La justicia virtual

En el Parlamento Europeo, una iniciativa destinada a reformar la legislación sobre derechos de autor no logró la mayoría necesaria y volverá a ser tratada, con modificaciones, recién en septiembre. Esto prolonga la vigencia de una ley que data de 2001, cuando las redes sociales no existían.



Por J.C. Maraddón
jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

El vértigo con que se suceden actualmente los cambios en el ámbito de la cultura, nos obliga a una renovación constante, tanto de nuestros criterios como de nuestros hábitos de consumo. Y es así como, de manera más conservadora unos y de inmediato otros, nos vamos adaptando a las herramientas emergentes y a las posibilidades que nos brindan, al mismo tiempo que dejamos atrás algunos hábitos que llevaban siglos de vigencia, y que de un plumazo son borrados del mapa. Quien no se aviene a esta dinámica, queda fuera de carrera y debe resignarse a ser considerado un paria sin remedio.
Esas tecnologías, que en el momento de su irrupción nos parecen intrincadas e innecesarias, al poco tiempo ya figuran entre nuestros elementos favoritos, y engullen nuestro tiempo con voracidad, obligándonos a abandonar costumbres y procedimientos que, suponíamos, nos iban a acompañar durante toda la vida. La rapidez con que se desarrollan estos procesos es cada vez mayor, a tono también con la necesidad empresarial de instalar estrategias de consumo que nos inciten a comprar productos y servicios que apenas ayer no figuraban en la mira de nuestras prioridades. Y nuestra pasividad frente a los acontecimientos demuestra que tanta novedad nos ha apabullado.
Pero, lo que es más grave, tampoco el estado demuestra una capacidad de reacción acorde a las circunstancias, porque muchas de estas nuevas satisfacciones son provistas por entes virtuales, que no residen en ningún país y, por lo tanto, no se avienen a ninguna ley específica. Youtube, Google, Netflix o Facebook se comportan con una desenvoltura que los ubica por encima de las estrechas jurisdicciones nacionales y han creado imperios que se rigen por sus propias reglas, cuyo cumplimiento acatamos nosotros, los usuarios, cada vez que aceptamos a ciegas las condiciones que esos entes inmateriales nos imponen en letra chica.
Ante esa inacción, son los organismos supranacionales los que pretenden hacerse cargo de la responsabilidad de encauzar las cosas dentro de cierta lógica, aunque también allí se requiere cumplir requisitos burocráticos que retrasan la aprobación de los proyectos. Y eso es lo que ha sucedido la semana pasada en el Parlamento Europeo, donde una iniciativa destinada a reformar las normativas en el Viejo Continente sobre derechos de autor, no logró la mayoría necesaria y volverá a ser tratada, con modificaciones, recién en septiembre. Esto prolonga la vigencia de las leyes actuales, que datan de 2001, cuando las redes sociales no existían.
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es que les da la opción a los medios de prensa para autorizar a sitios como Google Noticias a que reproduzcan sus publicaciones, ya sea de manera gratuita o paga. Y el otro que genera polémica es el que se refiere al uso con fines comerciales de los contenidos producidos por usuarios de plataformas como Youtube o Facebook. A estas empresas, se busca conminarlas a que posean licencias de los propietarios legítimos de las obras y a que bloqueen todo lo que viole los derechos de autor, antes de que esté disponible online.
La resistencia a estas reglamentaciones no sólo responde a las necesidades comerciales de estos emporios del ciberespacio, sino que también se respalda en planteos filosóficos que se oponen a todo lo que acote la libre circulación de la información. El “paro” al que llamó Wikipedia en el día de la votación, como protesta frente a las restricciones que se pretendían instaurar, es un síntoma de que vamos entrando en una nueva fase evolutiva. ¿Estamos dispuestos a vivir sin la ayuda de estas herramientas que hoy nos parecen vitales, con tal de que no se violen nuestros derechos?



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