Oposición denuncia irregularidades en acuerdo por Batallón 141

La oposición en el Concejo apuntó en contra de la segunda adenda al convenio firmado entre el municipio y Corporación América por el uso del suelo en el Batallón 141. Este agregado al acuerdo por el cual la Municipalidad autorizó un uso excepcional del terreno en el predio prevé, según varios ediles, grandes ventajas para el privado a cambio de una contraprestación irrisoria para la ciudad.



Por Felipe Osman

Después de que las 22 hectáreas contiguas al Parque Sarmiento que componían el ex “Batallón 141” fueron adquiridas por Corporación América, conglomerado empresario presidido por Eduardo Eurnekián, la Municipalidad de Córdoba firmó con esta desarrollista un convenio urbanístico por el cual le otorgó –a modo de excepción- la posibilidad de realizar un uso del suelo que no era, hasta entonces, el previsto para la zona.

El acuerdo aparece enmarcado dentro de lo prescripto por la ordenanza 12.077, que regula esta clase de convenios que buscan posibilitar al municipio otorgar ciertos beneficios a los privados –a saber, variaciones excepcionales a la normativa que regula el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo en los predios ubicados dentro del ejido municipal- a cambio de obtener otros beneficios para la ciudad. El problema es que, luego de las dos adendas que se realizaron al acuerdo original, el beneficio obtenido por el municipio a cambio de otorgar a Corporación América este régimen de excepción para el uso del suelo, se ha convertido en irrisorio, contrariando lo prescripto por la ordenanza 12.077. El convenio original –firmado en 2012- establecía que, a modo de contraprestación, el conglomerado empresario presidido por Eurnekián debía realizar una inversión de, aproximadamente, 97 millones de pesos, destinada a construir una planta de tratamientos cloacales para el sector sud-este de la ciudad. La primera adenda al acuerdo, firmada en diciembre de 2017, pacto que –después de haber transcurrido cinco años sin que la compañía ejecutara la obra la contraprestación a cumplir por Corporación América sería readecuar y modernizar la “Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande”, actualmente colapsada. En resumidas cuentas, se cambió la contraprestación que el privado debía ofrecer al municipio, pero sin establecer un cronograma de cumplimiento para la obra. En la segunda adenda al convenio fue suscripta por las partes en mayo de este año, se actualizó el monto de la contraprestación comprometida por Corporación América a la suma de 376 millones de pesos. Actualización que resulta, a entender de la oposición, “irrisoria” a la luz de la evolución de la economía durante los últimos cinco años.

Según lo pactado por esta última modificación al convenio original, la suma comenzaría a integrarse en una cuota inicial de 100 millones de pesos, equivalente a 26,57 por ciento de la obligación total. Pero, junto a esta facilidad de pago concedida por el municipio existe otra, aún más descabellada. Esta primera parte del pago será recibida en 11 cuotas sin interés, siendo que la economía argentina experimenta una tasa de inflación anual cercana al 30 por ciento. Para el pago del resto de la contraprestación, si siquiera existe un cronograma definido. Pero incluso más allá de esta infinidad de comodidades que el municipio ha concedido a una desarrollista de escala internacional, resta tomar en consideración un señalamiento mucho más grave que el concejal Esteban Dómina, presidente de la bancada de Unión por Córdoba en el Concejo, apuntó ayer en declaraciones a Cadena 3. La ordenanza 12.077 que regula los Convenios Urbanísticos establece que a la “concesión” legislativa excepcional realizada por la Municipalidad a favor del privado debe corresponder un beneficio para la ciudad que, según lo establecido por el artículo 14 de la norma en cuestión, debe oscilar entre el 10 y el 15 por ciento de valor comercial del emprendimiento. Y siendo que este está proyectado en torno a 900 millones de dólares, la contraprestación recibida por el municipio (de 376 millones de pesos, o 14 millones de dólares) es de tan sólo el 1,5 por ciento.

A raíz de estas irregularidades Dómina propone que, en uso de la facultad que el artículo 22 concede al municipio, éste resuelva el convenio firmado con Corporación Argentina. Más allá de que el oficialismo decida o no atender a los reclamos de Dómina, resulta evidente que poner en marcha los mecanismo necesarios para lograr esta resolución del convenio llevaría a motorizar una renegociación del mismo, mediante la cual la ciudad podría obtener un beneficio mucho mayor para los vecinos. Como resulta evidente que la contraprestación a la que actualmente se encuentra obligada Corporación América es insuficiente para alcanzar los mínimos establecidos por la normativa vigente.



1 Comentario

  1. ¿Porque no acuerdan directamente una superficie fisica con detalle de obras y material para que la Corporación Amèrica asuma su costo, sea cual fuere ? En tiempos de tanta fluctuación inflacionaria resulta ridiculo determinar en PESOS una valoración. El negocio de una gran corporacion inmobiliaria no puede ser “subsidiado” por los vecinos Cordobeses.

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