figura de la trata, tal como está delineada en el código penal, es un delito virtual, sin víctima. Por el contrario, hay víctimas de esta legislación increíble. En tal sentido, el caso que estoy recordando es paradigmático.
A lo largo de más de dos años y medio que transcurrieron hasta la sentencia, el fiscal instructor exhibió las cabezas de los imputados como trofeos que ameritaban su condición de ejecutor ejemplar de la ideología dominante. Esto es más difícil de entender pues estaba de por medio la libertad de varias personas, pero adviértase que esas personas no pertenecen al “canon” o al “mundo respetable”, según los preceptos que dicta el establishment.
Finalmente, escuchados todos los testimonios en el juicio, quedó en claro que no había ninguna prueba para condenar a nadie.
Sin embargo el Fiscal del Tribunal Oral pidió la condena de los hermanos Barey. Admitió en su alegato que le resultaría muy difícil fundar su reclamo, pero finalmente optó por una curiosísima tesis: acusó a los Barey de conocer la ley y usar ese conocimiento “como estratagema”.
Afortunadamente, en este proceso los imputados tuvieron mejor suerte que Joseph K., y un día de la segunda quincena de octubre de 2014 fueron absueltos, después de haber sufrido más de dos años y medio de prisión, no menos absurda que la que padeció el personaje de Kafka.
El Ministerio Público no quedó conforme con la absolución y recurrió al Tribunal de Casación, que ordenó realizar un nuevo juicio, para que se valorara la “vulnerabilidad” de las presuntas víctimas. Esta supuesta “vulnerabilidad” ya había sido ponderada por el Tribunal Oral, por lo cual la defensa, amparada en el principio “non bis in idem”, ha pedido a la Corte Suprema que se deje firme la sentencia.
Demasiado bien conocemos que el Poder Judicial, incluso el máximo tribunal, no es ajeno a la colonización ideológica de las que estas leyes son hijas, pero aún así hay margen para mantener la fe y aguardar la confirmación de la sentencia absolutoria.
El caso que estoy recordando no pertenece a la crónica policial sino a la historia de los estragos causados por una ideología. También puede ser analizado a la luz de esa política menuda que son las internas del feminismo.
El fiscal Senestrari pertenece al grupo autodenominado “Justicia Legítima”, que contra todo precepto legal, ha blanqueado su adhesión a lo que se llama “kirchnerismo”. Este sector del feminismo necesitaba un golpe de efecto, un caso fuertemente mediático, para demostrar que ellos eran los mejores, los más obedientes al dogma. Los hermanos Barey fueron elegidos probablemente al azar para cumplir el triste rol de víctimas. Fueron ellos, pero pudo haber sido cualquier otro empresario de la noche.
Es sintomático que unos pocos días después de los allanamientos de aquella madrugada de marzo, el gobernador De la Sota, que mantenía una más que tensa relación con el gobierno nacional, enviara a la Legislatura Unicameral un proyecto de ley para “prevenir” la trata de personas, que fue aprobado de manera casi unánime, con la única oposición de la extrema izquierda, que lo encontró demasiado blando. Con ese instrumento legal –cuyo camino fue cuidadosamente preparado por la prensa hegemónica- se dispuso la prohibición de cabarets y whiskerías, y se dotó a la policía de una herramienta para allanar domicilios privados bajo el pretexto de la “trata”.
El kirchnerismo, más afín a la izquierda, puede decir que ganó de mano con el impactante golpe a los hermanos Barey. Así se dirime la interna del feminismo, que es en realidad todo el arco político argentino. Nada les importa haber recortado drásticamente las posibilidades laborales de muchas mujeres que eligieron libremente dedicarse a la prestación de servicios sexuales, y menos, mucho menos, les importa encarcelar injustamente a personas a las que consideran desechables.



Dejar respuesta