El Panal recupera Epec y lleva el convenio a Triacca

La Provincia cierra un capítulo central en su cruzada contra el sindicato de Luz y Fuerza recuperando el control de Epec, después de recobrar las claves de acceso al sistema informático “embargadas” por el gremio. El próximo objetivo –la renegociación del convenio colectivo- se hará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.



Por Felipe Osman

Tres meses. Ese es el tiempo que le llevó a la Provincia recuperar el control de una Epec que desde hace más de cuarenta años (el actual convenio colectivo data de 1975) se encontraba –prácticamente- abandonada a los designios del sindicato de Luz y Fuerza.
La reestructuración de los altísimos costos que insume a la compañía estatal brindar los servicios de producción, distribución y transporte de la energía eléctrica -en gran parte ocasionados por el escandaloso convenio colectivo de Luz y Fuerza- comenzó promediando abril, con la denuncia de tal convenio por la Provincia, el dictado de una serie de resoluciones por el directorio de la compañía, y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para la actividad, promovido desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba.
En el proceso jugó, además, un rol de importancia la Legislatura Provincial, que sancionó un paquete de leyes diseñado para desactivar la principal arma lucifuercista, el paro con afectación del servicio, y “derogar” una inexplicable prebenda concedida por el convenio según la cual el sindicato de Luz y Fuerza decidía quienes sí y quienes no trabajarían para la empresa estatal. Entre estas normas, estuvo la constitución de la Comisión Técnica de Garantías prevista por la Ley de Servicios Esenciales, que fue determinante para licuar el “poder de fuego” del sindicato.
Después de interminables ires y venires, tires, aflojes y vericuetos por los que fue –a veces avanzando, a veces retrasándose- la negociación, la Provincia gestionó menor el conflicto, manejó mejor los tiempos, y supo anular las jugadas del sindicato al mismo tiempo que sumaba elementos de presión para negociar en una posición más ventajosa.
Entre estas destrezas, estuvo la de saber interpretar que el frente gremial de Luz y Fuerza -constituido por las regionales de Villa María, Río Cuarto, y Córdoba Capital- no era indisoluble, a pesar de actuar (casi) siempre orgánicamente. Mantuvo negociaciones permanentes con los tres y logró causar una primera fractura entre ellos cuando Eduardo Brandolín, secretario general del sindicato lucifuercista regional Villa María, decidió bajar un paro por tiempo indeterminado 24 horas antes de que una asamblea general convocada por Gabriel Suárez en Córdoba decidiera la continuidad o no de la medida.Ante la deserción de los compañeros villamarienses, ya no hubo gran margen de acción para el cacique de la capital.
Brandolín explicó, al abandonar la medida de fuerza, que lo hacía porque aceptaba la oferta de la compañía del pago en cuotas de la Bonificación Anual por Eficiencia, pero también porque su regional no se opondría a la separación de Héctor Tosco (hijo del Agustín Tosco) de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones. “Nosotros no hemos tenido nunca injerencia en el nombramiento de gerentes de la empresa. Es una facultad empresaria, nosotros no vamos a discutir eso”, sentenció en declaraciones a Cadena 3.
El desplazamiento de Tosco del área de Tecnología fue la piedra angular sobre la cual Epec apoyó su victoria. Tras ella, el gremio organizó un “black out” completo de la compañía, instruyendo a los trabajadores de esa oficina a no entregar las claves del sistema informático a las nuevas autoridades del área. Sin estas claves, la empresa no podría facturar ni conocer los consumos de sus clientes.
En respuesta, la empresa impuso una durísima sanción a los empleados que se rehusaron a entregar las claves: 15 días de suspensión. Se preparaba, sin lugar a dudas, el terreno para un despido con causa de los siete agentes que bloqueaban este punto neurálgico de la compañía.
Ante este escenario, el gremio no tuvo más opción que negociar la entrega de las claves, disfrazando la esta nueva derrota con la reposición de Tosco a un cargo gerencial creado ad hoc. La gerencia de Comunicaciones, desprendimiento menor de la oficina que comandara antes de su desplazamiento.
Ahora, la empresa tiene bajo su control el Área de Tecnología de la Información, y la Ley de Servicios Esenciales ya ha probado su eficiencia para limitar el poder de presión del sindicato, que no puede afectar el servicio. Tras cartón, ya ha anunciado la tercerización de las mediciones domiciliarias, que seguramente hará efectiva ante una nueva medida de fuerza prolongada.
En estas condiciones, reasumiendo el control de la compañía, la Provincia consentirá que la negociación por la readecuación del convenio colectivo lucifuercista y la paritaria demandada por el gremio se lleven a cabo ante las autoridades nacionales. Es decir, ante Jorge Triacca, ministro de Trabajo de la Nación, que seguramente esperará a Suárez en su despacho, entre los expedientes de Juan Pablo “el Pata” Medina, Omar “Caballo” Suárez y Marcelo Balcedo.
Resta por ver si la jugada por la cual Gabriel Suárez decidió desconocer la competencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia fue sólo otra de tantas maniobras dilatorias, o si realmente prefería negociar en Buenos Aires.



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