Caso Hak: el índice acusador reemplazando a la justicia

El caso Hak es un recordatorio complejo y doloroso de que la política ha perdido el norte de porqué existe como tal. Muchas denuncias y pocos programas. El dedo índice ha suplantado la discusión firme, algunas veces intransigente, de qué país o provincia se intenta construir. Y, coladas entre estas deficiencias, las grandes tentaciones de retrotraer el debate a evocaciones ancestrales, en donde el linaje resulta más importante que los méritos personales.



Por Pablo Esteban Dávila

La historia parece sacada de una tragedia griega: el hijo denuncia al padre ante la justicia y pide que se lo investigue. Sabe lo que hace; el hombre podría terminar en prisión. Debe ser un momento terrible, insondable, para cualquiera. Son zapatos en los que nadie quiere estar.
Diego Hak, el renunciante secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, hizo precisamente esto. Ante la aparición de un video que daba cuenta de que su progenitor se encontraba protagonizando una situación potencialmente delictiva se presentó a la justicia y, en ese mismo momento, pidió licencia al cargo. Lex sed dura lex.
En abstracto, su conducta debería ser tachada de irreprochable. En otras épocas hasta se lo habría sindicado como un ciudadano valiente y virtuoso. Pero hoy se razona de manera opuesta. Buena parte de la prensa y de la oposición política creyeron ver en su proceder un gato encerrado. Desde el radicalismo, especialmente, se alzaron de inmediato previsibles banderas éticas y fantasmas del narcotráfico y Hak, pocos días después, tuvo que renunciar. La razón fue desplazada por el escándalo.
La palabra escándalo tiene la virtud de la síntesis, pero también sus dificultades. Su significado es fuerte y evoca a un acontecimiento bochornoso, del que es imposible salir indemne. El problema, sin embargo, es definir cuándo un acontecimiento se transforma en escandaloso y quién le atribuye esa característica.
En épocas de redes sociales e hiper comunicación el fenómeno de la atribución es, apenas, una cuestión estadística. Basta que se hable mucho de algo para que el asunto se transforme en trendingtopic y esas tonterías. Lo escandaloso se transforma, por consiguiente, en el distrito del morbo y de la sospecha, sin que nadie profundice en los reales méritos del hecho para ser elevado a esta categoría.
Con Hak sucede precisamente esto. ¿Es un escándalo que su padre pueda ser un potencial delincuente o que él lo haya denunciado? Y, si una de ambas posibilidades fuera la madre del borrego, ¿son lo suficientemente poderosas como para provocar su renuncia a un cargo tan importante como el que ostentaba?
Deducir cualidades delictivas en el hijo porque el padre tal vez lo sea es medioeval. Supone la transmisión genética de las conductas o de los pecados o, para lo que gustan del derecho penal, el retorno a las teorías lombrosianas, en las quelas causas de la criminalidad están relacionadas con las características físicas o biológicas del sujeto. Aceptar esta argumentación es retroceder varios casilleros en el ámbito del pensamiento.
Sin embargo, es lo que sucede. La prensa la adopta porque garantiza más lectores, oyentes y televidentes, o todo junto a la vez (la clasificación ha perdido sentido). La política lo hace por la sola perspectiva de debilitar al que ocupa al poder, especialmente cuando se carece de él. Lo imprescindible es que la palabra mágica, el escándalo, reemplace a las preguntas que la sana crítica racional debería formular. En este berenjenal poco importa que el señor Hak, el mismo que ha sido denunciado, haya dicho que su hijo no tiene nada que ver con los hechos que sólo a él se le señalan.
Los radicales deberían pensar un poco más sobre el tema. Politizar cualquier sospecha no es una buena cosa, ni tampoco es sano para la praxis política. Baste, a modo de moraleja, repasar lo sucedido a Eduardo César Angeloz, uno de los símbolos partidarios, a finales de los años ’90.
Víctima de una denuncia de La Bancaria -impulsada por el abogado Marcelo Touriño, el mismo del que acaba de acusar al exfuncionario Hak por un supuesto faltante de armas en la policía. Angeloz sufrió un largo proceso penal por enriquecimiento ilícito. Al final fue absuelto en todas las instancias, pero su vida pública quedó irremediablemente sepultada. En sus años finales, los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti le ofrecieron justos homenajes, del tipo que se le rinde a quienes están en “modo inofensivo”, pero el daño ya estaba hecho. Y todo por nada.
Cualquier dirigente sabe que, una vez que un político es escrachado, es muy difícil retornar a los primeros planos. Y, también, que en la Argentina existe la presunción de culpabilidad, no de inocencia, contra quienes han abrazado la vida pública. Por tal motivo, el expediente de acusar rápidamente a alguien es el método más expeditivo para sacarlo del juego y dañar, como ocurre en el caso bajo análisis, a sus mentores.
Este juego, naturalmente, presenta ventajas tácticas que, sin embargo, sucumben miserablemente ante la mirada estratégica. El negocio de largo plazo para la clase política es ser más creíble, no menos. Lo que hoy le sucede a Hak irá en contra del resto en el futuro, especialmente cuando su prematura condena social descansa, como se advierte, sobre tesis completamente alejadas de la reflexión occidental moderna.
Es la justicia, en todo caso, la responsable de dirimir responsabilidades haciendo uso de la ley, no de prejuicios atávicos. Esto significa que el padre puede resultar condenado (es una posibilidad), pero no por ello debe presumirse que su hijo compartía o consentía de alguna manera sus ilícitos. También podría determinarse la participación en los hechos del exfuncionario (no debería tampoco descartarse), pero esto tendrá que estar sujeto a probanzas científicas y no meras conjeturas de índole hereditarias.
En definitiva, mezclar ADN con política no sólo tiene un tufillo racista, sino que, por añadidura, es antirrepublicano. Nuestra Constitución liberal, en su sabiduría, ha proclamado que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Así como no se admite que la sangre sea fuente de privilegios tampoco debe tolerarse lo contrario, esto es, que sea causa de menoscabo. De lo contrario, la igualdad ante la ley sería una quimera.
El caso Hak es un recordatorio complejo y doloroso de que la política ha perdido el norte de porqué existe como tal. Muchas denuncias y pocos programas. El dedo índice ha suplantado la discusión firme, algunas veces intransigente, de qué país o provincia se intenta construir. Y, coladas entre estas deficiencias, las grandes tentaciones de retrotraer el debate a evocaciones ancestrales, en donde el linaje resulta más importante que los méritos personales. No es un tema para ser desdeñado.



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