Ingresos Brutos: cómo es la baja que las provincias deben hacer

Nación y Provincias ya consensuaron que ese impuesto seguirá el cronograma fijado en el pacto fiscal. En cambio, la reducción del impuesto a los Sellos se frena. Una adenda al acuerdo firmado a fines de 2017 deberá ser aprobada por el Congreso.

El primer acuerdo al que llegaron Nación y gobernadores es que el año que viene no habrá baja del impuesto a los Sellos pero sí continuará la de Ingresos Brutos (IIBB) tal como estaba pautada en el pacto fiscal. El punto, tal como adelantó Diario Alfil, se incluirá en la adenda del consenso que se enviará al Congreso.
Para el 2019 el acuerdo establece bajas en las alícuotas de IIBB de Agricultura, Pesca y Minería (deben pasar del tope actual de 1,5% al 0,75%); Industria Manufacturera (de 2% a 1,5%); Electricidad, Gas y Agua (de 5% a 3,75%); Construcción (3% a 2,5%); Hoteles y Restaurantes (5% a 4,5%); Transporte (3% a 2%); Comunicaciones (5% a 4%); Intermediación Financiera (no tiene máximo ahora y el año que viene el tope es de 5,5%); Actividades Inmobiliarias (de 6% a 5%) y Servicios Sociales y Salud (de 5% a 4,75%).
En el caso de Comercio la alícuota máxima (este año no había) deberá ser de 5%. Para cumplir con ese tope, dos jurisdicciones deben bajar su alícuota. Una es Córdoba que tendrá que reducirla 12% (hoy la alícuota es de 5,71%) y, la otra, Neuquén en un 23% (tiene una alícuota de 6,5%). Una docena de distritos ya están por debajo.
Este año 22 provincias sancionaron una ley Impositiva; Corrientes no la hizo pero incorporó modificaciones a través de un decreto; Chaco mantuvo la que tenía en 2017. San Luis no firmó el pacto fiscal y La Pampa, aunque lo hizo, no lo ratificó por ley provincial.
Sobre esa base, el Iaraf analizó la dinámica de IIBB en la Construcción, un sector de alto impacto en el empleo. Salta y La Rioja fueron las únicas provincias que aumentaron este 2018 la alícuota máxima al sector, aunque lo hicieron llegando a un nivel similar al de la mayoría de las jurisdicciones, 3%. Ocho provincias mantuvieron constante su carga, mientras que las restantes 14 la disminuyeron.
San Luis no cumple con alícuota máxima permitida para el 2018, mientras que solamente dos jurisdicciones no superan el límite permitido por la ley para el año 2019; San Juan y Santa Fe. En ese contexto, son 22 las provincias que superan el límite del 2,5% planteado por el pacto para 2019.
San Luis es la jurisdicción que más debería readecuar la carga tributaria que recae sobre la construcción, pero no firmó el pacto. Las restantes para cumplir con la alícuota máxima previstas tendrían que disminuir sus cargas entre 14% y 17%.
En el caso de Comercio, hay dudas respecto de si la adenda del pacto incluirá sanciones para aquellos distritos que, en 2019, aumenten sus alícuotas ya que en la actualidad las tienen por debajo del 5% del techo fijado.
El antecedente es de este año, cuando 11 subieron la presión sobre el sector. La Rioja, Neuquén, Chubut y Salta fueron las que más aumentaron la alícuota máxima legal sobre la actividad comercial. De las 11 que registraron incrementos, siete lo hicieron llevándola al límite máximo permitido por la ley para el 2019. En este grupo se encuentran Chubut, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán.
Entre las que subieron sin llegar al máximo están La Rioja, Jujuy y La Pampa. Neuquén hizo un alza de la alícuota máxima al 6,5%, 1,5 puntos porcentuales por encima del máximo para 2019, que es del 5%.
El ministro Nicolás Dujovne anticipó que en las próximas semanas se firmará una adenda con la modificación del pacto. No necesariamente lo harán todos los gobernadores ya que las diferencias fueron ampliándose entre ellos a medida que avanzan las negociaciones. Un punto que sigue en análisis y cerca de cerrarse es la de la alícuota a los bienes personales radicados en el exterior, que fue una propuesta de algunos mandatarios.
En el tira y afloje, quedó definido que la Nación dejará de subsidiar al transporte (se mantiene la Sube y ferrocarriles) por lo que ahora las Provincias y los municipios deberán resolver cómo instrumentan una solución. La Casa Rosada pide “un esfuerzo” para que las tarifas no se disparen, pero ese aspecto queda fuera de su acción.



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