Qué alternativas hay para mejorar el presupuesto de las universidades

Desde 2010 hasta hoy el presupuesto por alumno en las universidades estatales pasó de $77 mil a $66 mil, o sea, disminuyó 14%. La clave es el crecimiento de la matrícula. Experiencias en otros países podrían servir de guía.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presidido por el cordobés Hugo Juri propone una reformulación del proyecto de presupuesto para el sistema universitario nacional que implica sumar más de $4.000 millones para los gastos operativos y de funcionamiento el próximo año. En el país hay 61 universidades estatales y 49 privadas y 2,1 millones de estudiantes de los cuales 1,6 millones asisten a las estatales. Unos 125.000 se gradúan por año (91.000 de las estatales).
Hace pocas semanas terminó el conflicto docente por mayores salarios. Un informe de la consultora Idesa busca una respuesta a los problemas presupuestarios que se repiten desde hace años. Según el Ministerio de Hacienda el 2010 y este año el presupuesto público para las universidades pasó de $100.000 a $105.000 millones a precios del 2018, o sea, creció un 5% en términos reales. La matrícula pasó de 1,3 a 1,6 millones de alumnos, aumentó un 22%.
Esto significa que el presupuesto por alumno en las universidades estatales pasó de $77 mil a $66 mil, o sea, disminuyó un -14%. El crecimiento en la asignación de fondos públicos fue más bajo que el aumento en la matrícula universitaria lo que genera una progresiva precarización de las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica.
“Aulas sobrepobladas, instalaciones en malas condiciones, falta de insumos, conflictividad y desorden en la asignación de los recursos donde los docentes que dan clases no necesariamente son los que cobran o, en todo caso, los que mejor cobran”, describe el informe.
Se estima que las universidades públicas nacionales cuentan con 184 mil cargos docentes. Si bien dos tercios son cargos de dedicación simple –es decir, docentes que tienen su práctica profesional y complementariamente ejercen la docencia– se trata de una dotación de recursos humanos docentes muy significativa. Equivale a aproximadamente a un cargo docente por cada ocho alumnos. Este indicador sugiere, según Idesa, que habría muchas personas que cobran pero no trabajan insinuando un enorme problema de falta de control y gestión.
Otra manifestación de la mala gestión es la modalidad con la que se plantean las negociaciones salariales. Uno de los principios más celosamente cuidados por la comunidad universitaria es su autonomía –es decir, la no injerencia del Estado en el gobierno universitario– y el cogobierno –es decir, la conducción a través de los representantes docentes, no docentes, egresados y alumnos-.
“Bajo este esquema, la negociación salarial de los sindicatos docentes universitarios debería ser llevada adelante con el consejo directivo de la universidad. Sin embargo, las autoridades eluden su responsabilidad y es el Ministerio de Educación –que no es el empleador de los docentes ni debería tener injerencia en la gestión universitaria– el que termina negociando con los sindicatos”, plantea el reporte.
Aunque mejorar la gestión es el desafío más importante, es evidente para Idesa también la necesidad de acompañar el crecimiento de la matrícula con nuevas fuentes de financiamiento que complementen los fondos públicos. Como lo demuestran las experiencias de otros países, una interacción más fluida con los sectores productivos es una vía para generar recursos. Otra es que los alumnos y egresados de más altos ingresos le devuelvan a la universidad parte de lo que ella les da o les dio. Una manera práctica y simple de hacerlo es establecer una tasa diferencial del impuesto a las ganancias a las familias con hijos en la universidad pública y para los egresados de la universidad pública.
En su iniciativa el CIN ratifica el proyecto presupuestario de $144.000 millones para el año que viene, en especial en lo referido a las previsiones de gastos de funcionamiento (investigación, extensión, bienestar estudiantil, equipamiento, conectividad, servicios públicos, combustibles, alquileres, etcétera), infraestructura, becas estudiantiles y ciencia y tecnología. Con el criterio de distribución propuesto, las universidades tendrían al menos 32% de aumento en sus planillas. Además, habrá fondos para salarios y otros gastos hasta completar un incremento del 39,7%.



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