Sólo 16 intendentes UCR resisten el ajuste sin subirse al Pacto

La situación económica empujó a varios jefes comunales radicales más a adherir al Consenso Fiscal impulsado por la Provincia.



Por Yanina Soria
ysoria@diarioalfil.com.ar

Mendiolaza. Ayer el intendente Daniel Salibi, uno de los primeros en firmar el Pacto, encabezó una reunión con sus funcionarios para reordenar las finanzas municipales.

La crisis financiera que empezó por los bolsillos de los argentinos sigue ahora por los presupuestos de las provincias y municipios.
En Córdoba, el ajuste ya comenzó a tocar la puerta de las comunas, primer filtro a la demanda de los vecinos. Algunos indicadores concretos de la realidad económica local permiten pronosticar un futuro inmediato para nada alentador generando preocupación entre los 427 intendentes y jefes comunales que componen el mapa político de la provincia.
La mayoría de ellos se ven obligados a reestructurar sus programas de gobierno y planes de obras para reforzar, por ejemplo, acción social y contener a los sectores vulnerables donde más golpea la crisis.
Trabajan junto a sus equipos para diagramar nuevos esquemas que les permitan garantizar la prestación de servicios, ahorrar donde se pueda, cumplir con el pago de los salarios y acotar el cronograma de trabajos para terminar aunque sea las obras ya iniciadas. “Vamos a tener que hacer malabares para terminar bien nuestros mandatos”, repiten.
La luz de alarma se encendió en función a tres datos concretos: la baja en la Coparticipación; la baja en la recaudación municipal; y los fondos que dejarán de percibir en función a la eliminación del Fondo Sojero.
Hoy, el escenario es complejo y los meses venideros –a priori- no auguran mejoras sustanciales. Por eso, la aflicción es generalizada más allá de la realidad particular que atraviese cada municipio.
En ese contexto, a poco más de un mes de firmado el nuevo Pacto Fiscal que impulsó la Provincia y que generó un gran consenso entre los distintos bloques políticos, finalmente fueron pocos los gobiernos locales que pudieron mantenerse al margen y no suscribir.
El “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social” por el que los municipios recibirán fondos no reintegrables, estuvo atravesado por una discusión más de corte político que institucional.
Es que en el texto al que suscribieron alcaldes de Unión por Córdoba, del PRO, del Vecinalismo y radicales, quedaba establecida la imposibilidad de los adherentes de iniciar acciones contra la Provincia y la obligatoriedad de retirar las que ya estén en curso.
Ese punto, concretamente aludía al intendente Ramón Mestre y a su par de Oliva, el macrista Oscar Tamis, ambos firmantes de sendas demandas presentadas en la Justicia para reclamarle al gobierno de Juan Schiaretti más fondos federales. Esa fue el disparador por el que el radical capitalino se puso en pie de guerra contra la Provincia resistiendo la firma del Pacto y criticando su supuesto carácter “extorsivo”.
Mestre sumó a esa cruzada a otros jefes comunales boina blanca e incluso les pidió, a través del Comité Central de la UCR, que rechacen los términos del acuerdo impulsado por Schiaretti. En un comienzo, de los 168 que integran el Ente de Intendentes, 44 no suscribieron. En su mayoría, todos mestristas claro está.
Luego, con el correr de las semanas, 28 se terminaron sumando por lo que –siempre según fuentes del Ente- sólo 15 siguen “bancando” a Mestre en su postura.
Vale recordar que el Pacto Fiscal, que para muchos de los jefes locales de la oposición es insuficiente pero reconocen que es mejor que nada, establece que las transferencias a comunas y municipios originadas en el Fondo de Desarrollo Urbano tendrán carácter no reintegrable. Estos recursos serán administrados por los gobiernos locales para la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura.
El convenio instituye, además, un “Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas” de hasta 500 millones de pesos anuales, destinado a brindar créditos a aquellos que justifiquen dificultad financiera. La Provincia, también, se compromete a distribuir los importes que perciba en concepto de amortización e intereses generados por el “Bono de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal”.



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