Los cuadernos del peligro

En una democracia la política está, precisamente, para operar sobre los excesos del sistema sin que éstos terminen con el sistema mismo. Se trata de una aritmética complicada, que excede al dos más dos, al Código Penal o al gobierno de los CEOs.



Por Pablo Esteban Dávila

Es común escuchar, respecto de los cuadernos de Centeno, de que ya nada sorprende. Esto es cierto: sólo un ingenuo podría ignorar lo que ocurría con la corrupción durante el kirchnerismo. Hasta se conocía, con lujos de detalle, el modus operandi de la banda. Eduardo “chiquito” Arnold, exvicegobernador de Néstor Kirchner en Santa Cruz, y Jorge Asís, el agudo escritor – periodista, se ocuparon de describir la pasión del fallecido expresidente por el dinero contante y sonante, “el físico” -al decir del poeta Leonardo Fariña- hace ya muchos años atrás.

Las anotaciones del chofer de Roberto Baratta sólo certificaron el proceso que cualquiera podía imaginar. Sirvieron para que Stornelli y Bonadío tuvieran la excusa adecuada para disparar sensacionales arrestos de exfuncionarios y ejecutivos de importantes empresas. Fieles a su original propósito escolar, los cuadernos tuvieron la virtud de describir una pedagogía del delito. No queda mucho más que agregar.

No obstante, también pueden servir para ilustrar las consecuencias prácticas de un fenómeno típicamente argentino, cual es el amor por el Estado por sobre el mercado. Cuando Eduardo Duhalde convirtió a Néstor en presidente de la Nación, éste tuvo que construir una imagen de la que carecía por completo. Se apropió del tema de los Derechos Humanos -un asunto que, hasta 2003, poco le había importado- y se transformó en un paladín de una suerte de economía centralmente planificada luego que haber avalado las políticas privatizadoras de Carlos Menem en los ’90.

Fue el carácter de intervencionista lo que definió a la economía K lo largo de sus doce años de hegemonía. En nombre de una lucha indeterminada contra el neoliberalismo se reestatizaron empresas de servicios públicos y se regularon (las más de las veces en forma decididamente chapucera) actividades antes en libre competencia. Esto hizo que buena parte del sector privado estuviera condicionado a permanentes decisiones gubernamentales, algunas de ellas resueltamente arbitrarias.

La mayor parte de la sociedad ignoró las señales de alarma. Adormecidos por los altos precios de la soja y los subsidios repartidos a troche y moche, buena parte de los argentinos estuvieron encantados con el hecho de que el gobierno regresara a tallar en la vida cotidiana. Tanto Néstor como Cristina disfrutaron, cada uno en su momento, de este inveterado romance nacional con la tutela del Estado.

Dejando de lado las inconsistencias de aquel planteo -entre las que pueden mencionarse la crisis energética, la inflación, el déficit público y la erosión sin par de las instituciones- la corrupción debe ser considerada también como una de sus consecuencias sistémicas. Cuando todo depende de los funcionarios, es inevitable que aparezcan pretensiones de apropiarse del producto de sus propias decisiones.

El historiador y político inglés Lord Acton escribió, a mediados del siglo XIX, que “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esto es lo que sucedió en la Argentina durante la hegemonía del Frente para la Victoria. No sólo pudo el kirchnerismo neutralizar a la oposición política a su antojo, sino que, adicionalmente, contó con el consenso social necesario como para avanzar sobre el sector privado, imponiéndole sus reglas y su voluntad.

Muchas empresas privadas terminaron siéndolo sólo nominalmente. Sujetas a la extorsión de la obra pública (o de los permisos de importación) su suerte económica dependía más de los caprichos del gobierno que de las elecciones del mercado. Los De Vido, los Baratta y los Moreno -entre tantos otros- reemplazaron el riesgo empresario por la certeza de la coima, un festival tan impúdico como predecible.

Así terminan, invariablemente, estos experimentos. La Argentina no es la excepción. En cualquier lugar del mundo en donde el Estado avanza sobre cualquier actividad con los pretextos más risibles, pues allí aflora la corrupción. ¿Alcanzará este sacudón para alertar a sus habitantes del riesgo implícito de que la burocracia reemplace, todo el tiempo, las decisiones de los consumidores y de los inversores? Ojalá así sea.

Ahora bien, verificado el daño de la ideología estatista sobre la economía y el espíritu nacional, cabe preguntarse sobre la dosis de castigo que el país puede soportar.

Si alguna certeza surge del “gloriagate” es que sus ramificaciones pueden llegar a los lugares más insospechados. Los industriales más poderosos del país se encuentran procesados y casi todos han optado por confesar las fechorías que los han tenido como partícipes necesarios. Su amor por la obra pública ha resultado, con las pruebas a la vista, más lábil que su temor al penal de Ezeiza. Lázaro Báez, al lado de sus colegas “arrepentidos”, se antoja el Conde de Montecristo.

Sin embargo, y superada la gratificación que produce observarlos en esta situación de vulnerabilidad tras haber pagado gustosamente millones de dólares a sus socios-funcionarios, cabe preguntarse sobre el límite de esta manipulite criolla. Porque, debe convenirse, las experiencias de Italia y del Brasil (los antecedentes anticorrupción más vibrantes) no son alentadoras.

Ambos países se han despeñado en crisis económicas e institucionales tras sus respectivos escándalos. Y lo que vino después del viejo orden no fue mejor. En Italia no se sabe exactamente cuál es el programa de gobierno vigente y, en Brasil, puede triunfar un ultraderechista que nada bueno augura. Con la experiencia a mano, no sería del todo alocado pretender que una suerte de Alfonsín del siglo XXI se atreviera a poner un punto final a las posibles consecuencias de los latigazos de transparencia que resuenan por todos lados.

Esto no es pretender ni impunidad ni cosa por el estilo, sino reconocer que hay peligros que la política debe anticipar. Un país corrupto, aunque jure que está en vía de enmendarse, ahuyenta inversiones y socios estratégicos. Es cierto que la administración de Mauricio Macri no está en entredicho (como sí sucedió con la de Dilma Rousseff), pero lo ocurrido con los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en Buenos Aires prende una luz de alerta sobre el sistema. Lo peor que puede ocurrir es que la propia dirigencia política, dispuesta como siempre a servirse de los hallazgos de la justicia, termine por incubar una solución de la anti política para enmendar los problemas del pasado.

Ignacio Fidanza, en La Política on Line, sugiere convincentemente que, si no se les pone límites a los cuadernos, todo corre riesgo. No hay manera de sobreponerse a un escándalo de este calibre y lejos está de exagerar. Cuando se gritó en las calles, voz en cuello, de que “se fueran todos”, llegó desde el sur esta gavilla ignota que, con la permisividad nacional, dejó el país nuevamente en la ruina económica y moral. Convendría tomar nota de repetir este peligro.

En una democracia la política está, precisamente, para operar sobre los excesos del sistema sin que éstos terminen con el sistema mismo. Se trata de una aritmética complicada, que excede al dos más dos, al Código Penal o al gobierno de los CEOs. Si el cálculo fuera fácil estaríamos salvados: sólo haría falta contratar un matemático o un gran gerente de una multinacional, si es que, en el futuro inmediato, pueda encontrarse alguno que esté fuera de la cárcel.



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