Transporte, impensado hándicap para la Provincia

El Gobierno nacional anunció que buscará eliminar los subsidios al transporte en el próximo presupuesto. La Provincia, que cuenta con una situación financiera más holgada que la del municipio, podría rentabilizar esta circunstancia, sustituyendo –aún parcialmente- la asistencia que la Nación dejará de brindar.



Obligado a dar muestras de frugalidad a un FMI expectante, el Gobierno nacional respondió a la corrida cambiaria con un raid de anuncios, señalando a que cuentas sumaría torniquetes para calzar un presupuesto 2019 sin déficit fiscal. Entre estos avisos, probablemente el que más preocupa a los vecinos de Córdoba sea el que augura la supresión de los subsidios con la que la Nación asiste al transporte.
Este nuevo tijeretazo que Balcarce 50 espera dar a la ley presupuesto para el año próximo toca una fibra sensible en la ciudad, que cuenta con uno de los boletos urbanos más caros del país. A precios de hoy, cada boleto, que cuesta al usuario $17,22, cuesta también al estado -centavos más, centavos menos- otros 6 pesos. Esto significa que si la quita de los subsidios se aplicara hoy, el boleto pasaría a valer $24,22, aproximadamente. Aunque vale aclarar que a estos montos debe aplicárseles, antes de que concluya el 2018, un reajuste inflacionario, según el cual el boleto –no subvencionado- pasaría a costar algo más de $30.
Al eliminar los subsidios la Nación no espera, seguramente, que el transporte deje de estar subvencionado, sino que simplemente se desentiende del asunto. Esta asistencia pasaría, entonces, a ser tema de los distintos gobiernos provinciales y municipales.
Ahora bien, el cuadro de situación de la Municipalidad de Córdoba, actualmente, no es holgado. Mediante una cláusula de reajuste salarial automático el Palacio 6 de Julio ha atado el salario de la planta municipal –costo que insume la mayor parte de sus ingresos- a la inflación. Y si bien desde el municipio aseguran que los ingresos con los que cuentan son suficientes para hacer frente a los sueldos y llevar adelante una buena gestión, que no soslaye la ejecución de obra pública, lo cierto es que los salarios están atados a una variable que la Municipalidad no puede controlar: sus ingresos.
Ante este cuadro de situación, en el que la Nación necesita ajustar y la Municipalidad no cuenta con demasiado margen para asumir la asistencia que el transporte recibe del Gobierno nacional, quien sí parece encontrarse en condiciones de sustituir, al menos en parte, estos subsidios, es la Provincia.
El gobernador Juan Schiaretti administra una relación razonable con Mauricio Macri, y se encuentra, junto a Juan Manuel Urtubey (Salta), entre los mandatarios que se muestran menos reactivos a aceptar recortes en el presupuesto 2019 que lleven a reducir el déficit fiscal del Estado nacional y garanticen una ampliación de la asistencia financiera que el ministro de Economía de la Nación negocia, en estos días, con el FMI.
Más aún, cuando semanas atrás se anunció la eliminación del “Fondo Sojero”, que repartía un 30 por ciento de las retenciones a la soja entre las provincias y los municipios, el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, explicó que la Provincia ya había tomado los “recaudos necesarios”, previendo que tal medida podía adelantarse (en principio se esperaba para el año próximo).
En este escenario, el reciente anuncio del Gobierno nacional concede un nuevo e inesperado hándicap a la Provincia sobre la Municipalidad y, por tanto, a Schiaretti sobre Ramón Mestre.
Y si bien la eliminación de los subsidios al transporte aún dista de ser un hecho, y todos los pronósticos que se puedan conjeturar permanecen en el territorio de las especulaciones, si puede tenerse por cierto que El Panal no intercederá sin aprovechar políticamente este hándicap que las circunstancias –junto a sus previsiones- le obsequian.
Si el Centro Cívico cuenta con los fondos necesarios para sustituir parte de los subsidios con que la Nación asiste al transporte lo hará, seguramente, mediante la ampliación de sus programas en la materia: el Boleto Obrero y el Boleto Educativo y, probablemente, el transporte interurbano. Pero no directamente sobre el transporte urbano, cuya responsabilidad exclusiva pesa sobre el municipio.
En esta hipótesis, será el intendente quien deba soportar el costo político de un boleto urbano más caro, y el gobernador quien se beneficie del rédito político de que la Provincia absorba para sí parte del ajuste al ampliar sus programas sociales.
Y difícilmente pueda tacharse a esto de oportunista, dado que en tiempos de crisis quienes deben recibir el mayor apoyo del Estado son los sectores más carenciados, a quienes buscan beneficiar estos programas.



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