Mestre sacó la basura del Concejo

Después de 23 años, Córdoba logró concluir un proceso licitatorio para concesionar la recolección de residuos. Juntos por Córdoba refrendó los contratos suscriptos entre la Municipalidad y las nuevas prestadoras. En la votación el oficialismo respaldo los acuerdos con 16 votos contra 13 de la oposición. Laura Sesma se abstuvo, Aníbal Losano acompañó y Marcelo Pascual fue el único ausente.



Por Felipe Osman

basura-concejoEn la sesión especial que el Concejo Deliberante celebró ayer a instancias del Ejecutivo Municipal, con el único propósito de tratar el aval del cuerpo a los contratos suscriptos entre la Municipalidad y las nuevas prestadoras del servicio de recolección, el bloque oficialista logró respaldar la iniciativa. Después de más de 13 años, la ciudad volverá a contar con un servicio formalmente concesionado.
La última vez que la recolección de residuos se licitó en Córdoba fue hace más de 23 años, durante la intendencia de Rubén Américo Martí, en 1995. Cuando esos contratos expiraron, en 2005, el entonces intendente Luis Juez prefirió prorrogarlos a realizar una nueva licitación. En ese entonces Juez contaba con un gran poder en el Concejo Deliberante, pero aún disponiendo de esta ventaja optó por el camino fácil, que es, a la vez, el menos transparente.
Su sucesor, Daniel Giacomino, intento –aunque infructuosamente- licitar el servicio, pero el concurso naufragó, y finalmente decidió estatizar el servicio mediante la creación de la CRESE (Córdoba Recicla Sociedad del Estado). La empresa estatal logró brindar satisfactoriamente el servicio en sus inicios, pero con el tiempo empezó acumular un preocupante déficit. Durante la campaña electoral de 2011 Ramón Javier Mestre prometió privatizar la CRESE para librarse de las pérdidas que generaba, y al asumir transfirió el servicio de recolección a Lusa, en la zona norte, y a Cotreco en el área central y el sur de la ciudad. Pero lo hizo mediante contratos precarios, sin licitación.
El aval que el Concejo Deliberante dio ayer a los contratos pone punto final un proceso licitatorio que tiene por resultado concesionar y regular la prestación del servicio de recolección durante la próxima década, ya que si bien los pliegos establecen 8 años de duración la hacen extensible por otros 2 a instancia del municipio.
Ahora bien, más allá del avance que significa para la ciudad contar con un servicio formalmente concesionado, debe recordarse que la oposición ha hecho severos cuestionamientos al proceso licitatorio, señalando numerosas inconsistencias a lo largo de su desarrollo.
La última de ellas fue, precisamente, la fijación repentina de la sesión especial este lunes. Concejales de las bancadas opositoras apuntaron airadas críticas contra el oficialismo, al que acusaron de querer evitar un debate de fondo al remitir un expediente de más de 24.000 fojas y 137 tomos para ser estudiado en apenas cuatro días.
Al comienzo de la sesión el presidente de la bancada oficialista, Lucas Balian, respondió a estas acusaciones alegando que el cuerpo ha dedicado suficiente tiempo al estudio de los pliegos y que se ha garantizado la transparencia de la licitación, además de resaltar la necesidad poner fin a la precariedad bajo la cual se presta el servicio refrendando los contratos recientemente suscriptos entre el Ejecutivo y las nuevas prestadoras.
Martin Llarenas, desde el bloque Fuerza de la Gente, entendió que era un acto de irresponsabilidad votar el aval de los contratos sin haber contado con el tiempo mínimo necesario para leer el expediente, más aún cuando se trata de un servicio que absorberá casi un 20 por ciento del presupuesto.
Esteban Dómina, presidente del bloque de Unión por Córdoba, aseguró que comparte las quejas de sus colegas opositores: “Es imposible estudiar todo en unas horas, no me sorprende todo lo que tiene que ver con este proceso que estuvo caracterizado por falta de transparencia. Le decimos a los vecinos que por diez años van a seguir teniendo este servicio malo y caro, pasó de representar el 13por ciento al 20 por ciento del presupuesto”, expresó al fundar su voto en contra.
Aníbal Losano, que acompaño a la autodenominada socialdemócrata Laura Sesma en una de sus habituales rondas de fuego amigo al presentar una genérica denuncia penal para que se investigue si “funcionarios municipales, empresarios o sindicalistas” cometieron delitos en la gestión del servicio de higiene urbana, fue puesto en vereda por su partido y acompañó a su bloque en la votación.
Sesma, por su parte, prefirió abstenerse, alegando que no contaba con “razones suficientes para votar en contra ni a favor”. Recuérdese que la concejala fue recientemente respaldada por el oficialismo ante una iniciativa del bloque Pensando en Córdoba que proponía modificar el reglamento interno del cuerpo para que los ediles “faltadores” fueran sancionados con quitas en su dieta. Un proyecto hecho a medida de Sesma, que lidera, con holgura, el ranking concejales con más inasistencias.



Dejar respuesta