Reforma política municipal sería limitada (sin enmienda)

Son 13 los proyectos que se debaten en la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante. El debate se extenderá hasta promediar octubre, aunque ya trascendió que los cambios que podrían prosperar no incluirán modificaciones en la Carta Orgánica.



Por Yanina Passero
ypassero@diarioalfil.com.ar

El intendente Ramón Mestre abrió el juego a la reforma política municipal cuando buscó recuperar la iniciativa. Nombró en la primera línea de su gabinete a dos correligionarias de su confianza y, semanas después, anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica que incluía, como se le reclamó, su posicionamiento sobre la paridad de género en el recinto. También, pidió la aprobación de la elección democrática de los directores de los CPC.
El movimiento iniciado por el grupo de las seis concejalas por la paridad movió con fuerza el tablero político y obligó a la máxima autoridad del Palacio 6 de Julio a expedirse. Cuando se conoció la letra chica de la enmienda oficial se confirmó lo ya indicaba la demora en tomar partido sobre el tema: de prosperar, la distribución equitativa de cargos en las listas sería sólo para la primera mayoría, bancada que tiene asegurados los 16 escaños por la cláusula de gobernabilidad. Tampoco, se regulaba su aplicación para el 2019.
La dilación del debate, los dimes y diretes sobre cuál era la comisión ideal para el tratamiento del cúmulo de proyectos de ordenanza similares, demostró que no era tal la convicción que se empecinó en exhibir el Intendente. Como sea, oficialistas y opositores aprovecharon la oportunidad. Recuperaron proyectos y elaboraron otros que introdujeron nuevos temas al debate como internas abiertas para precandidatos municipales, financiamiento electoral o reforma del reglamento interno del cuerpo legislativo.
En la comisión de Legislación General se debaten actualmente 13 iniciativas de reforma municipal, aunque son 20 los proyectos que hacen foco en las reglas del juego político-electoral. A la propuesta de Mestre se suman tres de Unión por Córdoba; tres más del bloque Vamos; dos, de Fuerza de la Gente; y la cifra se completa con los iniciados individualmente por Juan Negri y Héctor Carranza de la UCR; Laura Sesma (Socialdemócrata) y Victoria Flores (Pensando Córdoba).
Desde el bloque Juntos por Córdoba celebran el desarrollo de un debate “profundo” y “sin urgencias” para marcar la diferencia con el de la Legislatura provincial de meses atrás que terminó con la aprobación de un paquete de disposiciones que incluyó, entre otras la doble candidatura. Pero lo cierto es que la dificultad para hallar consensos sobre el pelotón de propuestas –varias de ellas diametralmente opuestas como sucede en los proyectos que refieren al financiamiento de las campañas- anticipa que la reforma requerirá tiempo antes de alumbrar resultados.
Si hay reforma, será limitada. Se enfocarán en aspectos accesorios del Código Electoral como incluir en el padrón a los adolescentes de 16 años de manera compulsiva; o en las reformas del reglamento interno como la regulación de días especiales para beneplácitos, sistema de relevos de autoridades o licencias.
En concreto, fuentes oficiales informaron que en octubre promediará el debate. La comisión que preside el concejal radical Lucas Cavallo no tiene más invitados en la lista de especialistas en derecho constitucional y ahora abrirá la rueda de opiniones a los presidentes de los partidos políticos de Córdoba. El intercambio podría dilatarse, asimismo no hay certezas si obtendrá despacho algún proyecto de reforma política.
Fuentes oficiales reconocen que no ven factible que se logre una modificación de la Carta Orgánica. Incluso, se pensó en llamar a una convención constituyente para el año que viene debido a que sólo pueden aprobarse dos enmiendas por año, aunque inmediatamente matizan la declaración advirtiendo que el costo económico de la decisión desentonaría con el contexto de crisis actual.
El mayor impedimento es de orden político y un ejemplo reciente lo ilustra. Para la remoción de la jueza administrativa de faltas, Myriam Birn, los concejales se trenzaron en un debate de más de un cuatrimestre. Cabe recordar que no había consenso sobre la cantidad de voluntades necesarias para desplazar de su cargo a la funcionaria debido a que la Carta afirma que para nombrar jueces se requiere la mayoría agravada pero no especifica cómo hacer para liberar la vacante. El bloque comandado por Lucas Balian defendía la mayoría simple y la oposición aseguraba que debía aprobarse la moción con dos tercios de los votos. El oficialismo impuso su lectura, pese a que los especialistas consultados no tuvieron una opinión unánime.



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