Este lugar es mío

Hace ya un tiempo que los vecinos de la ciudad han perdido el control sobre el espacio público, un poco por negligencia del Estado y otro poco por las acciones de algunos avivados.

Por Javier Boher
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cordobaHace ya un tiempo que los ciudadanos de Córdoba (y de gran parte del país) hemos perdido la posibilidad de disfrutar libremente del espacio público. La lista de actividades que se han “tercerizado” no deja de asombrarnos, porque además se suman a la voracidad de los distintos organismos de gobierno que no pierden la oportunidad de esquilmarnos sin proveernos de nada a cambio.
Aunque la tendencia mundial indica que las intervenciones para facilitar el acceso de los ciudadanos al espacio público son la norma, las distintas ciudades del país (y Córdoba en particular) parecen no terminar de dar cuenta de dicho fenómeno.
Pese a algunas intervenciones puntuales destinadas a llevar más oportunidades a ciertas zonas periféricas (con eso de “capital social”) los espacios públicos siguen degradados, no sólo por la falta de políticas claras sino también por la pesada burocracia municipal, el improductivo sindicalismo dominante o las bandas de privados que se escudan en las “necesidades económicas” para hacer fabulosos negocios a costa de vecinos muy cansados para enfrentarlos.
Un rápido repaso por los habituales espacios en los que se debería desarrollar la vida social de una urbe como Córdoba es una muestra de calles tomadas por naranjitas, veredas llenas de bolsas y papeles que quedan por recolectores descuidados, vendedores de todo tipo en veredas, esquinas o dependencias públicas, ciclovías inutilizadas por mal uso y tantas otras cosas que repelen al ciudadano de apropiarse del espacio que solventa con cada moneda que sale de sus impuestos.
Por supuesto que hay obligaciones concurrentes, por lo que no se puede endilgar a un único actor la totalidad de la responsabilidad. Por eso, cuando algún tiempo atrás provincia y municipio se señalaban como los responsables de la inseguridad en la ciudad, la chicana política tapaba una realidad innegable, que es el aumento de la delincuencia por la falta de patrullajes y de alumbrado. Ninguno estaba equivocado, sólo que ignoraban la responsabilidad de ambos en el tema.
El caso del naranjita apuñalado se suma a la lista de episodios que involucran a los cuidadores de autos, que semana a semana van engrosando las estadísticas sobre la pérdida de soberanía del estado sobre espacios que debe preservar para todos los vecinos. La arbitrariedad de los cuidadores convierte en rehenes a los usuarios, que muchas veces prefieren pagar por la tranquilidad psicológica de que su auto tiene menos probabilidad de ser dañado o robado.
Lentamente la gente ha ido aceptando bajísimos estándares de participación ciudadana, que se reserva a espacios de retroalimentación de esa errada lógica de que deben reclamar ante el sector público aquellos que menos tienen en lugar de aquellos que más aportan. La pasividad de los ciudadanos le facilita el trabajo a los tercerizadores de veredas y esquinas.
El desplazamiento del Estado de aquellos lugares y tareas que le corresponden no se deben exclusivamente a decisiones políticas de las altas esferas, sino también a ciertos acuerdos entre algunos grupos de la sociedad civil y los funcionarios o burócratas que tienen una pequeña cuota de poder que hacen valer en beneficio propio, arreglando con sindicatos, cooperativas, asociaciones y demás eufemismos con los que enmascaran relaciones de privilegio que atentan contra los derechos de los vecinos.
El voluntarismo fue evidenciando cada vez más claramente sus límites. La profesionalización de las estructuras y un mayor acceso a las herramientas de control para los ciudadanos son la garantía para que progresivamente se vayan terminando esos tiránicos y excesivos beneficios que disfrutan los que tienen la voluntad, la decisión y los contactos para apoderarse de un espacio público que sostienen (y deben poder disfrutar) todos los vecinos.



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