Despenalizar, plan B para el aborto

Hay voluntad política para modificar la legislación. El debate por la reforma del Código Penal es inminente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, promueve que se suprima el castigo para las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.



Por María Viqueira

El miércoles, mientras naufragaba en la Cámara Alta el proyecto para legalizar el aborto, se pusieron en marcha gestiones para discutir una alternativa más suave: la despenalización de la práctica.
La idea comenzó a definirse el martes, ante el escenario de derrota que se presentaba. El presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni, intentó sumar voluntades dentro del oficialismo, pero no tuvo éxito y se consolidó la grieta interna entre verdes y celestes.
Sin embargo, los partidarios de “sacar algo” durante la sesión no desistieron. Al inicio, los senadores Omar Perotti (PJ-Santa Fe) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) pidieron que se tratara una iniciativa que habían presentado al respecto, que sustituye los artículos 85, 86 y 87 del Código Penal; modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y sigue los lineamientos del precedente de la Corte “F.A.L.”, en el cual, en el 2012, avaló el aborto en casos de violación.
En el recinto, Perotti promovió la estrategia como una manera efectiva para avanzar en el camino hacia una eventual legalización suprimiendo el castigo para las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos, pero el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se inclinó por el todo o nada y frenó las tratativas, que tampoco contaban con el visto bueno de los representantes del FpV.
Ante el resultado de la votación en el Congreso, tal como hizo antes de que comenzara la jornada histórica del 8A, el presidente Mauricio Macri se pronunció en tono conciliador y destacó que lo sucedido fue “un triunfo de la democracia”.
Cabe recordar que en el breve texto que se difundió en las redes, el mandatario expresó que tal como demostraron las exposiciones, los debates y las movilizaciones, las divisiones en las creencias a veces pueden ser irreconciliables, pero destacó que las diferencias que se generaron desde que Diputados le dio media sanción al articulado “hicieron reflexionar a muchos argentinos sobre un tema en el que no tenían posición”.
Además, expresó que “los cambios profundos e incesantes que tendremos que hacer a lo largo de este siglo serán un desafío espectacular a nuestra tolerancia” y acotó: “Nadie obtendrá todo el tiempo exactamente lo que busque. Siempre viviremos en un lugar incómodo donde algo no será del todo como querríamos que fuera”.
Pese al fracaso de la legalización, hay voluntad política para modificar la legislación sobre aborto.
A fin de mes, Macri presentará en el Congreso el anteproyecto de reforma del Código Penal y la despenalización de la IVE podría figurar entre los cambios. El ministro de Justicia, Germán Garavano, es uno de los principales impulsores de la modificación, que incluye asistencia médica en supuestos de violación o riesgo de vida.
Los sucesos de los últimos meses demostraron que el aborto es una cuestión transversal. Paralelamente, sirvió para que la ciudadanía se interesara por las problemáticas vinculadas a la salud pública.
El proyecto no era ideal y la intransigencia a la hora de repensar puntos críticos, como la objeción de conciencia, tuvo su costo.
Son las reglas de la democracia representativa. Así, mientras se evalué el paso intermedio vía reforma del ordenamiento criminal, podrá ir diseñándose una normativa mejorada para que legue con mejores chances al Parlamento en marzo, cuando inicie el período 2019,
Los cruces que se dan desde que se habilitó la discusión pusieron en evidencia las contradicciones de muchos fundamentalistas de la urgencia de la sanción de la ley de IVE, que respaldaron (y reivindican) los dos mandatos de una mujer que bloqueó toda discusión posible y que, mientras se desarrollaban las etapas institucionales de rigor, insistieron con el supuesto uso del tema, confundieron poderes y pretendieron que el Legislativo actuara como una escribanía.

Agenda
La agenda del “Gobierno de la derecha” descoloca cada vez más al kirchnerismo, a la izquierda y al resto de sus aliados. La liberación del uso medicinal del cannabis y el estímulo para debatir el aborto fueron sapos difíciles de digerir. Y se cocina otro: la liberación de la tenencia, uso o cultivo personal de marihuana en cantidades compatibles para el uso personal.
Al elaborar su propuesta, la comisión de expertos designada por el mandatario en enero del 2017 tomó en cuenta los lineamientos que fijó la Corte Suprema en el precedente “Arriola”, del 2009, en el cual declaró que el castigo de la tenencia y del uso de drogas es inconstitucional.
Luego de que el Máximo Tribunal se pronunciara, el kirchnerismo aseguró que iba a proponer una “reforma seria” de la Ley de Estupefacientes, pero como en tantos otros temas se limitó a declamar.
En el 2012 Aníbal Fernández anunció que iba a presentar una iniciativa de despenalización. Lo hizo, pero fue intrascendente.
Dos años después, Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró José “Pepe” Mujica e instruyó a Diana Conti para que impulsara el debate por la despenalización para uso terapéutico. Tampoco pasó nada.
Si bien en “Arriola” la Corte instó a al Poder Judicial a respetar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza la privacidad, mientras la ex mandataria ensayaba su última puesta en escena la jurisprudencia era caótica.
Ante ese panorama, Ricardo Lorenzetti instó a las autoridades a enfocarse en solucionar problemas reales y recordó que cinco años antes la Corte ya había fijado criterios claros.
Ahora, la modificación normativa que sugieren los especialistas que seleccionó Macri -entre quienes figura el juez cordobés Víctor María Vélez- plasma lo que estableció la Máxima Instancia



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