El Panal dará apoyo político, pero ya no financiero a Epec

La empresa estatal solicitó al Ersep un nuevo aumento tarifario de casi el 6 por ciento para los consumos domiciliarios, que se aplicaría –de concederse- a partir de septiembre.



Por Felipe Osman

Epec pidió al Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos) que autorice un nuevo aumento en la tarifa de la energía eléctrica, que llegaría (casi) al 6 por ciento en el caso de las boletas por consumos domiciliarios, de ser autorizado.
Esta nueva suba requerida por la compañía estatal se suma a sucesivos reajustes tarifarios que, según Juan Pablo Quinteros, legislador provincial por Cambiemos, duplican la inflación en lo que va del año. “La tarifa de Epec tiene un incremento aprobado del 29,07 por ciento entre enero y julio, mientras que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor Córdoba durante el mismo período llega al 15,79 por ciento”, apuntó Quinteros.
Además, el legislador cambiemita destacó que el rubro que ha experimentado un mayor incremento es el VAD (Valor Agregado por Distribución). Esto vendría a significar, en resumidas cuentas, que la tarifa aumenta por la ineficiencia en la prestación del servicio incluso más de lo que lo hace por el aumento del precio de la energía que Epec compra al sistema nacional interconectado.
La compañía, por otro lado, justificó sus requerimientos en “el desequilibrio económico financiero que significó el incremento del dólar y de las tasas de interés”.
Probablemente ambas aseveraciones sean ciertas. Epec es ineficiente para prestar un servicio que brinda de manera monopólica, como lo apunta la oposición y como la propia empresa lo ha reconocido; y las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional han encarecido el crédito, dificultándole la obtención de recursos financieros que El Panal ya no va a facilitarle cada vez que la compañía lo solicite.
De hecho, el respaldo financiero que el Centro Cívico siempre brindó a Epec para subsanar sus problemas económicos parece haber mutado en un respaldo político para solucionar sus problemas de ineficiencia a la hora de ejecutar la prestación. Y no una sino muchas son las señas que la Provincia ha dado en ese sentido.
En primer lugar, desarrollar un verdadero andamiaje normativo para apoyar la posición de la compañía estatal frente su necesidad de lograr reformar el convenio colectivo lucifuercista, que contempla un sinfín de insólitas prebendas para el sindicato que encarecen la prestación del servicio.
Para ello la Legislatura provincial conformó la Comisión Técnica de Garantías –órgano consultivo creado por la Ley de Servicios Esenciales- para limitar el “poder de fuego” del gremio, derogó las contribuciones patronales a un fondo compensador extraordinario que, a la luz de nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, resultaban innecesarias, y sancionó una ley que garantiza el ingreso por concurso a los entes descentralizados del estado, quitando al sindicato de Luz y Fuerza el privilegio de decidir, ellos mismos, quienes accederían y quienes no a un puesto dentro de la empresa estatal cuando se produjeran vacantes.
En segundo lugar, aunque no menos importante, desde el Ejecutivo se impulsa la adopción de un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico, que prevé un mecanismo por el cual todas las prestadoras del servicio en el territorio provincial (Epec y cooperativas) deberán nivelar sus tarifas hacia abajo, disminuyendo los costos y eficientizando la prestación del servicio.
Desde luego, el aumento en la tarifa de la energía no es una buena noticia. Pero si lo es que la Provincia decida comprometerse en encontrar una solución de fondo para los problemas de Epec, en lugar de seguir ofreciendo soluciones provisorias que atacaban el síntoma, desentendiéndose de la causa.



Dejar respuesta