Por caída de la recaudación, el ajuste debería ser mayor en 2019

Hay dudas sobre cuánto podría impactar la recesión en el nivel de ingresos del Estado. El FMI estima una baja de actividad superior a la que proyecta el Gobierno. Para cumplir con el rojo cero se necesitaría un recorte de $60.000 millones extra.



La caída de recaudación que provocaría la recesión y el menor crecimiento de la economía implicaría la necesidad de un ajuste extra de $60.000 millones sobre los $300.000 millones que ya se aplicó y que se visualiza en el proyecto de presupuesto que analiza el Congreso. La clave está en que esa sería la vía para cumplir con el déficit fiscal cero comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto siguen las incertidumbres sobre el plan que lleva poco más de una semana en marcha; el principal problema para las empresas es el costo de financiamiento. Bajo estas condiciones es inevitable que se profundice la recesión y, asociado a ello, haya destrucción de empleos.
Las críticas ponen énfasis en las dificultades de aumentar impuestos y reducir gastos para tender al déficit primario cero y, otras, en que tasas de interés a niveles exorbitantes está dañando severamente el aparato productivo. Ante estos cuestionamientos la consultora Idesa se pregunta si el ajuste fiscal y las altas tasas de interés: ¿Son un capricho de los funcionarios o un hecho fáctico impuesto por la realidad? En otras palabras: ¿Existen alternativas para seguir financiando el déficit fiscal sin exacerbar el dólar ni las tasas de interés?
Para buscar una respuesta compara el déficit fiscal respecto a la cantidad de dinero en poder del público. Según información del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, se observa que el rojo fiscal total del Tesoro Nacional ascenderá en el 2018 a $765 mil millones que equivalen a 5,5% del PBI. La cantidad total de dinero que la gente tiene en efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro asciende a $1,8 billones que equivalen al 13% del PBI. Esto implica que el déficit fiscal representa el 42% del dinero que tiene la gente.
Estos datos muestran que, si el Gobierno decidiera renunciar al ajuste fiscal y financiarlo sólo con emisión, la cantidad de dinero en manos de la gente aumentaría más del 40%. “Si los argentinos acumularan esos pesos sin volcarlos a mayor consumo ni comprar más dólares, la estrategia sería viable. Pero como es previsible que, ante semejante shock monetario, la gente rápidamente se desprenda de los pesos consumiendo y comprando dólares, el financiamiento monetario del déficit fiscal llevaría a la hiperinflación”.
El reporte enfatiza que, si no se baja el déficit fiscal, es imposible abandonar la estrategia del Banco Central de subir las tasas de interés para absorber con más deuda los pesos emitidos.
Señala que tampoco es viable morigerar los efectos recesivos del ajuste fiscal con una reducción sustantiva de la tasa de interés. En la actualidad el Banco Central tiene acumulada deudas de muy corto plazo con la gente (Lebac) y con los bancos (Leliq) por $800 mil millones que equivalen a 5,8% del PBI. Esto significa que, si el Banco Central reduce la tasa de interés y toda esta deuda se monetiza, la cantidad de dinero en manos del público aumentaría también en más de un 40% provocando un impacto análogo al que tendría financiar el déficit fiscal con emisión monetaria.
“Por eso, en lugar de distraer energías en alternativas inconducentes, es fundamental dar señales claras y convincentes de que se va a eliminar el déficit fiscal. El presupuesto tal como se envió al Congreso va en el sentido correcto, pero es insuficiente”, describe.
El planteo es porque, por un lado, para darle sustentabilidad a los ingresos hay que mejorar la administración tributaria apuntando a recaudar más, no con nuevos impuestos, sino expandiendo la base tributaria y reduciendo la elusión y la evasión. Por el otro, porque la reducción de gastos no debería reposar en recortes sobre la inversión sino en reformas del sistema de seguridad social y la eliminación de programas nacionales que se superponen con funciones a cargo de las provincias y municipios.
En la transición, Idesa recomienda apelar a medidas innovadoras. Por ejemplo, en Chile el sector de las PYME está impulsando que las grandes empresas no puedan tomar los créditos de IVA de facturas que no fueron canceladas. Es una manera de desalentar que se financien a costa de sus proveedores (además de mejorar la recaudación tributaria).



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