Maldonado: testigo estrella de letrados locales, procesado

Lucas Pilquiman quedó incriminado por hechos de violencia durante el corte de la Ruta 40. Su versión sustentó la presentación que los cordobeses hicieron ante la CIDH. Fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad. Se sospecha nunca tuvieron contacto con el joven.



Poco a poco, la Justicia avanza en el esclarecimiento de la trama “Maldonado”. La semana pasada, Guido Otranto -el primer juez de la causa por desaparición forzada, actualmente a cargo de la pesquisa por el corte de la Ruta 40- procesó y embargó a Lucas Pilquiman (el “Testigo E”) por la presunta comisión de ocho delitos durante la manifestación a la altura de Leleque, entre el 31 julio y el 1 de agosto del año pasado, cuando, supuestamente, la Gendarmería Nacional se llevó al artesano.
Al igual que Matías Santana, el “mapuche de los binoculares”, encausado desde hace seis meses por los hechos de violencia que se dieron durante la protesta, Pilquinam sostuvo que presenció cómo integrantes de aquella fuerza secuestraron al joven.
Santana fue promocionado como “testigo clave”, pero todo indica que con su versión de lo sucedido intentó complicar una investigación que ciertos sectores explotaron hasta el hartazgo con objetivos políticos.
En enero, el Ministerio de Seguridad los denunció por falso testimonio, por el compendio de mentiras que expresaron al declarar ante la Justicia Federal de Esquel. La cartera también apuntó contra Soraya Guitart; Adriana Baigorria; Andrea Millañanco (pareja de Facundo Jones Huala); Ariel Mariotto Garzi (el amigo de Maldonado) y Claudia Pilquiman (la madre del “Testigo E”).
Seguridad afirmó que surgía con claridad que los denunciados mintieron o, cuando menos, omitieron aportar la información que conocían. Además, recordó que sus testimonios fueron condición necesaria para la posterior construcción de un “relato” por parte de “determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos”, quienes no dudaron en calificar un ahogamiento accidental como desaparición forzada.
Actualmente, la fiscal del caso, Silvina Ávila, intenta determinar si violaron el artículo 275 del Código Penal.
En la intriga “Maldonado” figuran dos letrados cordobeses vinculados al kirchnerismo que se presentaron en la Patagonia como integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), una pertenencia que el organismo a nivel nacional desmintió.
Se trata de Fernando Cabaleiro y de Carlos González Quintana. Pertenecen a la ONG Naturaleza de Derecho, son asesores de la Comunidad Cannábica de Córdoba. También fueron denunciados por el área que conduce Patricia Bullrich y se analiza si con su actuación ignoraron normas éticas.
Ya estaban en la mira de la Ávila. En los registros telefónicos de las charlas que el juez Gustavo Llera pretende destruir y la fiscal busca blindar Cabaleiro fue grabado conversando con el amigo del Maldonado sobre los pormenores de su testimonio.
Uno de los puntos críticos se relaciona con el estado del río y demostraría que los mapuches, los abogados y los patrocinantes de la familia Maldonado sabían que era profundo.
Asimismo, el material acreditaría que no tuvieron contacto directo con el “Testigo E” (la última persona en ver con vida a Santiago), tal como declararon en el informe que le enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que otros hablaban por el joven.
Las afirmaciones de los profesionales ante la comisión narrando hechos de suma gravedad supuestamente cometidos por el Estado y dando por probado que Maldonado fue víctima de un delito de lesa implicaron el dictado de cautelares que tuvieron repercusión nacional e internacional, generaron enormes gastos operativos y atentaron contra el correcto desarrollo de la pesquisa.
Las dudas sobre la veracidad de los dichos de los testigos y las reales motivaciones de los militantes de la hipótesis de la desaparición forzada se ventilaron a poco de comenzar la investigación, cuando Ávila apuntó al entorno del artesano y habló de escasa cooperación.
La funcionaria reconoció la situación poco después de propiciar y conseguir que Otranto recaratulara el expediente. Lo hizo en el informe que le remitió al Ministerio de Justicia, en el cual indicó que no había razones para afirmar que Maldonado estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad y que carecía de pruebas para conectar a la Gendarmería con el caso.
En la misma oportunidad describió un escenario de poca colaboración por parte de los principales interesados en la localización del artesano y admitió que no fue fácil recolectar elementos probatorios.
La entonces subordinada de Alejandra Gils Carbó no apuntaló la única hipótesis que el kirchnerismo y sus aliados plateaban como posible. No obstante, el tenor del documento que elaboró la agente de Esquel no generó interés en los sectores que explotaron la situación en la previa de las legislativas y siguieron haciendo presentaciones que complicaron el curso de la causa.
Sobre el final del año, ya con Eduardo Casal encabezando la Procuración, la subrogante le reclamó sin éxito a Lleral que nominara el expediente como muerte dudosa.
En tanto, en mayo apeló el fallo del magistrado que ordena destruir las grabaciones obtenidas por la intervención de los celulares de allegados al joven y apuntó a su entorno, alegando que hubo un plan para entorpecer su búsqueda.
Bajo esa premisa, subrayó que el material debe resguardarse porque se trata de denunciados por dar testimonios y pistas falsos que podrían ser fundamentales para desentrañar cómo se desarrolló la operación, si la hubo.
También criticó al actual juez de la causa y objetó que las grabaciones no estuvieran a su disposición. “No se sabe si la reticencia del magistrado responde a que perdió los discos compactos o a que no quiere que esta parte acceda a la prueba. Cualquiera de esas situaciones demostraría irregularidades de gravedad institucional”, disparó.



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