Era post “cuadernos”: tolerancia de Garavano divide al Gobierno

Al referirse a la posibilidad de que la ex presidenta vaya presa, el ministro casi repitió lo que sostiene desde que asumió. Antes le parecía difícil y ahora indeseable.

Por María del Pilar Viqueira

Las declaraciones de esta semana del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de que pierda su libertad ambulatoria no son novedosas, pero generaron fastidio en algunos sectores del oficialismo.
Entrevistado por El Destape, un medio vinculado al kirchnerismo, el funcionario sostuvo que no es bueno que se pida el desafuero y la detención de un ex presidente porque “puede brindar explicaciones en el marco de un juicio oral”.
En tanto, tras aclarar que se trata de medidas que deben resolver la Cámara Alta y la Justicia, dijo que en el país hay “un uso errático y excesivo de la prisión preventiva”.
Además, al igual que en otras oportunidades, estimó que el encierro cautelar “nunca es una buena herramienta” porque “lo ideal” es que las causas lleguen a debate rápidamente.
Sobre la situación de la actual senadora, aseveró que “no hay elementos para pensar que pueda fugarse o entorpecer la causa”.
Las opiniones de Garavano generaron la enérgica reacción de la diputada Elisa Carrió, quien durante la jornada del miércoles aseguró que sus dichos son “una vergüenza para la República y la división de poderes” y adelantó que pedirá su juicio político.
Aunque otros dirigentes se sumaron a la ola de repudio, pero no es la primera vez que Garavano se pronuncia sobre el tema y prácticamente repitió lo que dice desde que asumió: antes, pensaba que era poco probable que Fernández de Kirchner quedara detenida; ahora, lo considera indeseable.
Cabe recordar que durante su primer semestre como ministro, mientras avanzaba la pesquisa por “la ruta del dinero k”, consultado por Infobae, manifestó que pensaba que era “difícil” que fuera presa; que los procesos “no deben ser venganzas”; que deben brindarse “respuestas civilizadas” y que cierto nivel de corporativismo en la Justicia Federal es legítimo porque tiene que ver con “defender el rol del Poder Judicial”.
También definió a la idea de la Justicia independiente como “una utopía de la Constitución”.
“El Poder Judicial debe crear condiciones para que los jueces tomen decisiones independientes en cada uno de los casos. A mayor confianza de la población, más posibilidad de independencia”, valoró.
En esa oportunidad, Garavano no fue cuestionado ni por el oficialismo ni por la oposición.
Tampoco recibió críticas cuando en octubre del año pasado, en una entrevista con radio El Mundo, planteó como improbable que Fernández de Kirchner corriera la misma suerte que Julio De Vido y se quedara sin fueros y precisó que los expedientes avanzaban “naturalmente”, que esperaba que los casos con procesados se elevaran a debate para que los fiscales demuestren lo que deben demostrar y, si no lo logran, los jueces dispongan.
En la era “post cuadernos”, y a un mes y medio de la masiva movilización ciudadana al Congreso en reclamo del desafuero de la ex mandataria para que el Judicial pueda, en su caso, arrestarla, los conceptos de Garavano desataron internas dentro del Gobierno.
Luego de que Carrió confirmara que su equipo estaba trabajando en la redacción del pedido de juicio político del ministro, Mauricio Macri se mostró con él en Misiones. Juntos inauguraron un espacio de primera infancia que se solventó con los dólares que se le incautaron al “valijero” Antonini Wilson.
Para cerrar el día de furia de Carrió y reducir daños, Garavano bajó la cabeza y dijo que, tal vez, usó frases desafortunadas, pero aclaró que habló “en abstracto”.
Sin embargo, la Coalición Cívica respaldó oficialmente a su fundadora. “No vamos a permitir la impunidad”, sostuvo la fuerza, que interpreta que Garavano trató de influir en las decisiones del magistrado Claudio Bonadio.
Carrió y Garavano chocaron en el pasado y no han mantenido diálogo a lo largo del año.
La legisladora lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por sus presuntas presiones a la querella del Estado para que definiera la nómina de acusados en las actuaciones por el encubrimiento de la voladura de la AMIA.
En febrero, Carrió le pidió a la abogada Mariana Stilman, una de sus asesoras de confianza, que renunciara a la Unidad AMIA y adujo que Garavano “intervenía”.
En el escrito que dejó en el organismo que conduce la macrista Laura Alonso advirtió que podría emprender acciones ante “eventuales excesos de poder”, por la decisión del Gobierno de desistir de la persecución en contra los ex fiscales de Eamon Müllen y José Barbaccia.



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