La Justicia distinguió: dar una orden no es violencia de género

Juan Carlos Gemignani, juez de la Casación Penal Federal, fue sobreseído por la supuesta privación ilegítima de la libertad de una subordinada, que estuvo demorada un par de horas por no acatar una manda. El caso se deformó y se sugirió que era un supuesto de abuso de poder basado en el desequilibrio entre varones y mujeres.



Hace dos años, un caso que involucró al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani se perfiló como un intento de utilizar la condición de mujer para ocultar disputas de poder e irregularidades en el ámbito del Poder Judicial.
Las tensiones entre los integrantes del tribunal eran conocidas, pero durante la feria del 2016 se desató un verdadero escándalo, cuando Gemignani dispuso la detención de la prosecretaria María Expucci por no acatar una orden administrativa.
Gemignani necesitaba espacio para hacer una videoconferencia y le pidió a Expucci que habilitara un lugar que estaba atestado. Le indicó que inventariara las cosas y las sacara, pero la empleada se negó y le dijo que debía consultar la directiva con el resto de los integrantes de la Cámara.
El vocal consideró que Expucci incurrió en desobediencia a la autoridad y le pidió a los dos policías que estaban en la sala que la demoraran, una decisión inédita.
Quedó alojada cerca de dos horas en la alcaldía de Comodoro Py. Al salir, respaldada por la Unión Personal de la Justicia Nacional -que llegó a hablar de un supuesto de “violación a los DDHH”- y la Procuración contra la Violencia Institucional, lo denunció por privación ilegitima de la libertad y abuso de autoridad.
Sin éxito, el vocal alegó que la dependiente incurrió en un ilícito, pero su versión fue desestimada.
Luego, ya imputado, recusó a la instructora del expediente, Paloma Ochoa, argumentando que participó de un escrache en su contra durante una marcha bajo la consigna Ni una menos.
El camarista estimó que la agente -que integra las filas del colectivo afín al kirchnerismo Justicia Legítima- aprovechó la oportunidad para agredirlo y que su explícito compromiso con los emblemas de la movilización le restaba objetividad.
La funcionaria contraatacó. Alegó que el reclamo del juez se basó en una “confusión extravagante y violatoria a la libertad de expresión” y que el respeto por “los derechos humanos de las mujeres” supone no entender una manifestación como un ataque.
Además, adujo que el enfoque del magistrado tornaba “aún más verosímil” su vinculación con el hecho; es decir, sugirió que se estaba ante un supuesto de abuso de poder basado en el desequilibrio entre varones y mujeres.
Gemignani no dio el brazo a torcer y vinculó a la denunciante con una causa por dádivas que involucra al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sindicándola como protectora de la jueza Ana María Figueroa, su némesis en el tribunal.
En ese contexto, pidió que se investigara el contenido de los bultos. La medida se concretó. Se encontraron televisores, computadoras, monitores, muebles de oficina y un dispositivo para hacer videoconferencias. También se confirmó que fueron enviados por Planificación.
Con esos elementos, Gemignani le reclamó al Consejo de la Magistratura que abriera una pesquisa, al valorar que Figueroa cometió un acto de corrupción al aceptar bienes de un funcionario con asuntos judiciales que debía resolver.
Gemingnai y Figueroa -ex abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y vinculada al kirchnerismo- llegaron a la Casación en el 2011.
Su vínculo nunca fue bueno. El primer encontronazo entre ambos se dio a raíz de que Gemignani aceptó una recusación contra Figueroa, para que no interviniera en causas de lesa, por sus antecedentes como letrada, pero la relación detonó en el 2015, cuando entendieron en la causa por el Memorándum con Irán, por traición a la patria. En esa oportunidad, Gemignani se inclinó por incriminar a Cristina Fernández de Kirchner y acusó a Figueroa de haberle adelantado su voto en sentido favorable para la ex mandataria al entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Zaninni.
Así, en pleno bullicio por la determinación extrema que tomó el magistrado con respecto a la empleada, se aventuraba que la orden se direccionó a poner en evidencia la recepción poco transparente de insumos.
En declaraciones a la prensa, el juez dijo que Expucci “trabajaba” para Figueroa; opinó que “las cajas eran una especie de dádiva de De Vido para algunos integrantes de la Cámara” y que cuando la prosecretaria incumplió su manda él interpretó su accionar como “una expresión de encubrimiento”.
El juez apeló su imputación, pero fue rechazada por el juez de grado, pero esta semana la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal lo sobreseyó.
La Alzada valoró que el proceder de Gemignani fue justificado porque las circunstancias “podrían haber determinado que sospechara de hallarse frente a una posible irregularidad relacionada con la existencia y contenido de las cajas en cuestión”.
También opinó que no tuvo el propósito de detener a Expucci abusando de su poder, sino que actuó con un “aparente exceso no intencional”, en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber.
“Los elementos reunidos en este legajo permiten concluir -sin margen de duda- que Gemignani creyó firmemente que obraba dentro del ámbito de sus funciones”, concluyó.
El episodio podría haber sido caldo propicio para que todo desacuerdo entre hombres y mujeres en la Justicia motivara denuncias por violencia contra la mujer, pero la Alzada distinguió.
Ahora, con la definición del proceso, es posible que se activen las denuncias contra Figueroa por las recepción de las cajas de la cartera de Planificación y podría ser citada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.



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