Marihuana, otro sapo para indigestar a la progresía

En un mes se abrirá otro debate histórico en el plano de las libertades individuales. El anteproyecto de reforma del Código Penal toma los lineamientos del fallo “Arriola”. Entre 2009 y 2015 el kirchnerismo se limitó a declamar, sin tomar ninguna medida seria.



Por María Viqueira

MarihuanaDentro de un mes, el presidente Mauricio Macri presentará en el Congreso Nacional el anteproyecto de reforma del Código Penal y se abrirá otro debate histórico, ya que entre los cambios figura la virtual despenalización del consumo y del autocultivo de marihuana en cantidades compatibles con el uso personal.
Al elaborar su propuesta, la comisión de expertos designada por el mandatario en enero del 2017 tomó en cuenta los lineamientos que fijó la Corte Suprema en el precedente “Arriola”, del 2009, en el cual declaró que el castigo de la tenencia y del uso de drogas es inconstitucional.
Luego de que el Máximo Tribunal se pronunciara, el kirchnerismo aseguró que iba a proponer una “reforma seria” de la Ley de Estupefacientes, pero como en tantos otros temas se limitó a usufructuar las consignas del activismo, que cayó en la trampa y, casi sin excepciones, se politizó.
En el 2012 Aníbal Fernández apareció en la tapa de la revista THC, una publicación especializada en cannabis. Anunció que iba a presentar una iniciativa de despenalización (lo hizo, pero sin cambios trascendentes) y hasta dio consejos sobre cultivo.
En la misma entrevista estuvo a Diana Conti (FpV), quien dijo que tenía un “proyecto común” con Victoria Donda (FAP) para ponerle fin a la criminalización del autocultivo y la tenencia. Todo quedó en meras declamaciones.
En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró en el mundo José “Pepe” Mujica e instruyó a Conti para que impulsara el debate por la despenalización para uso terapéutico. Tampoco pasó nada.
Si bien en “Arriola” la Corte instó a al Poder Judicial a respetar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza la privacidad de los ciudadanos, mientras la ex mandataria ensayaba su última puesta en escena alabando el “modelo uruguayo” la jurisprudencia era caótica.
Ante ese panorama, al hablar en la apertura de la VI Conferencia de Jueces Federales, en Mar del Plata, Ricardo Lorenzetti instó a las autoridades a enfocarse en la solución de los “problemas reales” y no en los bretes del poder.
Con relación a los anuncios del kirchnerismo, que aseguró que estaba trabajando en iniciativas para no criminalizar a los usuarios de drogas, y a los dichos del entonces titular del Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, quien planteó la necesidad de habilitar el “consumo de todo”, Lorenzetti recordó que cinco años antes la Corte ya había fijado pautas claras sobre la problemática.
Además, subrayó que si bien el decisorio reforzó la protección de la libertad individual, exhortó a los poderes del Estado a combatir el narcotráfico. “Todavía estamos esperando políticas claras, coordinadas y concretas para que esto suceda”, expresó el juez. “Los mensajes a la población deben ser claros”, disparó también.
Ahora, la modificación normativa que sugieren los especialistas que seleccionó Macri -entre quienes figura el magistrado cordobés Víctor María Vélez- plasma lo que estableció la Máxima Instancia, pero no solo en relación a los usuarios, sino también sobre el tráfico.
Así, por ejemplo, el articulado que elaboró prevé penas más duras para la comercialización de drogas en todos los casos que involucren a menores de edad.
Paralelamente, el texto agrega como nuevo tipo penal la “organización internacional dedicada al narcotráfico” y contempla hasta 25 años de prisión para sus jefes u organizadores.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, presidente de la comisión, precisó que cuatro de cada diez causas por tenencia simple de estupefacientes y consumo o cultivo personal terminan en sobreseimiento, indicando que el cambio que diseñó junto a sus colegas se direcciona a que el Ministerio Público Fiscal pueda dirigir sus recursos a la persecución del crimen organizado.
La agenda del “Gobierno de la derecha” descoloca cada vez más al kirchnerismo y sus aliados. La liberación del uso medicinal del cannabis y la luz verde para debatir el aborto fueron sapos difíciles de digerir y ahora se cocina otro.
Sin circo mediático, la actual Administración viene cumpliendo sus anuncios en lo que a la marihuana se refiere.
Cabe recordar que en agosto del 2016, en una entrevista con la agencia mexicana Notimex, Macri se mostró abierto a discutir la legalización con fines terapéuticos, tomando nota de los reclamos de familiares de pacientes con distintas patologías.
Dos meses después, el Congreso se disponía a analizar el tema. En noviembre pasó el filtro de diputados y en marzo del 2017 el Senado sancionó la ley.
El autocultivo quedó fuera de la norma y la oposición explotó la restricción hasta el hartazgo.
Entre otras razones, el oficialismo se opuso al cultivo personal porque la práctica iba acelerar los tiempos de la discusión del uso recreativo, un debate que no quería abrir en ese momento.
Por otra parte, no perdió de vista que las directivas de “Arriola” deben amparar a los cultivadores que producen volúmenes compatibles con el uso personal, con cualquier fin.
En tanto, el diseño “condicionado” se enmarcó en la declaración de la emergencia nacional en materia de adicciones hasta fines del 2018.
Entre otras pautas, el Poder Ejecutivo instruyó a la Sedronar para que implementara acciones y jerarquizó el rol de una dependencia que el kirchnerismo dejó de lado. En ese contexto, el actual titular del área, Roberto Moro, sostuvo que uno de los problemas de Argentina durante los últimos 20 años es que siempre se le dio al consumo problemático “una mirada desde lo ideológico”.



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