Antes que la independencia del Central, apura sanear las cuentas públicas

Un informe privado indica que la precariedad fiscal genera riesgos en la condición impuesta por el FMI respecto del BCRA. Si no se reducen los gastos habrá que volver a acudir al endeudamiento.



Entre las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) está el saneamiento del Banco Central. Es decir, el Tesoro Nacional deberá devolverle los fondos que le prestó para financiar déficit fiscal y se le prohíbe al Banco volverle a prestarle en el futuro. Para Idesa, la independencia que se busca darle requiere de ordenar las finanzas públicas.
Anulada la posibilidad de apelar a la emisión monetaria, el déficit fiscal deberá ser cubierto enteramente con nueva deuda. Pero el endeudamiento tiene límites. Por un lado, porque depende de la confianza de los inversores y aumenta el déficit total debido al pago de intereses. Por otro, porque la deuda tomada en el exterior tiende a atrasar el tipo de cambio y, si lo es en el mercado local, aumenta la tasa de interés. En ambos casos afecta negativamente la producción.
Según el Ministerio de Hacienda, las tendencias en las finanzas públicas marcan que en 2016 el déficit total fue de 5,8% del PBI, compuesto por 4,2% del PBI de déficit primario y 1,6% de pago de intereses. En 2017 subió a 6% del Producto, dado que si bien el déficit primario bajó a 3,8%, los intereses crecieron al 2,2% del PBI. Para el 2020 se acordó con el FMI eliminar el déficit primario pero los intereses aumentarán al 2,3% del PBI.
Estos datos –para Idesa- muestran la “inconsistencia” del gradualismo: “Como los ahorros en el gasto primario del Estado fueron modestos, terminaron siendo superados por el aumento de los intereses debido al mayor endeudamiento para financiar el déficit fiscal. Esto es lo que ocurrió en el 2017 y los primeros meses del corriente año, generando las turbulencias que obligaron al gobierno a acudir al FMI. Ahora los pagos de intereses quedarán en niveles muy altos por los próximos años”.
Con esta precariedad fiscal, entienden en la consultora, comprometerse a sanear y darle independencia al Banco Central tiene muchos riesgos. Vedada la alternativa de cubrir desequilibrios con emisión monetaria, tiene que haber una aceleración en el ordenamiento del Estado; caso contrario, el crecimiento de la deuda motorizará una nueva convulsión. Tanto porque el crecimiento en los intereses desestabiliza las finanzas públicas porque se daña la producción a través de subas en la tasa de interés y el atraso cambiario. “Queda así explicitada la falacia de que el gradualismo evita los costos sociales”.
La principal debilidad del acuerdo con el FMI es la forma genérica en que se presenta el tema más decisivo: la reducción del gasto primario. Aunque está enunciado de manera superficial, un aspecto positivo es la revisión de los programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales.
“Eliminar la cogestión de servicios a cargo de los gobiernos sub-nacionales puede ayudar a bajar gastos burocráticos y derroches del Estado. En sentido contrario, seguir suponiendo que no es necesario revisar los programas sociales que ejecuta el gobierno nacional, le quita credibilidad y pone en duda la viabilidad del plan. En el sistema de seguridad social y en el gasto asistencial hay muchos excesos de burocracia, derroches, inequidades y corrupción”, remarcan.
El principal riesgo del acuerdo con el FMI es que pone los énfasis en el saneamiento del Banco Central más que en el de las finanzas públicas: “Si las restricciones políticas u operativas impiden acelerar la reducción del gasto público, lo que se va a acelerar es la acumulación de deuda pública, lo cual puede ser mucho más dañino que la alta inflación que genera cubrir el déficit fiscal con emisión monetaria”.
Idesa insiste que hasta el momento la única baja del gasto se relaciona con el recorte de los subsidios mientras que “gran parte” de su expansión lo generan el sistema previsional y los programas que ejecutan los funcionarios nacionales cogestionando indebidamente servicios que están a cargo de las provincias y los municipios. “Las energías deberían estar centradas en abordar de manera integral este desorden. Con una visión en esta dirección, el ordenamiento del Estado resultaría más eficiente, y social y políticamente más tolerable”.



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