UCR-PRO se anota otro fracaso en regulación de taxis

El oficialismo llevó a un bloque unido por alfileres a votar, por segunda vez, un nuevo marco regulatorio para taxis y remis. A minutos de empezar la sesión pidió su regreso a comisión para no exhibir una nueva fractura. Dos intentos, cero resultados.



El nuevo marco regulatorio para taxis y remis volvió a naufragar en el Concejo Deliberante. El oficialismo -que ya había intentado avanzar con un proyecto ideado por Lucas Balián y Lucas Cavallo, en el que se incluía la figura de los “remises periféricos”- no sumaba ayer las voluntades necesarias para aprobar el proyecto impulsado por Gustavo Fonseca y prefirió devolverlo a comisión antes que votar fracturado en el recinto.
Esto enojó muchísimo a los delegados del sindicato de taxis, que esperaban la sanción de la ordenanza que cerraría de forma definitiva las puertas a Uber en la ciudad. Ese, justamente, fue el detonante de que Juan Negri se abriera de la postura mayoritaria del bloque oficialista oponiéndose a la sanción de la iniciativa.
Juntos por Córdoba recuperó la mayoría incorporando a María Eugenia Terré, proveniente del bloque capitaneado por Marcelo Pascual “Frente Federal de Acción Solidaria”, después de que la siempre impredecible Laura Sesma abandonara la alianza que la llevó a su banca, minando la gobernabilidad que la Carta Orgánica intenta asegurar al Ejecutivo.
Pero los problemas Juntos por Córdoba no terminaron con el “fichaje” de Terré. El oficialismo, paradójicamente, contiene a su más dura oposición dentro de sí, y está expuesto a incesantes internas que, cada dos por tres, le juegan una mala pasada con la de ayer.
Pero quien selló el fracaso de la iniciativa impulsada por Fonseca fue el concejal Héctor Carranza, que al sumarse a la postura de Negri dejó al oficialismo en una posición imposible de remontar, debiendo suspender el tratamiento del proyecto.
Sucede que Juntos por Córdoba podía sobreponerse a una abstención de Negri, aún dando por hecho que Sesma actuaría, conforme a su historial, sin ningún sentido de grupo, y que a Losano le hubiera resultado en extremo difícil apoyar la iniciativa, dada su reiterada posición en favor de la llegada de Uber.
Restando a Negri y Losano el bloque aún contaba con 14 voluntades para respaldar el nuevo marco regulatorio contra otras 14 de la oposición, y este empate hubiera sido zanjado por Fonseca, presidente provisorio del cuerpo y autor del proyecto.
Pero con la estocada de Carranza sumándose a la posición de Negri el oficialismo quedó sin chances de convertir en ordenanza un proyecto que el propio Fonseca ya había prometido a los taxistas.
En efecto, no hubiera resultado fácil anticipar el resultado de la sesión de ayer. Sesma y Negri habían votado la preferencia del proyecto, y si bien nadie puede contar con que la concejala sostenga su posición, el oficialismo si esperaba que Negri y Carranza avalaran la ordenanza.
Pero este era el escenario en caso de que Sesma, Losano y Negri se abstuvieran. De inclinarse alguno o varios de ellos por votar en contra las cosas se hubieran complicado todavía más.
Pongamos por caso que, aún con algunas de estas voluntades en contra de la sanción de la ordenanza, Juntos por Córdoba hubiera podido sancionarla recurriendo a la ayuda de Marcelo Pascual, que suele ser la “rueda de auxilio” del oficialismo en caso de emergencia. Aún en esta hipótesis Balián hubiera tenido que exponer al bloque a votar fracturado y, tras cartón, soportar el fuego amigo que viniera desde los micrófonos por parte de los ediles díscolos.
Pero más allá de esto, el problema de Juntos por Córdoba no es circunstancial, sino permanente. Hace ya meses que a sus reuniones de bloque sólo asisten los mestristas. Entonces, ¿cómo pararse en frente a una sesión complicada, en la que coexisten múltiples intereses en choque como ésta, si el bloque mayoritario no cuenta con esta instancia previa indispensable para limar asperezas y no terminar desparramándose frente a la primer adversidad?
El nuevo marco regulatorio tiene varios artículos controvertidos. De hecho, los motivos por los cuales la oposición no acompaña al oficialismo no son los mismos que los que determinan las diferencias dentro del bloque UCR-PRO.
La oposición reniega del nuevo marco regulatorio porque entiende que éste facilita el “negociado” con las chapas (licencias). Además, no está de acuerdo con que a taxistas y remiseros se los obligue a inscribirse en una agencia para poder trabajar.
Los ediles que desde el oficialismo critican el proyecto, se niegan a cerrarle la puerta a Uber y entienden que hacerlo implica coartar un interés legítimo de los cordobeses que quieren utilizar la aplicación.
En el medio, los licenciatarios y choferes de taxis y remis esperan ansiosos la sanción de un marco que prohíba el desembarco de Uber, y los representantes de la firma apuntan que el servicio que la aplicación brinda ayudaría a solucionar los problemas de transporte de buena parte de la población, así como las dificultades de tránsito que genera el uso de autos particulares para trasladar, muchas veces, a sólo una persona. De igual manera, entienden que la utilización de su plataforma influiría en un menor impacto ambiental del transporte y ofrecería una fuente laboral a miles de cordobeses que ya se han inscripto como choferes.



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